10/01/2025 - 12:30
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En España, más de 190.000 personas esperan la resolución de sus solicitudes de asilo, una cifra que refleja el colapso del sistema de protección internacional en el país. Según el balance 2024 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), hasta el 30 de noviembre se registraron más de 155.000 nuevas peticiones, con un predominio de ciudadanos provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, quienes representan cerca del 70 % de las solicitudes.
A pesar de este alto volumen, las estadísticas son preocupantes: el 47 % de las solicitudes tramitadas fueron denegadas, solo un 14 % se resolvieron favorablemente, y a un 39 %, principalmente venezolanos, se les concedió un permiso humanitario menos garantista.
Ruta migratoria de Canarias y menores no acompañados
La ruta de Canarias sigue siendo una de las más mortales del mundo. En 2024, más de 40.000 personas arriesgaron sus vidas para llegar al archipiélago, y cerca de 1.000 murieron en el intento. Además, CEAR destacó la situación crítica de más de 5.000 menores migrantes no acompañados atendidos en Canarias, una cifra que supera con creces la capacidad de acogida de las instituciones.
CEAR subrayó la necesidad de medidas urgentes que redistribuyan equitativamente a estos menores entre comunidades autónomas y modifiquen el artículo 35 de la Ley de Extranjería para garantizar su protección y derechos.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo: un retroceso en derechos
El 2024 fue definido por CEAR como “el año en que la Unión Europea pactó contra el asilo”, en referencia al Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en abril. Según la organización, este acuerdo podría tener efectos devastadores para los derechos humanos al priorizar políticas de externalización de fronteras, retorno acelerado y detenciones sistemáticas en las fronteras.
En su análisis, CEAR criticó que España, durante su presidencia del Consejo Europeo, no liderara una política migratoria centrada en los derechos humanos. En cambio, el Plan de Implementación presentado a la Comisión Europea deja abierta la posibilidad de vulnerar derechos fundamentales como el acceso a asistencia jurídica gratuita y el análisis individualizado de cada solicitud de asilo.
El Reglamento de Extranjería: avances insuficientes
El nuevo Reglamento de Extranjería incluyó ciertas mejoras, como la reducción de un año en el tiempo necesario para solicitar la regularización, la flexibilización de requisitos y el desarrollo de visados como vía regular de entrada. Sin embargo, CEAR señaló que estas reformas son insuficientes para abordar los desafíos estructurales del sistema migratorio.
Para los más de 190.000 solicitantes de asilo pendientes de resolución, el riesgo de quedar en situación administrativa irregular si sus peticiones son denegadas persiste. CEAR destacó que las propuestas de la sociedad civil han tenido poco impacto en las normativas aprobadas, lo que evidencia una participación limitada de estas organizaciones en el diseño de políticas públicas.
De cara al futuro, CEAR subrayó la importancia de trabajar en una nueva Ley de Asilo que garantice los derechos de los migrantes y refugiados en España.
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