Las organizaciones de infancia alertan a las autoridades de los riesgos para los niños y niñas migrantes en Canarias

La Plataforma de Infancia, Save the Children y UNICEF España han enviado un documento a distintas autoridades implicadas en la identificación, protección e inclusión social de los niños, niñas y adolescentes que están llegando a las Islas Canarias. Este documento alerta de los riesgos que afrontan los niños migrantes en este contexto.

Alrededor de 30.000 personas huyen del conflicto y la violencia

En lo que va de año, han llegado al archipiélago cerca de 30.000 personas huyendo de conflictos, violencia y pobreza, y el número de niños, niñas y adolescentes que llega en esos grupos ha aumentado de forma significativa. De hecho, el sistema de protección de la infancia canario da acogida ya a más de 4.400 menores de edad no acompañados. Preocupa especialmente la llegada de menores con menos de 14 años solos.

Esta circunstancia ha provocado el aumento del número y complejidad de los retos existentes en materia de protección de los menores, y ha puesto de manifiesto, una vez más, la escasa previsión y preparación para las contingencias, así como los insuficientes recursos humanos y materiales de las instituciones –de ámbito estatal y autonómico- implicadas directamente en la identificación, protección e inclusión educativa y social.

Algunos de los problemas y déficits son muy graves y requieren acciones urgentes, sobre todo en lo relacionado con la identificación de los menores de edad no acompañados en las primeras horas tras el desembarco. No se puede olvidar que las primeras actuaciones que se llevan a cabo cuando los niños y niñas llegan son absolutamente cruciales. Una identificación incorrecta supone dejar a los niños y niñas desprotegidos y sin acceso a los derechos más básicos, como la protección, la educación o la reagrupación familiar.

De acuerdo con la información obtenida por las organizaciones, se están notificando a las Fiscalías muchos casos de presuntos menores de edad no acompañados que no han sido correctamente identificados y que han sido derivados a centros de adultos que el sistema de atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene en las Islas Canarias.

Una de las cuestiones que más preocupan es la ausencia de profesionales especializados en el momento de la reseña policial que apoyen a Policía Nacional en la detección y reconocimiento de la minoría de edad.

Además, estas organizaciones han podido corroborar una falta de claridad en las instrucciones comunes por parte de la Fiscalía de extranjería a las entidades que forman parte del programa de atención humanitaria, respecto a los pasos a seguir en los casos en los que se detecta la presencia de un menor de edad no acompañado en los recursos de acogida para adultos.

Por otro lado, el número y frecuencia de las llegadas de niños y niñas no acompañados y separados está provocando la apertura de nuevos dispositivos de emergencia, cuyas condiciones dificultan enormemente realizar actuaciones tan importantes como las evaluaciones del interés superior del niño, informar e identificar necesidades de protección internacional o trata, o garantizar apoyo psicosocial suficiente. Es necesario agilizar los traslados a otras Comunidades Autónomas para permitir al sistema de protección canario proporcionar una adecuada atención y protección de todos los niños y niñas.

Las organizaciones instan a ayudar a la atención a la infancia

Ante esta situación, las organizaciones han enviado a distintas autoridades estatales y autonómicas un documento, en el que se ha contado con la colaboración de ACNUR en las cuestiones relacionadas con la protección internacional, con una serie de propuestas que deberían implementarse con carácter urgente para garantizar una protección adecuada a los niños y niñas que están llegando.

Se ha de hacer frente a la escasez de datos oficiales públicos y otros mecanismos de rendición de cuentas, para poder hacer un diagnóstico acertado de las necesidades de los niños y niñas, tanto de los que han llegado solos como de los acompañados. También es necesario abordar la falta de recursos humanos suficientes en las instituciones que intervienen en la identificación: Policía Nacional, Fiscalías provinciales e Institutos Forenses en aquellos casos en los que se estima necesario realizar pruebas de determinación de la edad.

En concreto, se hacen otras propuestas dirigidas a instituciones específicas, entre las que se encuentran las siguientes:

A las Fiscalías:

• Elaborar instrucciones precisas dirigidas a todas las entidades colaboradoras del sistema de atención humanitaria, cuando detecte la presencia de menores de edad indubitados o presuntos en este tipo de recursos.
• Dictar instrucciones dirigidas a evitar el uso sistemático de las pruebas de determinación de la edad en los casos en los que la edad del menor existe documentación probatoria de la misma
• Aumentar su presencia en los centros de protección y recursos de la red de atención humanitaria.

Al Cuerpo Nacional de Policía:

• Dar prioridad a la reseña de personas que se declaran menores de edad, para evitar alargar la detención.
• Autorizar la presencia de personal del sistema de protección de infancia en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y dispositivos asimilables, para apoyar en la identificación y derivación de menores de edad no acompañados.

A la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Gobierno de Canarias:

• Agilizar las actuaciones y trámites administrativos previos a los traslados de menores de edad no acompañados a otras Comunidades Autónomas, dentro del Plan acordado en el marco del Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para Infancia no acompañada del Gobierno de España.
• Asegurar su presencia en los muelles de desembarco, así como en los CATE y dispositivos asimilables. También debe reforzarse esta presencia en la red de recursos de atención humanitaria durante esta situación de crisis migratoria.
• Garantizar una supervisión constante sobre los centros de emergencia creados en el sistema de protección y garantizar acceso a la información y asesoramiento jurídico sobre protección internacional.
• Reforzar la detección y atención de las necesidades urgentes de apoyo psicosocial y primeros auxilios psicológicos.
• Adoptar acciones de preparación y contingencia para el sistema de protección.

El documento, por último, también realiza un llamamiento al Ministerio de Derechos Sociales y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como a todas las Comunidades Autónomas, pidiendo -estas últimas - el incremento del número de plazas de acogida en sus sistemas de protección y la flexibilización de los requisitos para hacer posible el traslado de niños, niñas y adolescentes no acompañados procedentes de Canarias, en el marco del Plan de respuesta ante crisis migratorias de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.