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Usted, ¿qué le pide al próximo Gobierno? Esa es la pregunta que le hacemos a los lectores de GNDiario semanas antes de las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. Según la última encuesta del Instituto DYM, para el 60 % de los españoles hay cuatro temáticas que inclinarán claramente su voto en los próximos comicios: la vivienda, la inmigración, la economía y la corrupción, muy por delante de otros como el paro, la seguridad ciudadana o la política exterior. De hecho, la vivienda se posicionaba entonces como el factor más movilizante para el 22,4 % de los encuestados.
Según un reciente sondeo a pie de calle publicado por 20 Minutos, el desencanto es generalizado, pero las demandas son exactas: los españoles no exigen un Gobierno perfecto, sino uno que garantice el Estado de bienestar y no utilice los derechos civiles como moneda de cambio político.
Y con todo esto, aquí viene mi reflexión con una exigencia por encima de todas: que no se gobierne desde el odio, el miedo o la división. Que no se utilicen los derechos de las mujeres, las personas migrantes o el colectivo LGTBI+ como moneda de cambio política. Que se protejan los servicios públicos y que ningún ciudadano tenga menos derechos por su origen, sexo, orientación sexual o situación económica.
No pediría un Gobierno perfecto. Pediría uno que no se olvide de quién sostiene el país: la gente trabajadora, las familias, los jóvenes, los mayores y quienes más necesitan los servicios públicos.
El escudo material: vivienda, empleo y el rescate de los servicios públicos
El punto de partida de esta propuesta ciudadana se concentra en garantizar las condiciones materiales que permiten desarrollar un proyecto de vida sin asfixia económica. En primer lugar, se exige asegurar el derecho a una vivienda digna, lo que implica intervenir para limitar los abusos en los precios del alquiler, ampliar de forma decidida el parque público de vivienda y facilitar el acceso real tanto a los jóvenes como a las familias trabajadoras.
Esta reclamación habitacional se vincula directamente con el mercado laboral y la protección tras el retiro. Por un lado, se demandan salarios dignos capaces de combatir la precariedad laboral y de garantizar que tener un empleo permita vivir sin dificultades económicas. Por otro, se exige blindar unas pensiones justas, protegiendo la sostenibilidad del sistema público para asegurar jubilaciones dignas a quienes ya han trabajado toda su vida.
Junto a las rentas del trabajo, esta hoja de ruta sitúa el fortalecimiento del Estado de bienestar como pilar innegociable. En el ámbito de la Sanidad pública, las prioridades pasan por reducir drásticamente las listas de espera, reforzar una Atención Primaria tensionada y garantizar una atención digna y accesible en salud mental. Necesitamos contratar más profesionales y mejorar sus condiciones laborales para evitar que abandonen el sistema público. También debemos garantizar una atención psicológica accesible, reducir las desigualdades entre comunidades autónomas y asegurar que quienes viven en municipios rurales tengan los mismos derechos sanitarios que quienes viven en las grandes ciudades. La salud no puede depender del dinero que tengas en el bolsillo. Debe ser un derecho garantizado y una prioridad en los presupuestos públicos.
De manera paralela, en Educación pública se reclama una mayor inversión presupuestaria, una reducción de las ratios de alumnos por aula y un sistema de becas suficiente que asegure el acceso a una enseñanza de calidad con total independencia de los ingresos familiares. Y, sobre todo, necesitamos estabilidad: la educación no puede estar sometida a los cambios políticos de cada legislatura. Nuestro objetivo debe ser que todos los niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades de aprender, independientemente de dónde nazcan o de cuánto dinero tengan sus familias
En cuanto al problema de las infraestructuras en España hablamos la falta de mantenimiento, renovación y planificación a largo plazo, más que la ausencia de grandes obras nuevas. España ha invertido muchísimo en infraestructuras durante las últimas décadas, pero no siempre ha destinado recursos suficientes a conservar lo que ya tiene. Esto se traduce en problemas en carreteras, ferrocarriles, redes de agua y transporte público. Por ejemplo, un estudio de la Asociación Española de la Carretera publicado en julio de 2025 señalaba que el 52 % de las carreteras españolas presentaba deficiencias graves o muy graves en el pavimento. La OCDE también señala la necesidad de ampliar y modernizar las redes eléctricas, mejorar las conexiones ferroviarias de mercancías y reforzar la resiliencia frente a sequías y fenómenos climáticos extremos. Menos política de inauguraciones y más inversión en mantenimiento, seguridad, conectividad y cohesión territorial.
¿Qué postura debe tomar el próximo Gobierno en materia de migración?
La política migratoria no puede limitarse a permitir la entrada o impedirla. También debe preguntarse qué ocurre después: dónde viven esas personas, en qué condiciones trabajan, cómo acceden a la educación y qué oportunidades tienen sus hijos.
La OCDE ha señalado precisamente la importancia de mejorar la integración laboral, agilizar el reconocimiento de títulos extranjeros y reforzar la formación lingüística y profesional. Además, España cuenta desde junio de 2026 con un Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, que plantea medidas sobre empleo, regularidad administrativa, convivencia y refuerzo de los servicios públicos.
La idea fundamental para mi es que defender una inmigración ordenada no significa renunciar a la humanidad, y defender los derechos de las personas migrantes no significa renunciar al cumplimiento de las leyes. Ambas cosas deben ir de la mano.
Hay que garantizar el cumplimiento de las leyes, pero también los derechos humanos. No podemos permitir que la inmigración se convierta en una herramienta para dividir a la sociedad, alimentar el racismo o enfrentar a trabajadores que, en realidad, comparten muchos de los mismos problemas. La respuesta para mí debería ser más integración, más derechos, más recursos públicos y una gestión eficaz de las fronteras
Igualdad, diversidad y cuidados: hablemos de la protección de los derechos civiles
El siguiente eje de este decálogo ciudadano traza un perímetro de defensa en torno a los derechos sociales y civiles conquistados. En materia de igualdad real, se plantea la necesidad de seguir combatiendo sin tregua la violencia machista, proteger los derechos de las mujeres y evitar cualquier retroceso institucional o normativo en políticas de igualdad.
En esa misma línea de protección frente a la discriminación, la defensa de los derechos LGTBI+ exige políticas activas que protejan la diversidad, combatan los delitos y discursos de odio y garanticen que ninguna persona tenga que esconder quién es en ningún ámbito de la sociedad. A ello se suma una reivindicación estructural que afecta al conjunto de los hogares: el refuerzo de la dependencia y los cuidados, mejorando la atención institucional y los recursos destinados a las personas mayores, a quienes sufren algún grado de dependencia y a las familias cuidadoras que sostienen esa labor diaria.
¿Qué pedirías al Gobierno sobre las pensiones?
Las pensiones no deben utilizarse como arma electoral ni convertirse en una promesa que se olvida después de las elecciones. Son un derecho que se construye durante toda una vida de trabajo y cotizaciones.
El debate sobre la sostenibilidad es especialmente importante: la OCDE y la Comisión Europea advierten de que el envejecimiento de la población aumentará el gasto en pensiones durante las próximas décadas.
A los partidos políticos les pediría que se comprometan a protegerlas como un derecho. Necesitamos garantizar su revalorización conforme al IPC, mejorar las pensiones mínimas, reducir la brecha de género y asegurar que nuestros mayores puedan vivir con dignidad después de toda una vida trabajando. Pero también debemos mirar al futuro y garantizar que los jóvenes de hoy puedan disfrutar de una jubilación digna mañana. Para ello es imprescindible fortalecer el sistema público de pensiones, mejorar los salarios y el empleo, combatir el fraude y buscar fórmulas de financiación sostenibles. No podemos enfrentar a jóvenes y mayores: necesitamos solidaridad entre generaciones y un compromiso político que garantice que nadie tenga que pasar dificultades económicas después de jubilarse.
Quien ha trabajado toda su vida merece una jubilación digna, y quien hoy está empezando a trabajar debe tener la tranquilidad de que también tendrá ese derecho en el futuro.
Y ya que hablamos de los jóvenes, bajo mi punto de vista no les estamos dando las oportunidades que necesitan para construir su futuro. No podemos pedirles que estudien, se formen, trabajen y se esfuercen mientras les ofrecemos empleos precarios, salarios insuficientes y viviendas a las que no pueden acceder. El próximo Gobierno debe apostar por políticas reales de emancipación, facilitar el acceso a la vivienda, garantizar empleos estables y dignos, ampliar las becas y ofrecer formación gratuita y prácticas remuneradas. También debe apoyar a quienes quieran emprender y garantizar que los jóvenes de los municipios pequeños tengan las mismas oportunidades que quienes viven en las grandes ciudades. Los jóvenes no son solamente el futuro del país, son también su presente y deben tener voz en las decisiones políticas. No podemos permitir que toda una generación sienta que, por mucho que se esfuerce, no puede construir una vida independiente.
Sostenibilidad, memoria y una exigencia por encima de todas
La mirada a largo plazo de esta propuesta incorpora dos dimensiones clave para la calidad democrática y el futuro del país. En el plano ecológico, se pide un compromiso firme con el medioambiente, apostando por el despliegue de las energías renovables, un transporte público asequible y eficaz, y políticas decididas para mitigar el cambio climático.
En el terreno institucional, la memoria democrática se reivindica como garantía de convivencia: defender la democracia, la libertad y los derechos humanos, asegurando el reconocimiento y la reparación de las víctimas del franquismo.
Sin embargo, por encima de las diez medidas concretas, este planteamiento sitúa una exigencia ética fundamental: que no se gobierne desde el odio, el miedo o la división. Quienes suscriben esta visión reclaman que los derechos de las mujeres, las personas migrantes o el colectivo LGTBI+ nunca sean utilizados como moneda de cambio política, que se protejan los servicios públicos y que ningún ciudadano tenga menos derechos por su origen, sexo, orientación sexual o situación económica.
El debate queda ahora abierto a los lectores
Frente a quienes priorizan la reducción de impuestos, la desregulación económica o el control migratorio como recetas para el próximo mandato, esta propuesta resume el sentir de quienes no piden un Gobierno perfecto, sino uno que no se olvide de quién sostiene el país: la gente trabajadora, las familias, los jóvenes, los mayores y quienes más necesitan los servicios públicos.
El problema es cómo cada partido político plantea mitigar estos temas (desde luego Vox alguno de ellos ni lo plantea...) pero el resto de partidos es completamente heterogéneo. Recuerda: no se trata de pedir un Gobierno perfecto, sino uno que convierta las promesas en derechos reales y no olvide nunca a quienes sostienen el país con su trabajo y dependen de unos servicios públicos fuertes.
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