El CSIF pide una ley que regule los riesgos laborales de los bomberos de toda España

Madrid, 7 may (EFE).- El sindicato CSIF ha exigido hoy una ley que regule la seguridad y salud laboral de los bomberos españoles y una dotación presupuestaria específica, tanto local como regional y estatal, que palíe las "graves irregularidades" que ha detectado en una encuesta, y que han denunciado en la Inspección de Trabajo.

Responsables del sindicato han informado en rueda de prensa sobre el resultado de una encuesta efectuada a 2.000 bomberos de toda España sobre sus condiciones laborales, que ha desvelado "graves deficiencias" en materia de seguridad y salud laboral, motivo por el que acaban de presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Entre otros aspectos, la encuesta refleja que el 83 % de los encuestados no ha recibido formación en prevención de riesgos, el 60 % no se hace un reconocimiento médico anual, el 71 % sufre accidentes laborales y el 75 % cree que sus coches no se han evaluado y además no pasan las revisiones correspondientes.

Por eso el sindicato reclama una ley marco reguladora de los servicios de protección y extinción de incendios que regule, a nivel nacional, las condiciones laborales de los bomberos. Para ello CSIF iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para promover esa iniciativa.

También pide una actualización del cuadro de enfermedades profesionales en un nuevo real decreto que incluya la profesión de bomberos y una dotación presupuestaria específica, tanto a nivel local como regional y estatal, para programas y políticas de prevención de riesgos.

El responsable de CSIF en los bomberos de la Comunidad de Madrid, Juan Carlos Martínez, ha denunciado "la desprotección de las administraciones públicas" hacia el Cuerpo, lo que a veces "hace difícil decirle a un compañeros que intervenga" en una situación de riesgo.

"Estamos dispuestos a dar la vida por el ciudadano, sin duda, pero queremos que la administración apoye nuestras demandas y se ponga de nuestro lado", ha sostenido.

Ha recordado el caso de un bombero que falleció en Oviedo y cuya viuda solo ha recibido 18.000 euros al considerarse que cometió "un supuesto acto temerario", y ha defendido que "a veces esa línea es tan fina, que pasarla nos hace salvar una vida".

Tras la rueda de prensa han contado su experiencia dos bomberos, uno de la Comunidad de Madrid y otro del Ayuntamiento de la capital, que han defendido el cambio legal que pide el sindicato para evitar casos como los suyos.

El primero, Fernando Picazo, sufrió un infarto en 2017 mientras intervenía en un incendio y nueve meses después está "a la espera de que alguien diga algo" sobre su futura reincorporación, con el temor de que le den una incapacidad laboral por la que solo cobraría el 55% de su sueldo.

Juan Carlos Escribano, de los bomberos del Ayuntamiento de la capital, se cayó desde ocho metros hace dos años y medio y, tras una dura rehabilitación que pagó él en buena parte, fue declarado apto para su trabajo por un tribunal médico, pero el servicio de facultativos del Cuerpo solo le ha dejado reincorporarse a labores de formación, lo considera injusto y le quita motivación.