La ONU critica la “segregación educativa” de España de cada a las personas con discapacidad

El Comité de la ONU critica a España por mantener un sistema educativo que en la práctica separa a unas 40.000 personas con discapacidad en escuelas especiales o unidades específicas dentro de aulas ordinarias.

El Comité de Derechos de la Personas con Discapacidad alerta sobre el sistema educativo español

El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha expresado su preocupación por el sistema educativo en España, que en la práctica segrega a aproximadamente 40.000 personas mediante su escolarización en escuelas especiales o unidades específicas dentro de aulas ordinarias. Jorge Araya, secretario del Comité, ha presentado estas preocupaciones a una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Araya ha lamentado que persistan los problemas estructurales identificados en un informe de investigación adoptado en 2017. Además, ha manifestado una profunda inquietud ante el riesgo de retroceso en la implementación del derecho a una educación inclusiva y de calidad.

Esto se debe a que algunas autoridades continúan promoviendo el modelo de escuela especial, contraviniendo los principios de inclusión educativa establecidos por la Convención sobre los Derechos de este colectivo.

El Comité ha instado a España a revisar urgentemente sus políticas y leyes educativas para garantizar que todas las personas puedan acceder a una educación inclusiva y de calidad en el sistema general de educación. Además, ha llamado a ajustar la jurisprudencia para asegurar que la segregación educativa no sea compatible con los derechos reconocidos internacionalmente.

Recomendaciones y leyes clave para España

El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha emitido recomendaciones clave para España. Pide urgentemente la aprobación de leyes que reconozcan la educación inclusiva y de calidad como derecho fundamental para las personas con alguna discapacidad.

También insta a los tribunales a alinear su jurisprudencia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, subrayando que la segregación educativa no es compatible con este tratado internacional.

Además, exige al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la adopción inmediata del plan de educación inclusiva establecido en la Lomloe. A las autonomías, ayuntamientos y centros educativos les solicita identificar y eliminar normativas que permitan la escolarización segregada basada en evaluaciones psicopedagógicas.

¿Existen medidas legislativas y políticas en la actualidad?

El Comité reconoce que España posee los recursos necesarios para avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad dentro del sistema educativo general. Destaca las medidas legislativas y políticas implementadas por el Gobierno en 2022 y 2023, valorando su contribución a mejorar el marco normativo y las políticas públicas en este ámbito.

Con base en la información recopilada, incluyendo los documentos enviados por el Gobierno y los testimonios de las audiencias de seguimiento de marzo de 2024, el Comité de la ONU ha decidido mantener la vigilancia sobre el informe de la investigación.

Así, se ha requerido a España que presente un nuevo informe en 2029, continuando así con el monitoreo de la situación educativa respecto a las personas con discapacidad en el país.