El empleo español tiene que contar con trabajadores con discapacidad en sus plantillas

El ‘Libro Blanco de Empleo y Discapacidad’, elaborado por más de una treintena de expertos, defiende que se debería incrementar el porcentaje actual de reserva del 2 % de puestos de trabajo para personas con discapacidad y sostiene que sería “óptimo” extender esta obligación legal a las empresas que tengan al menos 25 trabajadores, ya que en la actualidad solo afecta a las que tienen 50 empleados.

Esta obra y su creación a sido impulsada por los ministerios de Trabajo y Economía Social y Derechos Sociales y Agenda 2030, junto con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

La obra recuerda que el tejido empresarial español está formado por más de un 99 % de pymes y micropymes y pide “reforzar el régimen sancionador en caso de incumplimiento, pues en la actualidad la infracción administrativa tipificada como grave resulta insuficiente para generar el efecto disuasorio adecuado”.

También propone prohibir el acceso a contratación público a aquellas empresas incumplidoras y sugiere reformar las medidas alternativas de cumplimiento cuando la empresa no cumpla la cuota de reserva del 2 %.

El empleo tiene que ser realmente inclusivo, porque aún hay una brecha muy grande

Por otra parte, la obra reclama una nueva legislación sobre inclusión laboral que debería conseguir en su primera década de vigencia que la tasa de actividad de las personas con discapacidad se incrementara en 10 puntos, reduciéndose así la brecha de 40 puntos que existe en la actualidad.

Además, destaca la necesidad de que las políticas activas y los servicios de empleo atiendan las necesidades de las personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres, a los residentes en entornos rurales o a quienes precisan de apoyos más intensos.

Igualmente, los expertos apremian a reforzar el papel del sector social de la discapacidad en el diseño de las políticas públicas de empleo.

En este sentido, insta a que la Plataforma del Tercer Sector (PTS) pueda participar también en mayor medida en el diseño y seguimiento de las políticas públicas, aunque aclara que ello no significa “minusvalorar el también importante papel que tienen las organizaciones sindicales y empresariales, a través del diálogo social”. “Sin embargo, hoy por hoy, sus propuestas y políticas en materia de discapacidad son deficitarias”, precisó.

Entre las peticiones del libro sobresale también el fomento del emprendimiento entre las personas con discapacidad; la apuesta por la formación con los apoyos necesarios, y la puesta en marcha de una autoridad independiente de evaluación y de medición de impacto del nuevo marco normativo y de las políticas públicas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad.

La inclusión laboral, un tema pendiente de resolver desde hace varias décadas

“La inclusión laboral de las personas con discapacidad, como tantas otras cuestiones en otras esferas determinantes para los derechos, para la inclusión, para el bienestar, es una cuestión no resuelta, y es una cuestión en la que ha faltado determinación, que ha faltado vigor, ha faltado convicción para abordarla. Quizá porque el problema es tan grande, tiene tantas dimensiones y magnitudes, que incluso un Gobierno con toda la voluntad, en cuatro años sería poco tiempo”, declaró el presidente del Cermi durante la presentación del libro esta semana en el Ministerio de Trabajo.

El máximo responsable de la plataforma representativa de la discapacidad en España elogió los “avances” en materia de mercado laboral y discapacidad en esta legislatura y mostró su agradecimiento al Gobierno, al tiempo que destacó que hay aspectos que se deben seguir abordando pues, de no hacerse, faltarían unos 40 años “para parecernos al resto de la población española” en lo laboral.

Por último, Pérez Rey subrayó que la elaboración de este libro que reúne el empleo y la inclusión, ha sido fruto del diálogo con los interlocutores del sector, al igual que las principales medidas que se han adoptado durante la legislatura en relación al empleo de las personas con discapacidad.