15/12/2022 - 09:18
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La reforma de la malversación pactada por el Gobierno y los socios de ERC, no ha dejado de recibir críticas, esta vez por parte de fiscales y jueces progresistas, a priori más favorables a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez.
Tanto la Unión Progresista de Fiscales (UPF) como la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han arremetido contra estos cambios en el Código Penal. La primera por considerar la reforma de malversación "apresurada" y los segundos porque "no cabe tolerancia contra la corrupción" y la modificación "no es correcta".
Y es que, las penas en los ordenamientos jurídicos comparables de la UE, como Francia o Italia, son más severas que las pretendidas ahora en España.
¿En qué consiste la reforma de malversación?
El texto recoge el informe de la ponencia, al que se han incluido dos enmiendas transaccionales. El resto de enmiendas vistas en comisión han sido rechazadas.
La iniciativa, presentada por los grupos Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, propone modificar el Código Penal en los capítulos referentes a las estafas, la administración desleal, la alteración de precios en concursos y subastas públicas, delito de sedición y en materia de desórdenes públicos, entre otros asuntos.
El Código Penal es una norma fundamental del Estado de Derecho y sus modificaciones, no pueden realizarse de manera apresurada, deben realizarse siempre atendiendo el interés general de toda la ciudadanía y con los más elevados estándares de técnica legislativa. pic.twitter.com/tx9lGEwLAZ
— UPFiscales (@UPFiscales) December 14, 2022
También se incluye como delito contra la integridad moral a quienes oculten el paradero del cadáver de una persona, y se introduce cambios en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, en lo relativo a las armas de doble uso.
Asimismo, se suprime el Capítulo I del Título XXII del Código Penal, referente al delito de sedición y se modifica el Capítulo III, relativo a los desórdenes públicos. En este sentido, introduce como actos castigados con penas de prisión de seis meses a tres años los que, "actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación" sobre las personas o las cosas, obstaculicen las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas, o invadan instalaciones o edificios.
Los principales beneficiados de esta reforma serán los implicados en el procés
Con la reforma de malversación, las penas de los independentistas podrían verse reducidas considerablemente, lo que les abre la puerta a participar en el ciclo electoral que comienza el próximo año.
Los jueces progresistas han declarado, directamente, que la reforma de la malversación "es un error". "No cabe tolerancia contra la corrupción, cualquiera sea la forma en que tenga lugar", han señalado a través de su cuenta de Twitter.
Por otro lado, se ha mostrado afines a la estrategia del Gobierno para zanjar los nombramientos del Tribunal Constitucional, bloqueados por el órgano de gobierno de los jueces desde septiembre. "Defender la renovación de instituciones como el CGPJ o el Tribunal Constitucional es defender la democracia. Frente al boicot y las argucias de quienes emulan a Trump, pedimos al PP y a Alberto Núñez Feijoo que respeten la Constitución", señalaron, también a través de Twitter.
El primer tipo, la malversación sin ánimo de lucro para «usos privados», conllevará de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación de uno a cuatro años. El segundo tipo, cuando el dinero malversado se dedique a un fin distinto al previsto, será penado de uno a cuatro años de cárcel y de dos a seis de inhabilitación. Los expertos sostienen que tanto el ánimo de lucro como «los usos privados» serán conceptos susceptibles de interpretación por parte de los jueces.
La derogación del delito de sedición prevista no bastaba, pero con el retoque de la malversación se dan todos los ingredientes para que los políticos independentistas condenados puedan concurrir a unos comicios.
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