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La disputa territorial entre los caudales del río Tajo que tienen que ver con el consiguiente trasvase al Segura, tiene enfrentados desde hace décadas a Castilla-La Mancha y sectores de Murcia.
El Consejo Nacional del Agua celebrado a finales de noviembre fue nacimiento de en recrudecimiento de la tensión, y ahora el Gobierno tiene que tratar el tema, para poder debatir los nuevos planes hidrológicos de dichas cuencas hidrográficas hasta el 2027.
Toda esta disputa tiene lugar mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, preside el Consejo Nacional del Agua, en donde se presentarán los planes hidrológicos de tercer ciclo (2022-2027), marcados por el inacabable contencioso del trasvase periódico de agua que se hace desde el Tajo a la cuenca del Segura y el sudeste español (Murcia, Alicante y Almería).
"Síes" y "noes" al trasvase Tajo-Segura
Para algunas partes el trasvase es insostenible, ya que desde su punto de vista, deseca el Tajo, dejándolo más vulnerable. Pero para otros, se trata de una transferencia de agua vital para la economía y la industria del sudeste español.
Esta polémica infinita, se da en un escenario de adaptación al cambio climático, que encara su recta final antes de que se apruebe en el Consejo de Ministros, que puede darse antes de fin de año.
Y es en estos momentos finales cuando se debe dar luz verde a los planes del Júcar, el Segura, el Guadiana, el Guadalquivir t wl Tajo.
El Ministerio es el encargado de hacer de mediador ante la batalla del trasvase, y el Gobierno de la Región de Murcia es el más implicado en esta guerra del agua.
Se ha encargado de mostrar que rechazo absoluto al informe del Plan Hidrológico del Tajo, por considerarlo injustificado y arbitrario, además de un generador de grave daño económico y social para toda la Región de Murcia y el Levante español.
A ojos del consejero medioambiental murciano, Antonio Luengo, "el plan perpetra el ataque más grave de las últimas décadas al trasvase Tajo-Segura, dado el incremento de caudales ecológicos del Tajo".
A ojos del ejecutivo murciano todo es fruto de una gran unión y acuerdos que surgen entre el Gobierno de España y el Partido Socialista.
El plan prevé reducir como mínimo 31,5 hectómetros cúbicos cada año los envíos del Tajo al Segura, al aumentar el volumen de los caudales ecológicos de 6 a 7 metros cúbicos por segundo, paso previo a elevarlos hasta 8,65 a partir del 2026
Al respecto de la situación del trasvase, el Gobierno de Castilla La Mancha dice que "lamenta que el aumento de los caudales ecológicos del río Tajo quedará condicionado y vinculado a partir del 2026, según la última propuesta del plan hidrológico, a un Programa Especial de Vigilancia y Control del acueducto Tajo-Segura, un documento inventado al margen de dicho plan hidrológico".
En particular, Castilla-La Mancha ha denunciado que la implantación progresiva de caudales ecológicos del Tajo queda supeditada a un "instrumento inventado y completamente ajeno al plan hidrológico que condiciona su aplicación, en alusión al Programa Especial de Vigilancia y Control del acueducto Tajo-Segura que el Gobierno central aprobará a través de una orden ministerial, es decir, distinto al Real Decreto".
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