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Hace algo más de diez años, la Comisión Europea reclamaba a España que estudiara alternativas a las concertinas instaladas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Bruselas insistía entonces en que cualquier medida de vigilancia debía ser proporcionada y compatible con los derechos fundamentales. Una década después, el enfoque comunitario ha cambiado de manera notable: la Unión Europea debate ahora la creación de centros de retorno para migrantes en terceros países y contempla reforzar sus fronteras exteriores con más recursos físicos, tecnológicos y humanos.
Entre aquel momento y el actual se ha producido una transformación profunda de la política migratoria europea. La crisis de refugiados de 2015 puso de manifiesto la falta de una respuesta común y provocó fuertes tensiones entre los Estados miembros. A ello se sumaron la instrumentalización de los movimientos migratorios por parte de terceros países, las dudas sobre el futuro del espacio Schengen, el crecimiento electoral de las fuerzas conservadoras y de ultraderecha y una orientación cada vez más centrada en el control de las fronteras y la aceleración de las devoluciones.
La reciente crisis vivida en Ceuta ha vuelto a situar esta cuestión en el centro del debate. La entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos ha llevado a la Unión Europea a reclamar que se apliquen plenamente las nuevas normas europeas en materia de migración y asilo. También ha pedido reforzar la respuesta conjunta mediante sistemas de vigilancia más eficaces y mejores mecanismos de prevención.
Una tragedia que obliga a revisar la respuesta
El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, defendía esta semana que Europa nunca había tenido tanto control sobre la migración irregular como en la actualidad. Sin embargo, el responsable comunitario advertía de que las imágenes de la tragedia humanitaria no pueden ignorarse. Según organizaciones como Caminando Fronteras y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, hasta 141 personas han fallecido en el episodio.
Para la Comisión Europea, las lecciones que deben extraerse pasan por acelerar los procedimientos de devolución, ampliar las funciones de Frontex y fortalecer la cooperación con los países de origen y tránsito. Bruselas también considera necesario mejorar la capacidad para identificar campañas de desinformación y detectar posibles movimientos migratorios coordinados.
La investigadora del Real Instituto Elcano Carmen González explica que este giro no puede separarse de los conflictos entre Estados provocados por la gestión de las solicitudes de asilo desde 2015. Aquella crisis evidenció profundas diferencias entre los gobiernos europeos y llegó a convertirse, según su análisis, en una amenaza existencial para la libre circulación, precisamente porque no existían reglas compartidas suficientemente sólidas.
Después llegaron otros dos episodios que cambiaron la percepción social de las llegadas. En 2021, Marruecos alentó la entrada de miles de personas en Ceuta durante una crisis diplomática con España. Ese mismo año, Bielorrusia facilitó la llegada de migrantes a las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia como respuesta a las sanciones impuestas por la Unión Europea. Desde entonces, la migración dejó de analizarse únicamente desde la perspectiva de la acogida y pasó a considerarse también un asunto de seguridad.
El nuevo debate sobre los centros de retorno en la Unión Europea
Tras casi una década de negociaciones, la Unión Europea aprobó en 2024 el Pacto de Migración y Asilo, que comenzó a aplicarse este junio. El acuerdo introduce controles y procedimientos acelerados en las fronteras exteriores, además de un mecanismo de solidaridad entre los países miembros.
Uno de los cambios más controvertidos se encuentra en la política de retornos. La nueva normativa europea, respaldada por la Eurocámara en junio, permite trasladar a personas que cuentan con una decisión firme de expulsión a centros situados en terceros países. Incluso podrían ser enviados a Estados con los que no tengan una relación directa, siempre que exista un acuerdo y se respeten determinadas garantías.
La eurodiputada de Los Verdes Mélissa Camara considera que esta posibilidad supone una deshumanización de la política europea de retorno. Critica que, en esos centros, las personas puedan quedar identificadas mediante números y denuncia que se producen intentos de suicidio. También afirma que algunos internos pierden la noción del tiempo y desconocen cuándo podrán abandonar las instalaciones.
Una posición diferente mantiene Javier Zarzalejos, presidente de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo y eurodiputado del Partido Popular. A su juicio, estos centros no representan una externalización de la política migratoria, sino un instrumento adicional. El dirigente popular sostiene que cualquier acuerdo deberá ajustarse al Derecho de la Unión y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
El giro político de los Estados miembros
El endurecimiento de las normas ha coincidido con una evolución del panorama político de la Unión Europea. La inmigración se ha convertido en un asunto central de las campañas electorales, los pactos de gobierno y los programas de un número cada vez mayor de países.
González sitúa las elecciones europeas de junio de 2024 como otro momento decisivo. En esos comicios aumentó el peso de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha, mientras socialistas, liberales y verdes retrocedieron. El resultado dejó una Eurocámara más inclinada a respaldar políticas restrictivas.
La investigadora señala, no obstante, que el cambio no se limita a los partidos de derecha. Formaciones socialdemócratas tradicionales de Alemania, Suecia y Dinamarca también han endurecido sus posiciones ante el desplazamiento de parte de sus votantes hacia discursos contrarios a la inmigración. La cuestión migratoria, que antes ocupaba un lugar secundario en algunos países, se ha convertido en una prioridad política.
Camara acusa al Partido Popular Europeo y a una parte de los liberales de Renew de haber buscado acuerdos con la extrema derecha después de las elecciones europeas. Según la eurodiputada, durante la negociación del Reglamento de Retorno representantes de la ultraderecha participaron directamente y lograron introducir algunas de sus condiciones.
Zarzalejos rechaza esa interpretación y niega que el PPE haya asumido la agenda de la extrema derecha. Defiende que las nuevas medidas responden a problemas que existen y preocupan a los ciudadanos, además de intentar evitar que se extienda la impresión de que los gobiernos han perdido el control de los flujos migratorios.
La paradoja de Schengen
Mientras la Unión Europea reclama más vigilancia en sus fronteras exteriores, varios países han restablecido controles dentro del espacio Schengen. Francia, Alemania y Austria se encuentran entre los Estados que han recuperado estas medidas, pese a que el Código de Fronteras Schengen las define como excepcionales y temporales, reservadas para situaciones de amenaza grave al orden público o a la seguridad nacional.
En junio, la Comisión Europea pidió por primera vez a nueve países que iniciaran la eliminación progresiva de esos controles y su levantamiento gradual. Bruselas planteó sustituirlos por alternativas como una mayor cooperación policial, verificaciones no sistemáticas y nuevas herramientas tecnológicas.
La crisis de Ceuta ha vuelto a poner a prueba este equilibrio en la Unión Europea. Italia ha decidido establecer controles a los viajeros procedentes de España, aunque el Gobierno español afirma que prácticamente todas las personas que entraron regresaron a Marruecos. La Comisión Europea, además, sostiene que no se produjeron desplazamientos posteriores hacia otros países del continente.
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