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El pulso del 11N: UGT y CCOO mantienen la huelga del 11n a nivel nacional y general en defensa de los servicios públicos frente a las presiones políticas
La cuenta atrás hacia la huelga del 11N tensa la cuerda entre los agentes sociales y la cúpula política. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han ratificado su decisión inamovible de mantener la movilización social, rechazando frontalmente la petición directa del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien exigió reconsiderar y desconvocar el paro nacional tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). Lejos de amilanarse, los líderes sindicales acusan a la oposición de instrumentalizar el dolor de las víctimas y defienden que el colapso del tren es, precisamente, la prueba más descarnada de la urgencia de blindar la inversión en los servicios e infraestructuras públicas del país.
La instrumentalización de la tragedia: el choque Feijóo-Sindicatos
La pugna narrativa sitúa el reciente accidente de trenes de Toledo (que deja al menos 69 muertos tras una avería técnica y errores operativos) en el epicentro del debate preelectoral. Feijóo ha tildado la convocatoria de la huelga del 11N de "manifiestamente inoportuna" y de ser un paro orquestado "contra la oposición", argumentando que, 69 muertos después, mantener la protesta supone "un grave error".
La respuesta sindical no se ha hecho esperar. Pepe Álvarez (UGT) ha calificado el planteamiento de Feijóo de "insultante" y de suponer una "falta de respeto absoluta" a los fallecidos y sus familias al intentar vincular la tragedia con la desconvocatoria de una protesta estructural. Álvarez ha subrayado que los trabajadores del sistema ferroviario están en el punto de mira de un modelo de infraestructuras que necesita urgentemente recursos públicos para actualizarse, algo que conecta de lleno con los motivos fundacionales del paro.
El debate del modelo de Estado, las rebajas fiscales vs. inversión pública
Por su parte, Unai Sordo (CCOO) ha elevado el tono político interpelando directamente al líder popular sobre sus futuras alianzas de cara a las elecciones del 29N. Sordo ha cuestionado cómo planea el PP afrontar el refuerzo y la seguridad de las infraestructuras ferroviarias y los servicios públicos si está dispuesto a gobernar junto a un partido como Vox, cuyo programa defiende un hachazo fiscal que restaría 64.000 millones de euros a los ingresos del Estado (un 4 % del PIB).
La postura sindical es nítida: no se puede exigir seguridad en los trenes, sanidad de calidad y cohesión social mientras se promueve una política de desmantelamiento impositivo.
Para los sindicatos, la huelga del 11N trasciende el accidente puntual y se erige como un dique de contención de la clase trabajadora frente a las fuerzas que abogan por recortar la capacidad recaudatoria del Estado.
Salarios y vivienda: el núcleo de la fractura socioeconómica
Más allá del cruce de declaraciones sobre la coyuntura del accidente, UGT y CCOO recuerdan que el motor que originó el Movimiento 26S y la convocatoria de la huelga del 11N sigue plenamente activo y agravado: la profunda brecha de desigualdad que sufren las familias.
Sordo ha remarcado que el país enfrenta una "quiebra socioeconómica" derivada de unos salarios estancados que son devorados por la especulación en las políticas de vivienda. A pesar del inminente ciclo electoral del 29N, las asambleas barriales y las centrales sindicales consideran que el momento de presionar a la patronal y al próximo Gobierno es ahora. El 11N no se desconvoca; se reafirma como un clamor nacional por la vivienda digna, la recuperación del poder adquisitivo y el blindaje definitivo de los servicios esenciales que sostienen a la clase trabajadora.
Vincular el trágico accidente de Toledo con la desconvocatoria de la huelga es un insulto a las víctimas; la tragedia demuestra precisamente la urgencia de la huelga del 11N: blindar la inversión pública frente a quienes proponen desmantelar el Estado con rebajas fiscales masivas.
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