Avance en derechos: Reforma de la Ley de discapacidad y dependencia

El Consejo de Ministros dará un paso clave en la garantía de derechos para las personas con discapacidad al aprobar el anteproyecto de reforma de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Dependencia.

Esta modificación se enmarca dentro de la reciente reforma constitucional, tras la modificación del artículo 49 en febrero pasado. La iniciativa responde a una demanda histórica del movimiento de la discapacidad, que ha luchado durante años por una actualización normativa que refleje mejor sus necesidades.

Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, destaca la relevancia de esta reforma al señalar que se trata de "una oportunidad histórica para transformar el sistema de atención a la dependencia". Su objetivo es garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como la de sus familias. Esta reforma busca poner fin a muchas de las barreras que estas personas enfrentan en su día a día.

Reivindicaciones claves para asegurar derechos por Plena Inclusión

Desde Plena inclusión, organización que agrupa a 950 asociaciones en todo el país y apoya a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, se han establecido varias prioridades que la reforma debe abordar:

• Reducción de listas de espera: Especialmente en los servicios comunitarios de vivienda, afectados por la escasez de pisos y casas adaptadas.
• Actualización de la cartera de servicios: Los actuales servicios son obsoletos y no responden a las necesidades reales de las personas con discapacidad.
• Fomento de nuevos perfiles profesionales: Incorporar figuras como el asistente personal y el conector comunitario permitiría una vida más independiente dentro de la comunidad, evitando la institucionalización en grandes residencias alejadas de sus entornos familiares y sociales.
• Eliminación del copago excesivo: Muchas familias enfrentan serios problemas económicos debido al alto costo de los servicios, lo que impacta negativamente en su calidad de vida.
• Libertad de elección en los apoyos: Un sistema más flexible permitiría a cada persona decidir qué tipo de apoyo necesita y cómo recibirlo.
• Prohibición de cambios forzosos al cumplir 65 años: Actualmente, muchas personas con discapacidad son trasladadas a otros recursos al llegar a esta edad, lo que vulnera su estabilidad y derechos.

El papel de la financiación en la reforma

Uno de los puntos más críticos de la reforma es su financiación. Plena inclusión recalca que sin un aumento de los presupuestos estatales y autonómicos, estas modificaciones no podrán implementarse de manera efectiva. Además, es crucial invertir en tecnología de apoyo y en la modernización de la red de servicios para garantizar una atención de calidad.

La organización también insiste en la necesidad de reactivar el Plan de Choque de Dependencia. "Nos preocupa el impacto de la ausencia de apoyos o su baja intensidad en el ejercicio de los derechos y en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias", explica Laucirica.

Uno de los datos más preocupantes que refleja la situación actual es la reducción del gasto por persona atendida. Según el Observatorio de la Discapacidad, este gasto ha caído drásticamente, pasando de 8.145 euros en 2010 a 5.982 en 2024, lo que supone una reducción del 26,6%. Este descenso se produce a pesar del aumento del coste de la vida, lo que hace aún más urgente una intervención económica decidida por parte del Estado.

Lecciones de la pandemia y nuevos modelos de atención

La pandemia de COVID-19 evidenció las deficiencias del sistema de dependencia y la necesidad de buscar modelos más eficaces y humanizados. Plena inclusión destaca iniciativas innovadoras como el proyecto 'Mi Casa: una vida en comunidad', que ha demostrado que es posible proporcionar cuidados de calidad a personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo dentro de entornos comunitarios.

En conclusión, la reforma de la Ley de Discapacidad y Dependencia representa un avance crucial en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y la asignación de recursos suficientes para hacer realidad las demandas de este colectivo. La oportunidad es única, y el reto es garantizar un sistema más justo, inclusivo y sostenible para todos.