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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estima que el aumento de la financiación destinado al sistema de atención a la dependencia permitirá generar entre 107.735 y 115.050 nuevos puestos de trabajo en España durante los próximos años. Así lo recoge un documento difundido este viernes por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, tras la aprobación esta semana en el Congreso de varias medidas destinadas a reforzar la sostenibilidad del sistema.
El pasado martes, el Congreso dio luz verde a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad impulsada por el ministerio. Entre las principales novedades destaca la incorporación en la normativa de la obligación de que la Administración General del Estado financie el 50 % del coste de este sistema. Ese mismo día también quedó convalidado el real decreto-ley que incrementa la aportación estatal destinada a las comunidades autónomas para sufragar el denominado nivel mínimo de protección.
Aumentan las aportaciones estatales para dependencia a las comunidades autónomas
Las nuevas cuantías comenzaron a transferirse durante este mes de julio. Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, la financiación correspondiente al nivel mínimo experimenta un incremento medio del 82 %, aunque el aumento resulta especialmente significativo en los casos más graves.
En concreto, la financiación para las personas con un grado II aumenta un 100 %, mientras que para las de grado III el incremento alcanza el 128 %, reforzando así la atención a quienes presentan mayores necesidades de apoyo.
Paralelamente, el Consejo de Ministros aprobó también esta semana la distribución de los fondos correspondientes al denominado nivel acordado, la segunda vía de financiación estatal del sistema de dependencia. Esta partida contará con 120 millones de euros adicionales tanto en 2026 como en 2027.
Más de 6.200 millones adicionales entre 2026 y 2027
La suma de los incrementos previstos tanto para el nivel mínimo como para el nivel acordado supondrá que el Ejecutivo transfiera a las comunidades autónomas alrededor de 6.200 millones de euros adicionales entre los años 2026 y 2027.
El objetivo de esta inyección económica es acelerar la reducción de las listas de espera, ampliar el número de beneficiarios y reforzar la calidad de los servicios prestados. Las previsiones del Ministerio apuntan a que, gracias a este esfuerzo financiero, las listas de espera podrían reducirse en unas 71.000 personas antes de finalizar 2027.
Además, se calcula que el sistema incorporará aproximadamente 417.000 nuevos beneficiarios durante ese periodo. El ministerio considera que el aumento de recursos también permitirá mejorar las condiciones laborales de los profesionales dedicados a los cuidados y ampliar la oferta de servicios disponibles para las personas dependientes.
Desde Derechos Sociales califican esta inversión como un incremento "histórico" de la financiación pública destinada a la dependencia. Según las estimaciones oficiales, el aumento de recursos facilitará que las administraciones autonómicas puedan reforzar sus plantillas y ampliar la cobertura de los servicios.
Las previsiones sitúan la creación de empleo entre un mínimo de 107.735 y un máximo de 115.050 nuevos puestos de trabajo en todo el país, vinculados principalmente a la atención y los cuidados de personas dependientes.
En términos presupuestarios, la aportación de la Administración General del Estado alcanzará en 2026 un total de 5.513,8 millones de euros, de los cuales 4.543,8 millones corresponderán al nivel mínimo y 970 millones al nivel acordado.
Para 2027, la financiación ascenderá hasta los 7.239,4 millones de euros, repartidos entre 6.269,4 millones destinados al nivel mínimo y otros 970 millones para el nivel acordado.
Comparadas con las cifras contempladas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, las comunidades autónomas recibirán 6.162,9 millones de euros adicionales durante el conjunto de 2026 y 2027. De esa cantidad, 5.920,9 millones procederán del incremento del nivel mínimo y otros 242 millones corresponderán al aumento del nivel acordado.
Andalucía, Madrid y Cataluña concentrarán los mayores incrementos
Por territorios, Andalucía será la comunidad autónoma que reciba el mayor incremento de financiación para el nivel mínimo de dependencia, con 954 millones de euros adicionales entre ambos ejercicios. Según las estimaciones ministeriales, estos recursos permitirán incorporar más de 102.000 nuevos beneficiarios, reducir la lista de espera en más de 15.400 personas y favorecer la creación de 23.577 empleos.
La Comunidad de Madrid contará con 680 millones de euros adicionales, una financiación que podría traducirse en casi 61.000 nuevos beneficiarios, una reducción de cerca de 11.500 personas en lista de espera y más de 22.300 nuevos empleos.
Cataluña recibirá 567 millones de euros más, con capacidad para incorporar a unas 61.470 personas al sistema, disminuir la lista de espera en casi 25.000 personas y generar alrededor de 13.600 puestos de trabajo.
La Comunidad Valenciana dispondrá de 535 millones de euros adicionales, con una previsión de más de 61.700 nuevos beneficiarios, una reducción de más de 4.400 personas en espera y cerca de 12.700 empleos.
Reparto del incremento en el resto de comunidades
El resto de comunidades autónomas también verán reforzada su financiación. Castilla y León recibirá 341 millones de euros adicionales; Galicia, 270 millones; Canarias, 237 millones; y Castilla-La Mancha, otros 236 millones.
Por su parte, el País Vasco contará con 179 millones más, mientras que Aragón y la Región de Murcia recibirán 146 millones de euros cada una. Extremadura dispondrá de 114 millones adicionales, Baleares de 84 millones y Asturias de 79 millones.
Finalmente, Cantabria obtendrá 55 millones de euros adicionales, Navarra recibirá 38 millones y La Rioja contará con un incremento de 25 millones.
Según las previsiones del Ministerio de Derechos Sociales, todas estas inversiones contribuirán a ampliar la cobertura del sistema de dependencia, reducir las listas de espera en distinta medida según cada territorio y reforzar el empleo en el sector de los cuidados, consolidando así uno de los mayores incrementos de financiación pública destinados a la atención a la dependencia en España.
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