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En el año 2020 se produjeron en España 13.006 incidentes de ocupación de inmuebles, de los que en Cataluña se produjeron más de la mitad (6.259) y, dentro de esta comunidad, la gran parte se produjo en la provincia de Barcelona (4.527).
En el resto de las comunidades, el número de episodios de entrada en inmuebles fue muy inferior, ya que en Canarias se dieron 513 casos, 496 en Castilla-La Mancha, 165 en Castilla y León, 194 en el País Vasco y 151 en Galicia.
Carteles de "se alquila" y "se vende" parecen estar desapareciendo como por arte de magia de las calles de Cataluña
Durante los seis primeros meses de 2020, el número de ocupaciones denunciadas en la ciudad fue de 2.644, aunque la cifra real es con toda seguridad mucho mayor. Según el censo oficial del Ayuntamiento de Barcelona, en la ciudad hay aproximadamente 10.000 pisos vacíos, el 1,22 % del parque inmobiliario local.
Pero esas cifras son sólo la punta del iceberg de los datos de la ocupación. Porque la mayoría de los propietarios, a la vista de la protección legal de la que gozan los okupas, ni siquiera llegan a denunciar.
Precisamente el PP tiene planteada en el Pleno del Senado una interpelación al Gabinete de Pedro Sánchez sobre las medidas que va a tomar "para combatir judicialmente de forma más eficaz los cada vez más numerosos casos de ocupación ilegal de viviendas que se están produciendo en nuestro país".
A este respecto, en la respuesta del Ejecutivo enviada al Congreso y a la que ha tenido acceso Servimedia, se indica que la cifra de 13.006 incidentes de ocupación de inmuebles se refiere a “hechos conocidos” de “delitos y faltas”, el allanamiento de morada y la usurpación.
Los propietarios han empezado a contratar empresas que cuentan con un servicio de policía y de justicia privado a la vista del desamparo al que son sometidos por los verdaderos cuerpos de seguridad y tribunales de Justicia.
El coste de una ocupación se ha de sumar al del precio de compra
Al lucro cesante, los propietarios de pisos okupados deben sumar el coste del proceso judicial y el de las reformas de su propia vivienda, que acaban haciéndose dos veces. La primera, antes de que entren los okupas en la propiedad. Okupas que suelen conocer y preferir los pisos recién reformados. La segunda, cuando estos salen de ella.
En muchos casos, ese gasto es suficiente para convertir en ruinosa la compra de cualquier vivienda que se pretenda destinar a alquiler.
La tolerancia de las administraciones ha generado diferentes modalidades de ocupación en Barcelona
Desde la ocupación a la carta por parte de mafias que se comportan como agencias inmobiliarias paralelas, hasta el de los okupas que le exigen al propietario un contrato de alquiler por una cantidad mínima después de okupar su vivienda y superado el plazo de 48 horas que marca la ley para la consolidación legal del allanamiento.
En muchos de estos últimos casos, el propietario acaba accediendo al chantaje de los okupas al consultar con sus abogados y darse cuenta de que es mejor cobrar una cantidad testimonial que entablar un caro y extenuante procedimiento judicial que durará meses, quizá años, y que acabará con su piso destrozado por los okupas en venganza por su desalojo.
En otros casos, los okupas barceloneses han llegado a instalar puertas de seguridad en las viviendas allanadas, con la ayuda de cerrajeros profesionales, para evitar una posible intrusión del propietario.
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