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La crisis migratoria que atraviesa Ceuta tras la entrada masiva de personas registrada el pasado 30 de julio ha abierto un nuevo escenario para la gestión de los cerca de 1.500 menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma. El Ejecutivo central ha trasladado al Gobierno ceutí cuatro mecanismos diferentes para organizar su traslado a distintos puntos de la península, con el objetivo de aliviar la presión sobre el sistema de protección de la infancia.
La decisión definitiva no corresponde al Gobierno de España, sino a Ceuta, que deberá escoger cuál de las fórmulas considera más adecuada para iniciar el proceso. Mientras tanto, el debate político continúa intensificándose, especialmente por el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a participar en un reparto de estos menores.
Cuatro alternativas para descongestionar el sistema de protección
El Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que la legislación vigente permite realizar la reubicación mediante los procedimientos habituales previstos en la ley de extranjería, aunque también contempla otras fórmulas complementarias que facilitarían una respuesta más rápida.
Entre las opciones presentadas figuran los traslados mediante convenios entre comunidades autónomas, la acogida a través de entidades sociales especializadas, el acogimiento familiar y el mecanismo de solidaridad obligatoria previsto en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, aprobada en 2025.
Según el departamento dirigido por Sira Rego, cualquiera de estas vías permitiría que los menores fueran atendidos por profesionales en diferentes territorios del país sin impedir que se estudie posteriormente su situación individual y las posibilidades de reunificación familiar cuando existan.
La propuesta prioritaria: 500 plazas gestionadas por entidades sociales
La alternativa que el Ministerio considera más inmediata es la colaboración con organizaciones sociales dedicadas a la protección de menores migrantes. De acuerdo con fuentes del departamento, al menos dos entidades han comunicado al Gobierno que disponen de unas 500 plazas repartidas en diversos recursos de acogida situados en la península.
Estas organizaciones asumirían directamente la atención de los menores, evitando que los servicios públicos de protección tengan que absorber de forma inmediata esa carga asistencial. Para poner en marcha el dispositivo sería necesario que el Gobierno de Ceuta solicitara formalmente esta modalidad y firmara los correspondientes convenios de colaboración.
El Ministerio calcula que los trámites podrían completarse en aproximadamente dos semanas, lo que permitiría iniciar los traslados con rapidez. Además, Sira Rego ha defendido que estas primeras plazas deberían reservarse prioritariamente para niñas, al considerar que constituyen uno de los colectivos más vulnerables dentro del actual perfil migratorio.
La ministra ha explicado que la composición del grupo de menores migrantes ha cambiado de manera significativa respecto a episodios anteriores. Entre los aproximadamente 1.500 menores ya identificados en Ceuta hay alrededor de 700 niñas y un elevado número de niños menores de 13 años.
No obstante, las autoridades advierten de que la cifra total podría aumentar en los próximos días, ya que todavía existen menores pendientes de ser identificados oficialmente. Por ese motivo, el Gobierno insiste en la necesidad de agilizar la distribución de recursos para garantizar entrevistas individualizadas y una valoración completa de cada caso.
El objetivo, según Juventud e Infancia, es conocer la situación personal de cada menor, determinar si dispone de familiares a los que pueda regresar y decidir la solución más adecuada respetando siempre sus derechos.
Otra de las fórmulas planteadas consiste en establecer acuerdos bilaterales entre Ceuta y comunidades autónomas dispuestas a colaborar de manera voluntaria. Este mecanismo permitiría organizar traslados urgentes e inmediatos mediante convenios específicos entre administraciones.
Hasta el momento, Navarra ha sido la única comunidad que ha mostrado públicamente su disposición a estudiar esta posibilidad. Su consejera, Carmen Maeztu, ha defendido que su Gobierno está dispuesto a acoger menores migrantes y cumplir con las obligaciones legales derivadas del sistema de protección, apelando a la solidaridad entre territorios.
El Ejecutivo considera que este tipo de acuerdos podría complementar otras medidas y acelerar la salida de menores de los centros saturados de Ceuta.
El acogimiento familiar también entra en escena
La tercera alternativa pasa por impulsar el acogimiento familiar. Según ha explicado Sira Rego, el Ministerio ha recibido numerosos mensajes de familias interesadas en ofrecer su hogar para acoger temporalmente a algunos de estos menores.
Aunque esta opción requiere evaluaciones individualizadas y procedimientos específicos para garantizar la idoneidad de las familias acogedoras, el Gobierno la mantiene sobre la mesa como una herramienta adicional para ampliar la capacidad de respuesta del sistema de protección.
La ministra ha subrayado que cualquier decisión deberá adoptarse siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y tras un estudio personalizado de cada situación.
Además de las medidas voluntarias, el Gobierno recuerda que actualmente está en vigor la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, aprobada en 2025. Esta modificación incorpora un mecanismo de “solidaridad obligatoria” destinado a redisuir menores migrantes no acompañados desde los territorios con mayor saturación hacia el resto de comunidades autónomas.
El Ministerio sostiene que este instrumento forma parte del marco legal vigente y constituye una de las herramientas disponibles para responder a situaciones excepcionales como la que vive actualmente Ceuta.
El PP rechaza cualquier reparto de menores
Las propuestas del Ejecutivo han encontrado una fuerte oposición por parte del Partido Popular y de las comunidades autónomas donde gobierna. Los populares consideran que la solución no pasa por distribuir a los menores entre los distintos territorios, sino por favorecer su devolución y reunificación con sus familias o, en su caso, su incorporación al sistema de protección de menores de Marruecos.
Durante la Conferencia Sectorial de Infancia, la consejera madrileña Ana Dávila afirmó que el Gobierno pretende trasladar a las autonomías un problema generado, a su juicio, por la falta de protección de las fronteras. Pese a ese enfrentamiento político, la reunión concluyó con la aprobación unánime de una transferencia de 25 millones de euros destinada a reforzar la atención de los menores en Ceuta.
Frente a las críticas, Sira Rego ha reiterado que el Ejecutivo mantiene como objetivo favorecer el retorno de los migrantes a sus países de origen siempre que sea posible y dentro de la legalidad, pero ha sido tajante al rechazar cualquier expulsión colectiva de menores migrantes.
La ministra insiste en que muchos de estos niños presentan situaciones personales extremadamente complejas: algunos carecen de familia identificable, otros no mantienen vínculos familiares claros y también existen menores que han vivido en situación de calle. Por ello, defiende que cada expediente debe resolverse de manera individualizada y con todas las garantías jurídicas.
Asimismo, recuerda que la tutela de los menores en situación de desamparo corresponde a las comunidades autónomas, que también son las administraciones encargadas de iniciar los procesos de reunificación familiar cuando proceda. En ese trabajo, añade, será imprescindible la coordinación entre administraciones españolas y la colaboración de Marruecos.
Ceuta tiene ahora la última palabra
Con las cuatro propuestas ya sobre la mesa, la responsabilidad inmediata recae sobre el Gobierno de Ceuta. Será la ciudad autónoma la que deba comunicar qué mecanismo desea activar para comenzar el traslado de los menores y aliviar la presión sobre sus centros de protección.
Mientras se toma esa decisión, el Ejecutivo continúa defendiendo una respuesta basada en la cooperación institucional y en la protección de los derechos de la infancia, con el propósito de ofrecer una atención adecuada a los aproximadamente 1.500 menores migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria del verano.
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