Lectura fácil
Los ataques contra sistemas de agua y saneamiento en territorios afectados por conflictos armados se han multiplicado por tres entre 2021 y 2025, una situación que amenaza directamente la salud, la seguridad y la supervivencia de millones de niños y niñas. Así lo advierte UNICEF en la cuarta edición de su informe El agua bajo el fuego, publicado este martes, en el que analiza el impacto de la violencia sobre los servicios esenciales de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene en diferentes regiones del mundo.
El documento alerta de que la destrucción de estas instalaciones, las interrupciones del suministro y los obstáculos para mantenerlas operativas están incrementando el riesgo de enfermedades infecciosas, desnutrición y situaciones de violencia, especialmente entre la población infantil. La organización subraya que el acceso al agua potable no es únicamente una necesidad básica, sino una condición indispensable para proteger la vida y garantizar los derechos de los menores en contextos de emergencia.
Un problema que afecta a 23 países y territorios
La nueva publicación de UNICEF recoge información sobre ataques contra infraestructuras de agua, saneamiento e higiene, así como contra los trabajadores encargados de mantenerlas y las personas que dependen de estos servicios. El análisis abarca 23 países y territorios y comprende el periodo entre enero de 2021 y junio de 2026.
Entre las principales conclusiones destaca el incremento progresivo de los ataques, tanto por su frecuencia como por la diversidad de sus formas y la extensión de las zonas afectadas. La organización advierte de que las agresiones ya no se limitan a instalaciones concretas, sino que pueden comprometer sistemas de agua completos y dejar a comunidades enteras sin servicios esenciales.
Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, ha señalado que estos ataques privan a los niños y niñas de agua potable y de otros servicios fundamentales que necesitan disponer de un suministro seguro para funcionar adecuadamente.
Russell también ha puesto en valor el trabajo de los equipos humanitarios, que continúan realizando esfuerzos para mantener el abastecimiento incluso en condiciones extremadamente peligrosas. Sin embargo, ha recordado que las reparaciones posteriores a los daños no pueden reemplazar la obligación de proteger estas infraestructuras, tal y como establece el derecho internacional humanitario.
Siete formas de atacar las infraestructuras de agua y saneamiento
El informe identifica siete modalidades diferentes de agresión contra estos servicios. Entre ellas figuran los ataques directos a plantas de tratamiento, tuberías y pozos, la contaminación deliberada o accidental de fuentes de agua y las restricciones que impiden acceder a repuestos y productos químicos necesarios para garantizar el tratamiento del agua.
Los ejemplos recogidos en el documento muestran la magnitud del problema en distintos escenarios de conflicto.
En Sudán, la situación de las instalaciones de tratamiento de agua en el estado de Jartum llegó a ser especialmente grave. En marzo de 2024, únicamente una de las 13 plantas existentes continuaba funcionando, lo que refleja el deterioro de los servicios básicos como consecuencia de la violencia.
En Burkina Faso, más de 145 puntos de abastecimiento de agua fueron destruidos durante ataques registrados entre 2020 y 2025. Esta situación dejó sin acceso a este recurso a aproximadamente 830.000 personas, de las cuales más de la mitad eran niños y niñas.
La Franja de Gaza constituye otro de los ejemplos más preocupantes. Desde octubre de 2023, los daños provocados en las infraestructuras han afectado a más de 130.000 metros de tuberías de alcantarillado. Como consecuencia, las aguas residuales sin tratar han terminado vertiéndose al mar Mediterráneo o acumulándose en espacios de almacenamiento temporal, aumentando los riesgos medioambientales y sanitarios para la población.
Los cortes eléctricos también ponen en peligro los sistemas de agua y su suministro
UNICEF advierte de que no siempre es necesario destruir directamente una tubería, una bomba o una planta de tratamiento para interrumpir el abastecimiento. La dependencia energética de estos sistemas de agua hace que los ataques contra las redes eléctricas puedan tener consecuencias igualmente graves.
Ucrania ofrece un ejemplo de esta vulnerabilidad. En diciembre de 2022, los ataques contra las infraestructuras energéticas provocaron que cerca de siete millones de niños y niñas perdieran el acceso continuado a servicios como la electricidad, la calefacción y el agua.
Una situación similar se produjo en Irak en noviembre de 2025. Un ataque con drones contra un yacimiento de gas redujo aproximadamente un 80 % la producción eléctrica de la región del Kurdistán. La caída del suministro obligó a las autoridades a establecer un sistema de racionamiento de electricidad que afectó a las redes de abastecimiento de agua, los hospitales y distintas ciudades.
Estos casos demuestran que la protección de los servicios de agua y saneamiento también depende de garantizar el funcionamiento de las infraestructuras energéticas que permiten mantenerlos activos.
La falta de agua limpia multiplica los riesgos para la salud infantil
Las consecuencias de la destrucción de estos sistemas de agua van mucho más allá de las dificultades para conseguir agua potable. La ausencia de un suministro seguro repercute directamente en el funcionamiento de hospitales, centros sanitarios y servicios de atención nutricional.
Sin agua limpia, los profesionales sanitarios encuentran dificultades para esterilizar el instrumental médico, atender partos en condiciones adecuadas y preparar la leche terapéutica que necesitan los niños y niñas afectados por desnutrición aguda grave.
Además, el consumo de agua contaminada puede provocar episodios repetidos de diarrea. Estas enfermedades dificultan que el organismo infantil absorba correctamente los nutrientes, debilitan sus defensas y aumentan su vulnerabilidad frente a otras infecciones. El riesgo se incrementa cuando las condiciones de higiene empeoran y las familias no pueden acceder a fuentes de agua seguras.
El informe recoge como ejemplo el brote de hepatitis E detectado en campamentos del este de Chad, donde se encuentran personas refugiadas procedentes de Sudán. La Organización Mundial de la Salud relacionó este episodio con las dificultades para acceder a agua segura y servicios de saneamiento.
Entre enero y abril de 2024 se contabilizaron 2.092 casos sospechosos de hepatitis E. La mitad de ellos correspondía a niños y niñas de entre 6 y 17 años, una cifra que evidencia el impacto que las deficiencias en los servicios básicos pueden tener sobre la infancia desplazada.
Las mujeres y las niñas afrontan mayores peligros para conseguir agua
La inseguridad también afecta directamente a quienes tienen que desplazarse para conseguir agua. UNICEF documenta casos de menores que han perdido la vida, sufrido heridas o experimentado otras formas de daño mientras esperaban su turno para recoger agua. La organización recoge numerosos ejemplos de esta realidad en Gaza.
La situación resulta especialmente preocupante para las mujeres y las niñas. Según los datos del informe, en siete de cada diez hogares que necesitan salir de casa para conseguir agua, son ellas quienes asumen esta responsabilidad.
Cuando los puntos de abastecimiento quedan destruidos o dejan de funcionar, las distancias que deben recorrer aumentan. Estos desplazamientos, en ocasiones largos y peligrosos, incrementan el riesgo de sufrir violencia sexual y otras agresiones. Además, el tiempo que dedican a buscar agua reduce sus posibilidades de acudir a la escuela y participar con normalidad en otras actividades cotidianas.
A esta situación se suma la vulnerabilidad de los trabajadores responsables de mantener las redes de abastecimiento. Naciones Unidas registró la muerte de 14 empleados de los organismos de suministro de agua del Líbano durante el conflicto de 2024.
UNICEF apuesta por soluciones resistentes a los conflictos
Ante el deterioro de las infraestructuras, los equipos humanitarios están desarrollando diferentes estrategias para reducir la dependencia de sistemas de agua vulnerables y garantizar que las comunidades puedan seguir disponiendo de agua.
En Afganistán, alrededor del 65 % de los sistemas de agua y de abastecimiento respaldados por UNICEF ya funcionan mediante energía solar. Esta alternativa permite disminuir la dependencia de los combustibles y de la red eléctrica nacional, dos recursos que pueden verse afectados durante situaciones de inestabilidad.
En otros países y territorios, la respuesta pasa por preparar a trabajadores técnicos de las propias comunidades, disponer de piezas de repuesto antes de que se produzcan nuevos daños y desarrollar instalaciones locales de menor tamaño.
La creación de sistemas descentralizados permite reducir el riesgo de que un único ataque deje sin agua a toda una población. De esta manera, aunque una parte de la infraestructura resulte dañada, otras instalaciones pueden continuar prestando servicio.
No obstante, UNICEF advierte de que estas iniciativas se enfrentan a un obstáculo cada vez mayor: la falta de financiación humanitaria.
La organización alerta de que los recortes económicos están poniendo en peligro la continuidad de los programas de agua, saneamiento e higiene en numerosos escenarios de emergencia.
En los países que cuentan con una respuesta humanitaria coordinada en estos ámbitos, un total de 137,9 millones de personas necesitan asistencia. Sin embargo, hasta el momento solo se ha conseguido reunir el 26 % de los fondos necesarios para financiar las actuaciones previstas durante 2026.
Esta falta de recursos dificulta tanto la reparación de las instalaciones dañadas como la puesta en marcha de medidas preventivas y la adquisición de materiales imprescindibles para mantener el suministro.
El llamamiento de UNICEF para proteger el agua en los conflictos
Ante esta situación, UNICEF reclama a las partes enfrentadas, los Estados miembros, los donantes y las organizaciones humanitarias y de desarrollo que adopten medidas urgentes para proteger los sistemas de agua, saneamiento e higiene.
Entre sus principales peticiones figura reconocer que estas infraestructuras son esenciales para la supervivencia de la población civil y, especialmente, de los niños y niñas. Su protección debe considerarse una prioridad para garantizar los derechos fundamentales de las personas que viven en territorios afectados por conflictos armados.
La organización también considera necesario establecer mecanismos que permitan recopilar de forma sistemática información sobre los ataques contra estos servicios. Disponer de datos completos y actualizados facilitaría conocer la dimensión del problema y mejorar las respuestas internacionales.
Asimismo, pide reforzar la seguridad de las comunidades que dependen de estas instalaciones y de los profesionales que trabajan tanto en los sectores del agua y el saneamiento como en el energético.
Otra de las prioridades consiste en garantizar que el personal humanitario pueda acceder de manera segura, rápida y sin impedimentos a las poblaciones que necesitan ayuda, así como a los materiales y suministros imprescindibles para mantener operativas las redes de agua y energía.
Por último, UNICEF insiste en la necesidad de invertir en infraestructuras capaces de resistir mejor los efectos de los conflictos y en modelos de gestión local que permitan mantener los servicios incluso cuando las instalaciones principales resulten dañadas.
El mensaje central del informe El agua bajo el fuego es que proteger el acceso al agua significa proteger la salud, la educación, la seguridad y la vida de millones de niños y niñas. En contextos de guerra, garantizar este recurso no puede depender únicamente de la capacidad de reparar los daños una vez producidos, sino de impedir que las infraestructuras esenciales se conviertan en objetivos de los ataques.
Añadir nuevo comentario