Derecho a decidir: "Un cambio radical en el enfoque" del marco de las personas con discapacidad

La agencia de noticias Servimedia organizó un encuentro online sobre 'El derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones: reformas legales'.

Este encuentro ha contado con las intervenciones de la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela, Mari Paz García; la fiscal delegada para la protección de las personas con discapacidad de Canarias, Rosa Rubio; el director de Asuntos Sociales de Fundación Aequitas, Federico cabello de Alba, y el presidente de Down Sevilla y miembro de la junta directiva de Down España, Florentino González.

Todos ellos coinciden en que la reforma del Código Civil sobre capacidad jurídica implica “un cambio radical de mentalidad”, por lo que reclaman un esfuerzo de “pedagogía” para hacerla efectiva en la práctica.

Derecho a decidir en las personas con discapacidad

Los cuatro expertos citados, expusieron su respaldo al Proyecto de Ley que busca modificar la legislación civil y procesal en materia de capacidad jurídica, cuya importancia será “definitiva” en opinión de todos ellos.

Esta reforma busca terminar con la incapacitación judicial y en su lugar promover todo un sistema de apoyos individualizados para que sean las propias personas con discapacidad intelectual quienes tomen sus decisiones “de manera autónoma e informada”.

El Artículo 12 de la Convención

Mari Paz García es miembro de la Comisión General de Codificación (organismo que asesora al Ministerio de Justicia), y ha venido participando en la redacción del anteproyecto de ley, que pretende “traer al ordenamiento jurídico español el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que nuestro país se apresuró a firmar pero que lleva 12 años de retraso en implantar”.

Señala la experta que: “esto tiene una importancia inmensa”, pues “viene a reconocer lo que siempre debió de ser, que una persona con discapacidad tiene plena capacidad jurídica en cuanto a derechos y en cuanto a su ejercicio”. “Acaba con la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar”, magnitudes ambas que hasta ahora se podían modificar y limitar según el actual código civil, e impide suprimirlas.

Por su parte, la fiscal Rosa Rubio, señaló que la reforma supone “abandonar el enfoque médico rehabilitador que hasta ahora había primado en el tratamiento del colectivo y evolucionar hacia un enfoque social, en el que se entiende que toda persona es titular de derechos y que, en ocasiones, la sociedad impone barreras a su ejercicio”.

Continúa explicando que, es “deber de los poderes públicos proporcionar una serie de apoyos a aquellas personas que lo precisen para que puedan ejercer dichos derechos como el resto de ciudadanos”, recalcó García. Por eso, “hablaremos de apoyos de mayor o menor intensidad, siempre ajustados a las necesidades individuales de cada persona y a las situaciones, pero nunca más de sustituir su voluntad".

La experta expuso que, la nueva ley parece ocuparse solo de las medidas ex ante, esto es, de aquellas que se dictan en previsión de una futura incapacidad, pero que presta poca atención a las medidas que la persona decide ahora mismo, en este momento. Por eso, convendría que todo ello quedase más claro.

Asimismo, defendió mejorar las previsiones para que las curatelas representativas se ejerzan en muy pocos casos. “Porque si nos limitamos a cambiar tutela por curatela representativa, estaremos haciendo como Lampedusa: cambiarlo todo para que nada cambie”.

Pedagogía ante la sociedad

Federico Cabello de Alba profundizó sobre la necesidad de “hacer pedagogía” y de “cambiar las actitudes de la sociedad, de los juristas y de las propias familias”. Expuso el experto de la Fundación Aequitas que el actual Código Civil ya permitía “la posibilidad de graduar las sentencias e imponer curatelas con apoyos” en lugar de las incapacitaciones judiciales que suprimen por completo la capacidad jurídica y de obrar de las personas, y que, sin embargo, lo general era decretar estas últimas.

Señaló el experto que: “Esto se debe a las inercias jurídicas, y es precisamente lo que ahora debemos evitar”. Reclamó por ello que la posibilidad de dictar curatelas representativas, que el proyecto de reforma permite de manera excepcional, “no se termine por convertir en la norma”.

“Debemos estar vigilantes para luchar contra estas inercias y estar atentos en su tramitación para evitar que se cuelen cortapisas que van en contra del espíritu general de la ley, que es muy positivo”. A su juicio, “las únicas cortapisas que se deben introducir tienen que servir para salvaguardar los derechos de estas personas”.

En cuanto a las fundaciones tutelares, el experto expuso que, se convertirán en entidades que prestan apoyo y asistencia a estas personas, aunque subrayó que, seguirán siendo necesarias. “Lo prioritario de esta reforma es el respeto absoluto por la autonomía de la voluntad”, y ahora es el momento de “pulir el proyecto de ley para garantizarlo al máximo”, concluyó.

Cambio radical en el enfoque

La fiscal expuso que esto supone “un cambio radical en la manera de pensar de todos los que nos dedicamos a esto, juristas y sociedad en general”. Detalló en su exposición que los enfoques en la protección de este colectivo evolucionaron de una perspectiva médico rehabilitadora a la protección de su interés superior, pero que “de lo que se trata ahora es de proteger su voluntad, sus gustos y preferencias”.

Esta modificación “supone reconocer el derecho de las personas con discapacidad a equivocarse”. Rubio se mostró consciente de la dificultad que todo esto entraña, pues “venimos de una sociedad tradicional y católica, proteccionista y muy tuitiva, y nos va a costar mucho permitir que nuestros seres queridos se equivoquen”.