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Tras un parón durante el confinamiento, hemos vuelto a odiar a lo bestia, a odiar hasta elevar a delito un sentimiento humano.
De hecho, País Vasco, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las que presentan una mayor tasa de delitos de odio por cada 100.000 habitantes, según el último informe que ha publicado el Ministerio del Interior relativo a 2020.
Melilla, a la cabeza en delitos de odio
El informe del que hablamos muestra una representación territorial de hechos relativos a delitos de odio en el año 2020 que sitúa a la cabeza a Melilla, con una tasa de delitos de odio de 11,48 % por 100.000 habitantes, seguido de País Vasco con una tasa de 9,95 %, Navarra con un 7,71 % y Ceuta con un 3,56 .
Por provincias, Álava es la que mayor tasa de delitos de odio presenta con un 13,48 %; le sigue Melilla con 11,48 %; Vizcaya con el 10,26 %; Guipúzcoa con 7,84 %; Navarra con el 7,71 %; Burgos con el 5,03 %; Lleida con 4,56 %; Albacete con 4,12 %; Cuenca con 4,08 % y Tarragona con 3,80 %.
En 2020 se recogieron 1.401 denuncias de esta índole, mayoritariamente por racismo, ideología y orientación sexual
Pese a que en ese año la criminalidad disminuyó un 17,9 % con respecto a 2019, los datos están "desvirtuados debido al confinamiento y las restricciones por la pandemia", así lo ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en una rueda de prensa a los medios de comunicación.
De esas 1.401 denuncias registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los delitos de odio se distribuyen entre los siguientes ámbitos: Racismo/xenofobia (485); ideología (326); orientación sexual e identidad de género (277); discriminación por sexo/género (99); creencias o prácticas religiosas (45); personas con discapacidad (44); antigitanismo (22); discriminación por razón de enfermedad (13); aporofobia (10); discriminación generacional (10) y antisemitismo (3).
Nueve de cada diez víctimas no denuncia
Por otra parte, el análisis de la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio sobre las 437 respuestas cumplimentadas a un formulario/encuesta gestionado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (Ondod) revela que, a pesar de haberse sentido víctimas, un porcentaje muy elevado de las personas encuestadas (89,24 %, es decir, 390 de 437) no denunció.
Respecto de las personas que interpusieron denuncia en dependencias policiales (47), algo mas de la mitad calificó la información facilitada por las fuerzas de seguridad sobre los derechos que les asisten como víctimas como "buena" o "regular".
Asimismo, un 70,21 % respondió que la respuesta policial fue "rápida" o "regular" y la mayoría contestó que se les respetó su intimidad durante la actuación policial y que se sintió protegida por los agentes policiales "mucho" o "regular".
La aporofobia, el delito de odio más desconocido en España
La aporofobia —el odio a las personas pobres— se convirtió el pasado 25 de junio en agravante de delitos al igual que lo es el racismo o la homofobia, gracias a la entrada en vigor de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, que incluye esta nueva regulación para proteger a las personas en situación de pobreza en España.
Esta discriminación a las personas pobres se ha constatado en el Informe sobre la evolución de los delitos de odio y que contabiliza los hechos conocidos por aporofobia desde 2013. En el año 2020 se registraron diez delitos por aporofobia, de los cuales nueve de ellos fueron esclarecidos. Estas cifras suponen sólo un 0,7 % del total en territorio nacional.
Los delitos por aporofobia en 2020 se concentraron en solo cuatro comunidades autónomas, destacando la Comunidad de Madrid con cuatro hechos notificados. El resto de comunidades autónomas son Cataluña —con dos hechos delictivos notificados en Barcelona—, País Vasco —con dos casos denunciados en Álava— y la Comunidad Valenciana —con un registro en Valencia y otro en Alicante—.
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