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El término popularmente conocido en política como 'puertas giratorias', lleva un tiempo arrastrando la polémica al poner sobre la mesa de debate la situación de muchos ex-políticos que acabaron pasando al sector privado, en el que, en muchos casos demostrados, utilizaron su influencia en el ámbito de la política para favorecer a las empresas a las que pertenecían. Estos casos que levantaron escándalo, salpicaron principalmente al PSOE y al PP, los dos partidos que gobernaron el país durante más tiempo en democracia.
Ahora desde el Gobierno central, busca hacer algo con respecto a estas 'puertas giratorias' y limitar su influencia. Para ello han implementado enmiendas en la legislación que rige esta actividad, que fueron aprobadas recientemente en el pleno del Congreso. Estas restricciones establecen que los altos cargos que abandonen la Administración pública, no podrán pasar al sector privado, al menos en dos años, para ejercer un cargo en el que se pueda ejercer algún tipo de influencia política.
Las puertas giratorias y los lobbies tendrán limitaciones
Pero no solo serán las famosas puertas giratorias las que noten el nuevo cambio en la legislación, también lo harán los lobbies, conocidos también como grupos de presión u organizaciones cuya finalidad es el de ejercer influencia tanto en la economía como en la política. Es la primera vez que se impone un límite a las actividades de este tipo de organizaciones.
Tanto estas limitaciones, como las de las puertas giratorias, se han incluido en el anteproyecto de Ley de Transparencia sobre los grupos de Interés. Aprobada en la primera vuelta, otro de los cambios que establece es el de la creación de un Registro de Grupos de Interés, con esto lo que hacen es dotar de una definición esencial para aplicar la legislación, en las que se determina claramente cuáles son las actividades específicas que los definen, el tipo de actividad de influencia, así como las actividades que debe desempeñar una persona física o jurídica para que se la considere como un 'lobby'.
A estas especificaciones, también se han sumado por supuesto, la definición de los perfiles de la Administración General del Estado que no podrán hacer uso de esas puertas giratorias tan rápido. Concretamente, está pensada para que los altos cargos, que hayan podido llegar a participar en toma de decisiones importantes para el Estado, no podrán ejercer este tipo de "actividades profesionales de influencia sobre ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en el que se desempeñaban".
Sanciones tibias
Aunque es un primer paso para regular estas actividades, las sanciones son algo tibias. La reforma recoge que hacer uso de una de estas puertas giratorias, pasando por alto lo establecido, podría suponer sanciones que van desde la prohibición de volver a participar en un cargo en entidades privadas de esta naturaleza de hasta 3 años, teniendo en cuenta si la falta ha sido leve o grave. Entre las faltas se contemplan los "intentos de influencia basados en engaños, con ofrecimiento de dádivas, incitaciones al personal público a incumplir la ley".
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