El Gobierno se tambalea ante la creciente presión de Junts por la aplicación de la amnistía a Puigdemont

El verano no ha conseguido restablecer las relaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. El acuerdo entre ERC y PSC que ha llevado a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat no ha sido bien recibido por Junts, que ya había lanzado una advertencia al Ejecutivo al bloquear el inicio de los Presupuestos para 2025.

Tras un largo ciclo electoral que redujo la actividad parlamentaria y unas vacaciones estivales que la dejaron en pausa, se anticipa un otoño legislativo más intenso. Sin embargo, este podría convertirse en un terreno lleno de obstáculos, ya que Junts parece dispuesto a presionar al Gobierno aún más.

La amnistía a Puigdemont enfrenta al Gobierno con el Tribunal Supremo

La aprobación de la amnistía, que Junts exigía para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, ha generado un nuevo problema para el Gobierno, su aplicación al caso de Carles Puigdemont, quien está procesado por malversación, un delito que el Tribunal Supremo no considera susceptible de amnistía.

Con la reciente huida del expresident, Junts ha intensificado la presión sobre la administración para que actúe contra los jueces que no aplican la amnistía. Por ahora, el Ejecutivo se limita a enviar mensajes al Supremo en un intento de que amnistíe a Puigdemont, pero esto no parece ser suficiente para los posconvergentes, complicando así la situación parlamentaria de cara al otoño.

Los presupuestos 2025 en riesgo

La primera gran prueba será la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Este proceso ya cuenta con un mal precedente, ya que Junts bloqueó en julio la senda de déficit necesaria para iniciar su tramitación en cuanto detectó un acercamiento entre el PSOE y ERC. Aunque el Gobierno ha anunciado que presentará de nuevo la senda tras el verano, ahora que parte del pacto entre PSC y ERC se ha concretado con la investidura de Illa, queda por resolver el acuerdo catalán prometido por los socialistas a los republicanos. Este acuerdo podría convertirse otra complicación, ya que Junts comienza a plantear obstáculos, exigiendo que solo apoyará la "solidaridad unilateral" de Cataluña.

El congreso anunciado por los posconvergentes a finales de octubre podría complicar aún más el panorama político, coincidiendo con la negociación de los Presupuestos. Si el Gobierno no asegura los siete votos de Junts en el Congreso, Sánchez podría verse obligado a prorrogar los presupuestos de 2023, dejando la legislatura en una situación difícil.

Otros desafíos

Además de los Presupuestos y la nueva agenda legislativa, la administración también enfrentará otros desafíos pendientes, como el 'plan antibulos' que Pedro Sánchez anunció en abril tras la judicialización del caso de su esposa, Begoña Gómez.

Es un conjunto de medidas que los ministros Félix Bolaños (PSOE) y Ernest Urtasun (Sumar) deben acordar con los diferentes grupos parlamentarios, incluyendo Junts. El Gobierno quiere llevarlas al Congreso para votarlas por separado. Hasta ahora, se sabe que algunas de estas medidas podrían incluir la actualización de la ley de publicidad institucional para conocer las fuentes de financiación de los medios, el refuerzo de la ley del derecho al honor y la rectificación, y la reforma de la ley mordaza. Junts aún no ha definido su postura.