05/01/2025 - 09:00
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El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado a trámite un recurso de amparo interpuesto por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en contra de la negativa de la mesa del Congreso de los Diputados a admitir una Iniciativa Legislativa Popular. Esta propuesta buscaba restituir a los empleados públicos las pagas íntegras que se les recortaron desde el año 2010.
En un comunicado, CSIF expresó que el TC ha dado luz verde al recurso al identificar en este asunto una “trascendencia constitucional especial”, ya que el conflicto va más allá de un caso aislado y podría tener implicaciones políticas de gran alcance.
La iniciativa legislativa perseguía la derogación de una cláusula específica del real decreto-ley que estableció recortes extraordinarios con el objetivo de reducir el déficit público.
Protestas y demandas sindicales por las injusticias con los empleados públicos
El sindicato detalló que los recortes salariales aún vigentes afectan considerablemente a los empleados públicos. En el caso del grupo A1, compuesto por profesionales como médicos, jueces, ingenieros e inspectores, la pérdida anual promedio asciende a 1.600 euros.
Para el grupo A2, que incluye enfermeros y maestros, el recorte ronda los 1.020 euros al año, mientras que los empleados públicos del grupo C1, como policías y administrativos, experimentan una merma anual de aproximadamente 500 euros. Según CSIF, estos recortes equivalen a trabajar hasta cinco meses sin recibir remuneración completa desde 2010.
El impacto económico de esta medida es masivo pues el sindicato estima que las cantidades adeudadas a los trabajadores públicos suman un total de 30.000 millones de euros y afectan a alrededor de dos millones de empleados en todas las administraciones públicas. Esta situación se agrava al considerar que los trabajadores del sector público han perdido un 20 % de su poder adquisitivo desde los recortes salariales impuestos hace más de una década.
Movilizaciones y demandas del CSIF
El lunes pasado, CSIF llevó a cabo protestas frente al Ministerio de Hacienda en Madrid, así como en las subdelegaciones de Gobierno de las distintas provincias españolas. Estas movilizaciones tienen como objetivo presionar al Gobierno para que inicie negociaciones sobre el incremento salarial de los empleados públicos y apruebe una oferta de empleo público adecuada.
El sindicato subrayó la necesidad de pactar de forma urgente una revisión salarial para 2024, ya que el acuerdo vigente finaliza este año y ha generado una pérdida de poder adquisitivo del 6 % desde 2022. También exige que se establezca una oferta de empleo público robusta para el año 2025.
CSIF advirtió que, si el Ejecutivo no toma medidas concretas, intensificarán las movilizaciones con acciones más drásticas en el futuro. Entre las preocupaciones añadidas del sindicato está la defensa de la asistencia sanitaria de los empleados públicos gestionada por Muface. Este sistema se encuentra en una situación crítica después de que varias aseguradoras decidieran no renovar sus contratos debido a la insuficiencia de la oferta económica propuesta por el Gobierno.
Con este panorama, CSIF continúa presionando para revertir las consecuencias de los recortes implementados hace más de una década, denunciando las repercusiones económicas y sociales que estos han causado en millones de trabajadores del sector público. Las acciones legales, junto con las protestas, reflejan su compromiso por recuperar derechos perdidos y mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos en España.
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