Expertos de la ONU denuncian 223 muertes en un año por ataques de EE.UU. a embarcaciones

Expertos de la ONU denuncian la muerte de 223 personas en un año por ataques de EE.UU. contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico

El uso unilateral de la fuerza letal en operaciones de interdicción marítima contra presuntos narcotraficantes ha vuelto a situar las políticas de seguridad de Washington bajo el escrutinio directo del derecho internacional. Según denuncian relatores y expertos independientes de las Naciones Unidas a través de ONU Noticias, al menos 223 personas han muerto en el último año durante ataques militares con misiles y fuego de artillería perpetrados por EE.UU. contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

Los expertos advierten de que estas acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales arbitrarias que vulneran el derecho fundamental a la vida y las garantías del debido proceso.

Ausencia de conflicto armado y la ilegalidad de las ejecuciones sumariales

La justificación legal esgrimida por las autoridades estadounidenses carece de validez bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos:

• Inexistencia de un conflicto armado reconocido: Los relatores subrayan que la lucha contra el narcotráfico no se encuadra en un conflicto bélico entre partes combatientes, por lo que el uso defensivo de la fuerza letal militarizada no está amparado por las leyes de la guerra.
• Prohibición categórica de matar sin juicio: El derecho internacional prohíbe de forma absoluta la ejecución sumaria de sospechosos de cometer delitos, tanto en tierra como en alta mar. Los presuntos traficantes de drogas no son combatientes y deben ser detenidos para someterse a un juicio justo.
• Falta de pruebas y uso desproporcionado de la fuerza: EE.UU. ha ejecutado estos ataques mortales sin aportar evidencias contrastadas que justifiquen la existencia de una amenaza inminente para la vida de sus efectivos o la seguridad de su territorio.

Incumplimiento del deber de salvamento y búsqueda de supervivientes

Más allá del impacto directo del armamento utilizado contra las lanchas, los expertos denuncian omisiones sistemáticas tras las intervenciones navales:

• Vulneración de la obligación de rescate: El derecho de la navegación y los convenios internacionales obligan a cualquier Estado a prestar auxilio inmediato a las personas que queden en peligro de naufragio tras una operación en el mar.
• Abandono de tripulantes a la deriva: En múltiples episodios reportados, las fuerzas atacantes no desplegaron protocolos de búsqueda, salvamento ni asistencia médica para los supervivientes.
• Riesgo de desaparición forzada: La falta de transparencia sobre la identidad de los fallecidos y la suerte de los tripulantes desaparecidos ha motivado la intervención del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Exigencias de la ONU ante los EE.UU.: revisión de políticas y rendición de cuentas

Ante la gravedad de los hechos, el grupo de expertos independientes exige una rectificación inmediata a la administración estadounidense:

• Suspensión de las operaciones mortales: Llamamiento urgente a Washington para detener la campaña de interdicción marítima letal y adaptar sus patrullajes al marco estricto de los derechos humanos.
• Investigaciones independientes e imparciales: Exigencia de abrir investigaciones judiciales transparentes que aclaren la responsabilidad de los mandos militares e institucionales implicados en las 223 muertes.
• Reparación a las familias de las víctimas: Obligación de indemnizar a las familias de los fallecidos y proporcionar información oficial a las naciones de origen de los tripulantes atacados en aguas del Caribe y del Pacífico.

El derecho internacional prohíbe categóricamente matar a presuntos delincuentes sin juicio, tanto en tierra como en el mar; la lucha contra el narcotráfico no puede justificar ejecuciones extrajudiciales.