01/02/2024 - 09:45
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El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar una contribución voluntaria de 500.000 euros al Fondo Fiduciario de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Esta decisión respalda las investigaciones sobre violaciones masivas de derechos humanos y refleja el compromiso del Gobierno español con la justicia penal internacional y la lucha contra la impunidad.
Fortaleciendo la capacitación de la Fiscalía del TPI
Esta contribución financiera será utilizada para reforzar la capacidad de investigación de violencia sexual y crímenes contra la infancia. Además, se destinará a mejorar el apoyo psicosocial a testigos y a proporcionar herramientas y equipamiento para la recolección, análisis y procesamiento de pruebas.
El apoyo financiero contribuirá a la importante labor de la Fiscalía del TPI, que investiga crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.
La Fiscalía del TPI, bajo la dirección del fiscal Karim A. A. Khan, tiene expedientes cruciales abiertos, como la investigación sobre la invasión de Ucrania (2022), crímenes en Gaza y Cisjordania (2021) y las violaciones de derechos humanos también en Afganistán (2003).
El fiscal, con funciones tanto acusadoras como instructoras, juega un papel clave en la CPI, siendo responsable de la acción penal e instrucción de casos.
Compromiso con la Justicia Global
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, destacó el logro de aprobar esta aportación financiera de España contra las violaciones de derechos humanos, celebrando el respaldo a la investigación de la barbarie contra el pueblo palestino.
La contribución refleja el compromiso de España en la defensa de los principios fundamentales que protegen la dignidad y libertad de todas las personas, fortaleciendo así la justicia global y el respeto a los derechos humanos.
Proteger los derechos humanos es esencial porque garantiza el respeto, la dignidad y la libertad de todas las personas, independientemente de su origen, género, religión, orientación sexual o cualquier otra característica. Estos derechos fundamentales son la base de una sociedad justa y equitativa.
- Dignidad humana: Los derechos humanos reconocen la inherentemente igual dignidad de todas las personas. Proteger estos derechos implica tratar a cada individuo con respeto y consideración, asegurando que nadie sea sometido a tratos inhumanos o degradantes.
- Justicia y equidad: La protección de los derechos humanos promueve la justicia y la equidad. Garantiza que todas las personas tengan acceso a oportunidades y recursos de manera justa, sin discriminación ni exclusiones injustificadas.
- Paz y estabilidad: Las sociedades que respetan y protegen los derechos humanos tienden a ser más pacíficas y estables. La igualdad y la justicia contribuyen a la prevención de conflictos y a la construcción de comunidades más armoniosas.
- Desarrollo sostenible: Los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo sostenible. Garantizar que las personas tengan acceso a educación, atención médica, vivienda y empleo contribuye a comunidades más prósperas y resilientes.
- Promoción de la libertad: Proteger los derechos humanos implica salvaguardar la libertad individual. Esto incluye la libertad de expresión, de asociación y de elección personal, elementos esenciales para el florecimiento de sociedades democráticas.
- Responsabilidad y rendición de cuentas: La protección de los derechos humanos implica responsabilizar a aquellos que violan estos derechos. Establecer mecanismos de rendición de cuentas garantiza que los responsables de abusos sean llevados ante la justicia.
- Reconocimiento de la diversidad: Los derechos humanos reconocen y respetan la diversidad de las personas y sus identidades. Proteger estos derechos implica celebrar y valorar las diferencias culturales, étnicas y de otro tipo, fomentando la inclusión.
- Avance social y cultural: La protección de los derechos humanos impulsa el progreso social y cultural. Facilita el intercambio de ideas, la innovación y el avance de la sociedad hacia formas más justas y equitativas de convivencia.
Así las cosas, proteger los derechos humanos no solo es un deber moral, sino que también es fundamental para construir sociedades justas, pacíficas y prósperas. La promoción y defensa de estos derechos contribuyen al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible a nivel global.
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