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Con 234 votos a favor, 175 en contra y 122 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó recientemente una resolución que adopta una postura abolicionista y sancionadora hacia la prostitución, siguiendo el modelo nórdico que penaliza tanto a los proxenetas como a los clientes. Según Maria Noichl, eurodiputada alemana del grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) y ponente del informe, la posición se fundamenta en la idea de que la prostitución en sí misma constituye "una forma de violencia contra las mujeres.
¿Hacia el modelo nórdico en la prostitución europea?
Hace unas semanas, la Eurocámara aprobó una resolución abolicionista sobre la prostitución con 234 votos a favor, 175 en contra y 122 abstenciones. Esta postura se basa en el modelo nórdico, que penaliza tanto a proxenetas como a clientes. María Noichl, eurodiputada alemana, señaló que la posición del Parlamento Europeo se fundamenta en la idea de que esta actividad en sí misma es "una forma de violencia contra las mujeres".
A pesar de que tres enmiendas específicas sobre la implementación del modelo nórdico fueron rechazadas, Noichl expresó su satisfacción, argumentando que la resolución refleja claramente el espíritu de dicho modelo. La resolución, aprobada en septiembre, busca reducir la demanda penalizando tanto a quienes se lucran como a quienes pagan por sexo, con el objetivo de disminuir la trata de personas, la explotación sexual y la actividad de la delincuencia organizada en la industria del sexo.
Sin embargo, siete eurodiputadas de diferentes grupos parlamentarios expresaron en una opinión minoritaria su preocupación de que la criminalización del trabajo sexual comprometa la seguridad de quienes venden servicios sexuales y dificulte abordar eficazmente la explotación en la industria del sexo.
Perspectivas, preocupaciones y perspectivas de cambio
La reciente resolución del Parlamento Europeo sobre prostitución ha generado debate. Según el jurista Curro Peña Díaz, esta resolución no impone obligaciones legales a los Estados miembros, pero busca influenciar la legislación en un sentido particular. Por otro lado, Encarna Bodelón, experta en Filosofía del Derecho, señala evidencias de que países que adoptaron este enfoque enfrentan consecuencias negativas, como peor salud y más violencia policial hacia trabajadoras sexuales.
Bodelón destaca la preocupación por la criminalización de clientes, ya que puede llevar a la clandestinidad y poner en riesgo la seguridad de las trabajadoras. También critica la confusión entre trata y prostitución, señalando que no se ajusta al marco jurídico de la Unión Europea actual.
La resolución insta a proporcionar acceso a servicios de calidad y vías de salida, pero la eurodiputada Maria Noichl destaca el enfoque principal en penalizar proxenetas y clientes. Noichl lamenta que la Eurocámara no haya incluido la prostitución en la directiva de violencia contra las mujeres, un instrumento vinculante.
La eurodiputada Rosa Estarás, defensora del modelo nórdico, votó a favor, pero destaca la división en torno a la directiva y la necesidad de consenso. María Eugenia Rodríguez Palop, aunque no está a favor de castigar a los clientes, apoyó la resolución debido a su respaldo a sancionar a quienes se lucran de esta actividad.
Tercería locativa y propuestas del PSOE
En España, los intentos de introducir la tercería locativa en el Código Penal no han tenido éxito hasta el momento. Propuestas como la ley de libertad sexual o el proyecto de ley del “solo sí es sí ” contemplaron esta figura, pero finalmente fueron eliminadas. Además, en junio de 2022, el PSOE presentó una proposición de ley para implantar el modelo nórdico, que quedó en suspenso al disolverse las Cortes por la convocatoria de elecciones.
El pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el modelo francés, que penaliza tanto a proxenetas como a clientes, también tuvo relevancia. El TEDH admitió a trámite la demanda de trabajadoras y trabajadores del sexo en Francia, quienes argumentan que este modelo las obliga a ejercer la actividad de manera clandestina, aumentando los riesgos para su integridad física y afectando su libertad para definir su vida privada.
Aunque no es una sentencia definitiva, el TEDH considera que la demanda es admisible y decidirá si la ley francesa afecta de manera desproporcionada a las trabajadoras sexuales, especialmente al buscar disuadir a los clientes, lo que podría conducirlas a la clandestinidad y aumentar su marginalidad.
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