22/10/2024 - 12:30
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El Pleno del Congreso de los Diputados iniciará hoy martes el trámite del proyecto de ley que el Gobierno ha aprobado para eliminar la extinción automática de los contratos laborales en casos de incapacidad permanente debido a discapacidades sobrevenidas. Esta medida es resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
El proyecto de ley modifica el texto consolidado del Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social en lo referente a la extinción de los contratos de trabajo por incapacidad permanente. Antes de su avance, deberá enfrentar una enmienda a la totalidad presentada por Vox, que busca frenar su tramitación y devolverlo al Gobierno.
Cermi busca apoyo político para reformar contratos de trabajo
Con respecto a los contratos de trabajo, el Cermi ha mantenido conversaciones con diversos grupos políticos para solicitar su apoyo al proyecto y oponerse a la enmienda de Vox. La organización espera contar con un respaldo amplio por parte de los partidos a esta necesaria reforma del marco laboral, que brindará un trato adecuado y respetuoso a los trabajadores con discapacidades sobrevenidas.
Este texto fue promovido por el Ministerio de Trabajo y el de Derechos Sociales a principios de año, en el marco de la reforma del artículo 49 de la Constitución, que busca sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” y reforzar la protección de los derechos de este grupo de la población.
En el debate de este martes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defenderá el proyecto de ley, según confirmaron fuentes del Ministerio.
El contenido legal
La modificación del artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores eliminará la referencia a la extinción automática de los contratos por Gran Incapacidad, Incapacidad Permanente Absoluta e Incapacidad Permanente Temporal, separando estas causas del fallecimiento del trabajador.
La posibilidad de extinguir los contratos, que hasta ahora estaba a cargo de la empresa, ahora dependerá de la decisión del trabajador, quien podrá solicitar una adaptación razonable de su puesto o un cambio a otro puesto vacante y adecuado a su perfil profesional y situación.
La evaluación de costes
El texto también establece criterios para determinar cuándo los ajustes necesarios suponen un coste excesivo para la empresa, evaluando si los gastos de adaptación pueden ser cubiertos total o parcialmente por ayudas o subvenciones públicas, así como si son razonables en relación al tamaño de la empresa.
Por otro lado, la enmienda a la totalidad de Vox argumenta que, aunque la reforma busca garantizar la continuidad de los contratos, el Gobierno “comete un error en su aplicación práctica”.
La carga económica
Además, Vox sostiene que el proyecto de ley “traslada la carga económica de la prestación por incapacidad permanente desde la Seguridad Social a las empresas”, ya que, si el trabajador opta por conservar su puesto, la empresa deberá asumir el salario y las contribuciones del empleado, sin que reciba la prestación pública.
“Aunque hay aspectos positivos, hay que considerar la carga excesiva que enfrentará la empresa, que tras haber contribuido a un sistema que puede resultar en una incapacidad permanente, deberá seguir asumiendo en exclusiva las obligaciones económicas hacia la persona afectada”, añade.
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