El mundo necesita un sistema fiscal internacional que sea inclusivo

El sistema fiscal mundial enfrenta un desafío urgente que demanda una reforma integral. En respuesta a esta necesidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha lanzado un proyecto para establecer un nuevo acuerdo fiscal universal que sea legítimo, justo, estable, inclusivo y eficaz. Este acuerdo busca transformar el panorama financiero global y proporcionar un respaldo sólido al desarrollo sostenible.

El objetivo primordial es ayudar a las naciones a fomentar el crecimiento económico y avanzar hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que comprende 17 objetivos esenciales para mejorar la calidad de vida en todo el mundo.

Importancia de una convención fiscal de la ONU

La creación de una convención fiscal de la ONU representa un cambio fundamental en la manera en que se aborda la fiscalidad internacional. Su implementación podría tener un impacto significativo en la estructura de los sistemas financieros a nivel mundial y en la forma en que se utilizan los ingresos fiscales para el bien común. Recientemente, el Comité de las Naciones Unidas encargado de diseñar un marco de cooperación fiscal internacional concluyó su segunda sesión, aprobando un paquete de directrices para el nuevo tratado. 

Una cooperación fiscal más inclusiva y efectiva es crucial para que los países enfrenten los retos contemporáneos relacionados con la fiscalidad, que abarcan desde la digitalización hasta las operaciones de las grandes empresas multinacionales. Además, es esencial para movilizar recursos nacionales y emplear políticas fiscales en pro del desarrollo sostenible, lo que incluye aumentar las inversiones en energías renovables, como la solar, eólica, hidroeléctrica y de biomasa, con el fin de disminuir la dependencia de combustibles fósiles.

Alcance y objetivos del convenio fiscal

El tratado fiscal propuesto por la ONU tiene como objetivo establecer un sistema inclusivo, justo, transparente y eficaz para el desarrollo sostenible. El mandato del Comité Ad Hoc sugiere que el convenio debe incorporar enfoques que apoyen el desarrollo sostenible en tres dimensiones: económica, social y medioambiental. Además, es necesario establecer compromisos claros para cumplir con estos objetivos, lo que incluye la tributación justa de las empresas multinacionales y la lucha contra la evasión fiscal de personas con grandes patrimonios. También se propone la creación de dos protocolos jurídicamente vinculantes, uno de los cuales abordaría la fiscalidad de los ingresos provenientes de servicios transfronterizos en un mundo cada vez más digitalizado.

Un sistema de cooperación fiscal inclusivo es crucial para enfrentar los retos del Sur Global, donde se busca fortalecer los recursos nacionales para que todos los países puedan financiar políticas alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El secretario general adjunto de Desarrollo Económico y Social de la ONU, Junhua Li, enfatizó que un sistema fiscal internacional que sea completamente inclusivo es la única forma de garantizar su legitimidad y eficacia. Un convenio fiscal global tiene el potencial de asegurar que las grandes multinacionales paguen los impuestos adecuados en cualquier jurisdicción, generando ingresos fiscales significativos para muchos países, especialmente aquellos del Sur Global.

Consenso y próximos pasos

A pesar de la mayoría de apoyo de los países en desarrollo, el consenso sobre un tratado fiscal mundial aún es incierto. Durante la última votación en el Comité Ad Hoc, 110 Estados miembros respaldaron el mandato para un nuevo tratado, mientras que 44 se abstuvieron y ocho votaron en contra.

El próximo paso es enviar este mandato a la Asamblea General de la ONU, que lo someterá a votación durante su 79º periodo de sesiones. Si se aprueba, se formará un comité de negociación para redactar el tratado y dos protocolos en los próximos tres años, con el objetivo de que todos los 193 Estados miembros de la ONU voten sobre el tratado final en 2027. Para ser adoptado, el tratado necesitará el respaldo de dos tercios de la Asamblea General, lo que abrirá la puerta a su firma y ratificación por parte de los Estados miembros.