La evolución de la normativa de discapacidad en España. Esto es lo que reflejan las leyes

España tiene una normativa sobre accesibilidad para facilitar la vida de las personas con discapacidad desde hace más de 40 años.

En 1982 se aprobó la primera ley que tenía en cuenta este principio, relacionado directamente con las personas con discapacidad. Desde entonces, la normativa ha sufrido notables cambios hasta llegar a la legislación actual.

La Ley 13/1982 de integración social de los minusválidos fue la primera normativa española sobre accesibilidad. Centraba la regulación exclusivamente en la movilidad y las barreras arquitectónicas. Según el artículo 58 de dicho texto, los edificios debían cumplir con unas “condiciones mínimas para permitir la accesibilidad de los minusválidos”.

Evolución de la normativa desde el 1982

Dos décadas después, se publicaba en diciembre de 2003 una segunda ley que abordaba en profundidad el principio de accesibilidad universal.

Pero no fue hasta cuatro años después cuando se aprobó un régimen de infracciones y sanciones para “garantizar las condiciones básicas” en materia de igualdad de oportunidades, discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, con sanciones se clasificaban en tres categorías y sus posibles cuantías oscilan entre los 301 y los 1.000.000 euros.

Esta legislación estuvo vigente hasta 2013, cuando se aprobó el Real Decreto 1/2013. El nuevo texto “regulariza, aclara y armoniza” las tres leyes anteriormente mencionadas para adaptarlas a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y ratificada por España un año después. Esta normativa “ha puesto en un plano de mayor conocimiento toda la legislación que hay detrás de la accesibilidad.

"Recibió un empujón importante a partir de 2010, aunque no se aplicó de forma estricta desde el primer día”, según explica Ignacio Osorio, director general de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif).

En marzo de 2022 se aprobó la última modificación hasta la fecha de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que busca “garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos” por parte de este colectivo “a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación”.

En esta última reforma legislativa se modificó el artículo 5: se incluye la participación en la vida pública y en los procesos electorales como uno de los ámbitos de aplicación de esta ley. Además, se creó un artículo basado en las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.

Logros conseguidos mediante leyes más concretas para determinadas discapacidades

En octubre de 2007 se aprobó la Ley 27/2007, por la que se reconocen por primera vez las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Desde la Confederación Estatal de Personas Ciegas (CNSE) recuerdan que con esta normativa estuvieron años luchando con su reivindicación, pero cabe destacar que la actual ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual, según la CNSE, supone “un paso adelante en el número de horas emitidas en lengua de signos y con subtitulación, sigue siendo insuficiente incluso en situaciones de alerta como puede ser la erupción del volcán de la Palma”.

Sin embargo, la accesibilidad para personas con discapacidad cognitiva no se incluye de forma específica hasta la última modificación de la normativa en 2022, con la Ley 6/2022, aún así la ley tiene que mejorarse a este respecto por las carencias que presenta en muchos ámbitos, tales como la adaptación de edificio antiguos, así como la modificación de la ley sobre propiedad horizontal, para que se puedan reformar dichos hogares antiguos.

Además, la CNSE también reivindica mejoras legislativas en el ámbito educativo para que “se garanticen” a las personas sordas “los recursos y profesionales necesarios para poder participar en cada una de las etapas educativas en condiciones de igualdad”.

Las asociaciones del sector coinciden en el principio de accesibilidad para toda la normativa, como un beneficio para toda la sociedad, tengan o no tengan discapacidad.

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