Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas normas de accesibilidad digital que entran en vigor en 2025

En los últimos años, la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros han intensificado sus esfuerzos para garantizar que la accesibilidad digital sea un estándar y no una excepción. Tanto el sector público como el privado están sometidos a un creciente escrutinio normativo, con el objetivo de eliminar barreras de uso en sitios web y aplicaciones móviles. Con la entrada en vigor de nuevas obligaciones en 2025, se hace imprescindible conocer el marco legal vigente y las futuras adaptaciones normativas.

Regulación de la accesibilidad digital en el sector público

La regulación de la accesibilidad digital para las administraciones y organismos públicos se enmarca principalmente en la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016. Esta directiva establece obligaciones para garantizar que las páginas web, intranets, extranets y aplicaciones móviles de los entes públicos cumplan con los estándares internacionales de accesibilidad, como las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG).

En España, la transposición de esta directiva se realizó mediante el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Este Real Decreto establece las siguientes obligaciones para las Administraciones Públicas y empresas privadas que reciben financiación pública:

• Cumplir con la norma UNE-EN 301549 de accesibilidad, basada en las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG) 2.1, nivel AA.
• Publicar una declaración de accesibilidad actualizada.
• Establecer mecanismos de retroalimentación y reclamación para que los usuarios puedan comunicar dificultades de acceso.

La implantación de estas medidas finalizó en 2020 para sitios web existentes y en 2021 para aplicaciones móviles, por lo que las obligaciones son plenamente exigibles en la actualidad.

Ante la creciente regulación en materia de accesibilidad digital, GN10 ofrece una herramienta de accesibilidad diseñada para facilitar el cumplimiento de las normativas vigentes sin necesidad de modificar la estructura o el diseño de los sitios web existentes. Esta solución es especialmente relevante para empresas y organizaciones que buscan adaptarse a las exigencias legales de manera eficiente y rentable.

Nuevas exigencias a partir de 2025

Desde 2025, el sector público no solo deberá mantener la conformidad con estos estándares, sino también adaptarse a posibles nuevos requisitos derivados de ajustes normativos o de la evolución de los estándares técnicos de la UE. El objetivo es seguir mejorando la experiencia de los usuarios con discapacidad, promoviendo una inclusión digital efectiva y garantizando que todas las personas puedan acceder sin barreras a los servicios públicos en línea.

El marco normativo para el sector privado y su evolución

Hasta 2023, ciertas empresas privadas estaban obligadas a garantizar la accesibilidad digital en sus plataformas. En España, la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, sobre Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, imponía este requisito a compañías que ofrecían servicios de gran relevancia económica y contaban con páginas web abiertas al público. Estas obligaciones aplicaban a aquellas empresas con más de 100 empleados o una facturación anual superior a 6 millones de euros. También afectaban a redes sociales creadas por entidades con ingresos superiores a este umbral.

Sin embargo, con la llegada de nuevas normativas europeas, la legislación española ha sido actualizada y ampliada, estableciendo criterios más estrictos y plazos específicos para garantizar la accesibilidad digital en un mayor número de productos y servicios.

La European Accessibility Act

La transformación más significativa proviene de la Directiva (UE) 2019/882, también conocida como European Accessibility Act (EAA), adoptada el 17 de abril de 2019. Esta directiva tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de productos y servicios en toda la Unión Europea, promoviendo una mayor inclusión de personas con discapacidad.

Ámbito de aplicación

Las nuevas disposiciones afectan a una amplia variedad de sectores, más allá del tecnológico. Entre las principales áreas reguladas se incluyen:

Productos

• Equipos informáticos de uso general y sistemas operativos.
• Terminales de autoservicio, como cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes, terminales de pago y dispositivos interactivos de información (excepto los integrados en vehículos, aviones, barcos o trenes).
• Equipos electrónicos con capacidad interactiva para servicios de comunicación, medios audiovisuales y lectores electrónicos.

Servicios

• Comunicaciones electrónicas (excepto las de transmisión entre máquinas).
• Acceso a contenidos audiovisuales.
• Servicios de transporte de pasajeros (aéreo, autobús, ferrocarril y vías navegables), incluyendo sitios web, aplicaciones móviles, billetes electrónicos y sistemas de información en tiempo real.
• Servicios bancarios dirigidos a consumidores.
• Libros electrónicos y sus plataformas asociadas.
• Comercio electrónico.

Excepciones específicas

Algunas situaciones quedan fuera del alcance de la normativa, como:

• Contenidos pregrabados publicados antes del 28 de junio de 2025.
• Contenidos de terceros que no sean controlados por el proveedor del servicio.
• Información estática en sitios web o aplicaciones que se considere archivo antes del 28 de junio de 2025.

Requisitos técnicos

Las empresas incluidas en la directiva deberán garantizar la accesibilidad de sus sitios web y aplicaciones móviles, siguiendo estándares similares a los ya exigidos al sector público, como las pautas WCAG. Según el tipo de producto o servicio, se aplicarán diferentes normativas:

• Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): Norma EN 301 549 (incluye WCAG 2.1).
• Infraestructura física: Normas ISO 21542 y EN 17210.
• Transporte y terminales interactivos: Norma EN 16584 y otras regulaciones específicas del sector.

Plazos de implementación

La directiva debía incorporarse a las legislaciones nacionales antes del 28 de junio de 2022, y sus disposiciones comenzarán a aplicarse a productos y servicios comercializados o prestados a partir del 28 de junio de 2025. No obstante, existen algunos periodos transitorios:

• Los servicios podrán seguir utilizando productos no conformes hasta el 28 de junio de 2030, siempre que no sean reemplazados.
• Los terminales de autoservicio podrán mantenerse en funcionamiento hasta el final de su vida útil, con un límite máximo de 20 años desde su instalación.
• Los Estados miembros pueden retrasar la accesibilidad en las comunicaciones de emergencia al número europeo 112 hasta el 28 de junio de 2027.

En España, el sector privado está regulado por varias normativas en materia de accesibilidad digital, destacando dos principales:

Ley 11/2023, de 8 de mayo

Esta norma adapta la Directiva (UE) 2019/882 al marco legal español, estableciendo requisitos de accesibilidad para diversos productos y servicios. Además, amplía su aplicación a sectores adicionales como:

• Páginas web y aplicaciones móviles de servicios de suministro eléctrico, agua y gas.
• Agencias de viajes y turoperadores.
• Redes sociales.

Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo

Este decreto establece principios de accesibilidad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios, asegurando la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Introduce exigencias basadas en diseño universal y ajustes razonables, con plazos de cumplimiento entre 2025 y 2030, según el tipo de bien o servicio.