España consiguió un despliegue de banda ancha en más del 40 % de los municipios en 8 años

La digitalización conlleva una amplia necesidad de infraestructuras que permitan el acceso a las redes de datos. Sin embargo, estas infraestructuras no se construyen de la misma forma en todas las áreas. Por eso, el Gobierno lanzó ayudas para el despliegue de la banda ancha por el país, para cubrir el hueco que las empresas privadas no eran capaces de suplir, a pesar de la demanda. Ahora, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha estudiado el impacto de estas ayudas.

El informe emitido por esta comisión, se ha realizado tomando en cuenta como inicio el año 2013, hasta el 2020. En este periodo de 8 años, han constatado que las subvenciones de 344 millones de euros destinadas al despliegue de banda ancha, consiguieron llevar estas infraestructuras necesarias para la digitalización, a más del 40 % de los municipios españoles. Es necesario tomar en cuenta, que este porcentaje se suma a las infraestructuras previas.

La banda ancha consiguió llegar al 40 % de los municipios españoles

En este despliegue de banda ancha, las redes de fibra óptica tuvieron un peso predominante, según el análisis cuantitativo de las ayudas públicas por parte de la CNMC. En el informe también se refleja que el número de municipios con fibra óptica se multiplicó por 15 (de 270 a 4.000), entraron nuevos operadores en el mercado y los consumidores tuvieron más ofertas a su disposición. Una buena noticia tanto para empresas como para consumidores.

De esta forma, en 2020, el 91% de los municipios contaba con dos o más compañías que ofrecían fibra óptica en su zona. Esto hizo que empresas como Telefónica, a pesar de tener el mayor número de accesos activos, perdiese doce puntos de cuota de mercado desde 2013. Pero no fueron los únicos efectos en el mercado de este despliegue de banda ancha. También se dieron algunos solapamientos con infraestructuras privadas.

Por este motivo, la CNMC ha pedido que exista una mejor coordinación en las actuaciones de las administraciones nacional y autonómicas para evitar solapamientos y duplicidades, además de evitar que las ayudas públicas acaben jugando un papel contrario al incentivo de las inversiones privadas.

De esta misma forma, también han solicitado que se fomente el efecto procompetitivo de las subvenciones y la neutralidad tecnológica, aprovechando las infraestructuras de banda ancha ya existentes, e imponiendo condiciones de acceso de terceros a las redes subvencionadas.

La brecha tecnológica con las zonas más alejadas

Las ayudas públicas han facilitado que la banda ancha llegue a las zonas menos conectadas de España, donde los operadores no tienen incentivos para invertir. Se han centrado, sobre todo, en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes, para de esta forma trabajar en acabar con la brecha digital.

Entre 2013 y 2020, las comunidades autónomas con menos accesos activos de fibra (como Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha o Castilla y León) fueron las que más ayudas recibieron. Pese a estas ayudas, 4.167 municipios carecían en 2020 de banda ancha, de los cuales el 92% tenían menos de 1.000 habitantes.