Varios hospitales de Madrid rechazaron a pacientes de residencias durante el pico de infecciones por coronavirus

Continúa la evaluación de lo que ha estado sucediendo en las residencias de mayores durante la crisis del coronavirus. Una investigación de El País, publica las diferentes comunicaciones internas de la Comunidad de Madrid. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han dado explicaciones incorrectas sobre los protocolos de derivación a hospitales desde las residencias. Han dicho que su Gobierno no dio orden de excluir a personas con discapacidad o dependientes y que un documento que llegó a las residencias era un borrador que se envió por error. Sin embargo, varios correos electrónicos a los que ha tenido acceso El País, indican que un alto cargo de la Consejería de Sanidad solicitó que se enviaran esos protocolos firmados por él a las 475 residencias de Madrid.

Los protocolos de triaje excluían a personas con discapacidad y ancianos enfermos con coronavirus

El director de coordinación sociosanitaria, envió unos cuatro correos a la Consejería de Políticas Sociales pidiendo trasladar los protocolos de triaje en el mes de marzo. Esos documentos fueron la guía que siguieron hospitales y residencias para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con COVID-19.

Durante finales del mes de abril, cuando los ingresos en los hospitales disminuyeron, los mayores de residencias volvieron a ser admitidos. En una semana se calcula que fallecieron en residencias unos 5.986 enfermos con coronavirus o síntomas.

Durante los días más críticos de la pandemia, residentes de geriátricos en Madrid sufrieron el portazo de sus hospitales de referencia solo por su edad avanzada.

Muchos casos denunciados probarían que los hospitales de Madrid rechazaron a los residentes, según un criterio mucho más amplio que las recomendaciones de los cuestionados protocolos de triaje de la consejería de Sanidad. Estas prácticas han sido denunciadas por discriminatorias por alrededor de 200 familias en Madrid que han presentado una querella contra la Comunidad. 

“Mi abuela estuvo consiguió ingresar en el hospital. Estuvo tres días ingresada con una neumonía bastante grave a causa de COVID-19 y tras esos tres días le dieron el alta”, narra nuestra fuente. “Mi familia y yo queríamos, lógicamente, que estuviera vigilada en el hospital, que es donde curan pero no pudo ser. Tras un día en la residencia, volvimos a llevarla al hospital donde la ingresaron de nuevo y el proceso se repitió varias veces". Por fortuna a día de hoy, está ingresada en otro hospital de la Comunidad de Madrid, vigilada y controlada pasando las consecuencias de haber dado positivo en COVID-19. "Está muy deteriorada pero sigue en pie tras perder a su marido, quien no tuvo la misma suerte".

Los documentos argumentan que el fin era evitar el colapso de la Sanidad madrileña

Sin embargo, familias de residentes han comentado en varios medios de comunicación que les fue denegada una hospitalización. Muchas personas mayores fallecieron sin ser hospitalizados.

“En espera de la dotación adecuada de profesionales y EPI (equipos de protección individual) en residencias, debemos ayudarles en el suministro y en los traslados racionales desde los hospitales”, dice un correo del 20 de marzo. El protocolo que se envió este día contiene cinco criterios de exclusión para pacientes con infecciones respiratorias procedentes de residencias sociosanitarias de Madrid, incluidas las de personas con discapacidad. Así, quedaron excluidos los pacientes que se encontraran anteriormente en estado terminal y los dependientes de acuerdo al índice de Barthel, una escala que mide la autonomía de las personas del 0 al 100.

Finalmente, la Consejería de Sanidad rectificó la exclusión de las personas con discapacidad de cualquier edad, que ya no aparece en las últimas dos versiones del protocolo. También fue rebajado el nivel de autonomía del paciente en el índice de Barthel, de 60 a 25.

Ayuso y Escudero han negado que existiera ninguna orden y después han cambiando de versión para decir que se envió por error uno de los documentos.

La Comunidad anunció en mayo la destitución del director de coordinación sociosanitaria

Mur de Víu, fue destituido poco después de la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, por la disputa interna sobre si Madrid debía pasar de fase durante la desescalada. Su puesto lo ocupa ahora uno de los 22 geriatras que elaboraron los documentos. Este último tuvo la decisión de los traslados al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles desde más de 40 residencias de esa zona.

Durante toda la pandemia se trasladaron 10.300 residentes a hospitales. Pero según múltiples testimonios de familiares de fallecidos en residencias, las negativas fueron casi generalizadas en el período más crítico de la pandemia.

Llegados a este punto cabe recordar que el consejero de Políticas Sociales advirtió a Escudero de que los protocolos podrían suponer la muerte indigna de residentes y que podrían acarrear “graves consecuencias legales”.