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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado por primera vez que el déficit del parque público de viviendas en España asciende a 1,5 millones. Por lo tanto, la promesa de poner a disposición 184.000 viviendas para el final de la legislatura apenas cubriría un 12,3 % de esa necesidad de oferta.
Hace un año, el Gobierno de Pedro Sánchez destacó la vivienda como una de sus principales prioridades legislativas, anunciando medidas para incrementar el parque público de viviendas. Esto incluyó la aprobación de la Ley de Vivienda en mayo, tras años de debate con sus aliados.
Desafíos en el acceso a la vivienda social en España
En la actualidad, solo el 2,5 % del total de viviendas en España cuenta con algún tipo de protección social, sumando alrededor de 452.000 viviendas. Este porcentaje es uno de los más bajos dentro de la Unión Europea, estando seis puntos por debajo de la media, que se sitúa en un 9,3 %. Con un parque de viviendas de 26,8 millones, según los datos más recientes del censo del Ministerio, alcanzar este porcentaje significaría disponer de aproximadamente 2,41 millones de viviendas públicas, superando así el déficit planteado por la ministra de Vivienda.
No obstante, la meta final del Gobierno es lograr que el 20 % del total del parque de viviendas esté bajo algún tipo de protección pública en un lapso de 20 años. Incluso sin considerar la construcción que se lleve a cabo durante las próximas dos décadas, el número de viviendas con alguna forma de protección pública tendría que superar los nueve millones para alcanzar ese objetivo.
184.000 viviendas
Para cumplir con la meta inicial de 184.000 viviendas, la ministra ha buscado la colaboración del sector privado, reconociendo que el aumento en la oferta "no puede depender únicamente del sector público". Esta semana, instó a los promotores privados a unirse a esta iniciativa argumentando que "hay oportunidades de negocio", con rentabilidades que, aunque no llegan al 10 %, pueden situarse alrededor del 5 %. Expresó su confianza en que el empresariado español se sumará a estas políticas.
Para promover la participación del sector privado, esta semana el Consejo de Ministros aprobó un aval de 2.000 millones de euros para respaldar una línea de préstamos por un total de 4.000 millones de euros, parte de la adenda del Plan de Recuperación. Estos fondos se destinarán a promotores tanto privados como públicos interesados en construir viviendas para alquiler a precios asequibles.
Ley del Suelo
Recientemente, el Gobierno aprobó la modificación de la Ley del Suelo, una demanda de larga data del sector inmobiliario, con el objetivo de proporcionar mayor "seguridad jurídica" y evitar que errores formales o subsanables paralicen los proyectos urbanísticos. Además, esta semana se comprometió a acelerar el proceso de concesión de licencias de construcción mediante la reforma de una orden del Ministerio de Economía.
La ministra indicó que durante la etapa democrática se han construido 2,5 millones de viviendas públicas. Específicamente, entre 1981 y 2019 se erigieron 2,36 millones de viviendas protegidas, representando un 21,6 % del total de la vivienda del parque construido, según los datos del Ministerio.
La disminución del parque se debe en gran medida a que la mayoría de estas viviendas tenían un período de protección que oscilaba entre 10 y 30 años, dependiendo de la normativa autonómica correspondiente. Durante este período, solo podían venderse a un precio tasado. Una vez transcurrido este tiempo, pasaron al mercado libre. La recientemente aprobada Ley de Vivienda por el Gobierno establece una protección permanente, o un mínimo de 30 años en ciertos casos, para todas las viviendas protegidas.
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