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Alberto Aláiz pelea por sus condiciones y de sus compañeros desde su silla de ruedas. Él sufrió una mala caída en 2015 practicando su deporte, el rugby. Sigue luchando para lograr mejores indemnizaciones y cambiar una ley y un sistema de seguros deportivos que deja desprotegidos a los deportistas.
El campo de batalla son la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde ha denunciado la colusión casi carteliana que, en su opinión, practican las compañías de seguros que se hacen con los más de 3,5 millones de pólizas de seguro obligatorias que deben poseer todos los deportistas federados en España (un mercado de más de 600 millones de euros anuales), y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde sigue su lento camino su reclamación por una indemnización superior a la de 12.000 euros que percibió.
Alberto Aláiz comenzó esta batalla en el Congreso en 2018
Alberto Aláiz luchó en 2018 por actualizar una ley que databa de 1993 y que estaba firmada por el entonces ministro de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba. Aquel texto rezaba lo siguiente en la década de los 90: “La obligatoriedad para todos los deportistas federados que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal de estar en posesión de un seguro que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente”.
Además, Alaiz tuvo que adaptar su casa debido a la tetraplejia: “Mi vida ha cambiado pero yo no he podido ni adaptar mi casa a mi tetraplejia, para lo que me hicieron un presupuesto de 80.000 euros, ni adaptar el coche o pagarme una rehabilitación que no sea puramente de mantenimiento. No pude percibir una ayuda para comprarme la silla de ruedas, pues el seguro solo financia material ortopédico para la curación, y el seguro considera que yo no tengo curación”.
Alberto Aláiz habla sobre el tipo de licencia federativa
Alberto Aláiz recordó que su licencia federativa de rugby le costaba 183 euros. De aquellos 183 euros, 135 corresponden al seguro, contratado con una compañía de seguros por la federación madrileña. “Por solo ocho euros más, la protección sería de 120.000 euros, he visto después, pero en las federaciones se quedan con el mínimo y aún me dicen en el CSD que si se sube el seguro muchas federaciones no podrían asumirlo”.
El Congreso de Diputados aprobó en marzo de 2018 una proposición no de ley (PNL) para que el Estado aceptara cumplir la actualización trienal de las indemnizaciones mínimas que ordenaba el real decreto que desarrolla la Ley del Deporte, fijadas en 1993 en dos millones de pesetas, que son los mismos 12.000 euros actuales, pues, evidentemente, nunca han sido actualizadas.
El CSD no podría subir el precio de las indemnizaciones porque tendría que subir la mutualidad
La abogada de Alberto Aláiz ha declarado que: “Cuando en el CSD nos dicen que no se pueden subir las indemnizaciones porque el coste de los seguros sería inviable para las federaciones, nosotros les mostramos que la Federación Madrileña de Rugby contrató un seguro adicional, con una indemnización de 120.000 euros, por solo ocho euros más".
"Y también en el CSD nos dicen que los 12.000 euros son cuantía mínima, que el deportista puede contratar un seguro mayor, pero desde 2012, desde que se disolvió la Mutualidad General Deportiva, son las federaciones las que toman los seguros con las compañías, y no los beneficiarios del seguro”.
El seguro es individual pero no lo contrata el deportista sino las federaciones territoriales o provinciales que son las que llegan a acuerdos. Algunas federaciones, incluso, han llegado a contratar menor número de seguros que de licencias, calculando que era imposible que todos sus deportistas se accidentaran a la vez.
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