Las personas con discapacidad por salud mental, las más excluidas del mercado laboral en España

La inserción laboral de las personas con discapacidad sigue siendo un desafío en España, pero las dificultades se acentúan aún más cuando se trata de aquellas con una discapacidad derivada de trastornos de salud mental. Según el informe Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad, elaborado por la Fundación Randstad y Randstad Research, solo el 19 % de este colectivo se encuentra empleado, muy por debajo del 28,5 % que alcanza el conjunto de las personas con discapacidad.

Este informe, basado en los últimos datos de 2023 proporcionados por el IMSERSO y el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela una realidad preocupante: la tasa de actividad de las personas con discapacidad por salud mental es de apenas el 27 %, mientras que para el total de personas con discapacidad asciende al 35 %. Esto quiere decir que solo uno de cada cuatro está en condiciones de participar en el mercado laboral, mientras que el 73 % permanece inactivo, lo que refleja barreras más significativas de acceso al empleo en comparación con otros tipos de discapacidad.

Discapacidad por salud mental: Un colectivo que crece, pero con más exclusión

Actualmente, en España hay 315.200 personas con discapacidad por salud mental, una cifra que ha aumentado un 18 % en los últimos nueve años, superando el crecimiento del 12 % observado en el conjunto de personas con discapacidad. Sin embargo, este incremento en el número no se ha traducido en una mayor inclusión laboral. Entre 2014 y 2023, el número de personas inactivas dentro de este grupo ha crecido un 21 %, frente al 9 % de incremento en la población con discapacidad general.

Las tasas más bajas de empleo y actividad se encuentran justamente en este segmento de la población con discapacidad por salud mental. Esto indica que, además de enfrentar las barreras comunes que afectan a las personas con discapacidad, aquellas con afecciones de salud mental se enfrentan a estigmas adicionales, falta de apoyos adecuados y políticas laborales aún insuficientes para su inclusión real y efectiva.

Un llamado a la acción para cerrar la brecha

Desde la Fundación Randstad, María Salsamendi, directora de Innovación Social, ha subrayado la urgencia de actuar frente a esta desigualdad: “Las cifras muestran que es necesario seguir trabajando y aunando esfuerzos para conseguir que esta brecha disminuya cada vez más y garantizar un acceso igualitario al empleo para todos”.

Salsamendi también insistió en el compromiso de la fundación por colaborar con las empresas para que integren a personas con discapacidad en igualdad de condiciones, se por salud mental u otras afecciones, destacando que la inclusión de talento diverso no solo es un deber social, sino también una oportunidad para el crecimiento organizacional.

Una perspectiva más amplia: Evolución general del empleo entre personas con discapacidad

A pesar de los desafíos persistentes, el informe también presenta ciertos avances en la empleabilidad del colectivo con discapacidad en general. España cuenta actualmente con cerca de 3,4 millones de personas con certificado de discapacidad, lo que representa el 7 % de la población. Aunque esta cifra ha disminuido ligeramente, la población en edad laboral con discapacidad ha crecido, alcanzando los 1,95 millones de personas. Este aumento del 12 % en nueve años refleja una progresiva incorporación de este grupo a la vida activa.

Además, la tasa de actividad general de las personas con discapacidad ha alcanzado un 35,5 %, el nivel más alto desde 2014. El número de personas con empleo dentro de este colectivo también ha crecido un 3,2 %, llegando a las 554.500 personas empleadas, lo que eleva la tasa de empleo al 28,5 %. De igual forma, el desempleo ha mostrado una tendencia a la baja, con 11.700 personas menos en situación de paro, situando la tasa de desempleo en el 19,7 %, una mejora frente al 21,6 % registrado el año anterior.

El informe también destaca diferencias significativas entre comunidades autónomas. Ceuta y Melilla lideran con una tasa de actividad del 50,7%, seguidas por el País Vasco y Cantabria. En el lado opuesto, Canarias presenta la tasa más baja, seguida por Andalucía y Galicia. Estas diferencias territoriales sugieren que las oportunidades de inclusión también dependen del contexto geográfico, lo que invita a adoptar políticas más específicas y adaptadas a cada realidad.

La inclusión real aún está pendiente

Si bien los avances generales en el empleo de personas con discapacidad son alentadores, los datos relativos a las personas con discapacidad por salud mental dejan en evidencia una importante deuda social.

La brecha de empleo, sumada al alto índice de inactividad, pone de manifiesto la urgencia de implementar estrategias más efectivas, sensibles y sostenidas que promuevan una inclusión laboral auténtica y sin discriminación para todos los colectivos, sin importar el tipo de discapacidad.