Empresas sancionadas por no cumplir con la accesibilidad web: casos reales y consecuencias legales

La accesibilidad digital se ha convertido en una necesidad fundamental para que todos los usuarios, sin importar sus capacidades, puedan navegar por internet de manera equitativa. Las empresas que no cumplen con las normativas, como la Ley de Accesibilidad Web de la Unión Europea, pueden enfrentar graves consecuencias, incluyendo sanciones económicas y daños a su reputación. Sin embargo, a pesar de las leyes que protegen a las personas con discapacidad, muchas empresas todavía no han adaptado sus plataformas digitales para ser accesibles para todos.

Casos reales de empresas sancionadas

En los últimos años, diversas empresas han sido sancionadas por no cumplir con las regulaciones de accesibilidad digital. 

Entre estos casos reales está el de Vueling. Para la compañía, la accesibilidad web ya no es una opción y la obligatoriedad de contar con plataformas adaptadas forma parte de la realidad. De lo contrario, el incumplimiento de los requisitos que establece la ley implica consecuencias y no precisamente positivas. Esa es la situación a la que se enfrenta actualmente la conocida aerolínea, perteneciente a la compañía IAG.

La empresa tendrá que pagar 90.000 euros de multa por haber incumplido casi el 70 por ciento de los requisitos exigidos por la normativa vigente. Aunque los costes de la infracción se han dado a conocer recientemente, lo cierto es que se trata de un caso que tiene su origen en 2015. En ese año, Vueling recibió una sanción por saltarse la ley. En aquella fecha, según señala el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el portal apenas cumplía 11 de los 38 requisitos exigibles en materia de accesibilidad web.

Tres años después, en 2018, se inició una nueva inspección después de que la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) recibiera la denuncia de un usuario que manifestaba su descontento por la inaccesibilidad del portal de Vueling. Los resultados fueron contundentes: 26 de los 38 requisitos de accesibilidad web no se cumplían de ningún modo y solo se daba respuesta a cuatro de forma íntegra.

El informe del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC), según apunta eldiario.es, señala que “el 68,4 por ciento de los requisitos no se cumplen” y más del 50 por ciento de los errores se dan en la mayoría de las páginas. Un dato que para la entidad es susceptible de reflejar “un problema sistemático en la aplicación de los criterios de accesibilidad”.

La página de Vueling presentaba carencias para personas con discapacidad visual y motriz, además de deficiencias en las etiquetas de los formularios. Lo más llamativo de este caso es que, a pesar de que la empresa ha tenido la posibilidad de ajustarse a los estándares de usabilidad, no lo ha hecho en cinco años. Lo cierto es que la inacción tras la auditoría de errores tiene un coste: 90.000 euros.

Vueling ha manifestado a eldiario.es que aproximadamente la mitad de las correcciones ya se han ejecutado y ya está trabajando para ejecutar el resto de mejoras.

Existen varios ejemplos de sitios web no accesibles que han sido multados por no cumplir con las normativas de accesibilidad digital

Entre los casos más conocidos se encuentran:

1. La Generalitat Valenciana: En 2020, la Generalitat Valenciana fue multada por no cumplir con las normativas de accesibilidad web en su portal institucional. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló a favor de una persona con discapacidad visual que denunció que el sitio web no estaba correctamente adaptado a las normativas de accesibilidad.
2. Banco Santander: En 2019, Banco Santander recibió una sanción por no cumplir con la accesibilidad en su sitio web. La Fundación ONCE presentó una queja argumentando que el sitio web no cumplía con los estándares internacionales de accesibilidad, afectando a personas con discapacidades visuales y auditivas.
3. H&M: En 2020, la marca de ropa H&M fue multada en los EE. UU. por no tener su tienda en línea accesible para personas con discapacidades visuales. El sitio web no estaba diseñado de manera que los usuarios con lectores de pantalla pudieran navegar correctamente, lo que provocó que un grupo de consumidores con discapacidades presentara una demanda.

Estos casos destacan la importancia de garantizar que los sitios web sean accesibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades. Las sanciones reflejan el creciente énfasis en la inclusión digital y la necesidad de cumplir con las leyes de accesibilidad.

Estos son solo algunos de los ejemplos que demuestran que las consecuencias de no cumplir con las normativas son serias y perjudiciales para cualquier empresa.

Consecuencias para las empresas que no cumplen con la accesibilidad web

Las sanciones por no cumplir con las normativas no solo afectan a las finanzas de las empresas, sino también a su reputación. Las multas económicas pueden ser importantes, dependiendo del tamaño de la empresa y la gravedad de la infracción, pero el daño a la imagen corporativa es a menudo aún más costoso.

En muchos casos, las empresas sancionadas sufren una pérdida significativa de clientes y confianza debido a que no han demostrado responsabilidad social. A medida que las personas se vuelven más conscientes de la importancia de la accesibilidad, las empresas que no se ajusten a las normativas perderán competitividad en el mercado.

Cómo evitar sanciones

Para evitar sanciones y mejorar la experiencia digital de todos los usuarios, las empresas deben asegurarse de que sus sitios web y aplicaciones sean completamente accesibles. 

Esto incluye hacer uso de tecnologías como la ampliación de texto, navegación por teclado y la compatibilidad con lectores de pantalla. Además, es fundamental realizar auditorías de accesibilidad periódicas y realizar mejoras continuas para mantenerse al día con las regulaciones.

Esta inversión empresarial no solo ayuda a cumplir con la ley, sino que también amplía el alcance del público objetivo y demuestra un compromiso con la inclusión.

Es recomendable que las empresas revisen regularmente las normativas y se suscriban a actualizaciones de entidades reguladoras para mantenerse informadas sobre cualquier cambio y evitar sanciones.