Desde el 2 de agosto, España no cumple con una directiva europea que exige el pago de cuatro semanas de permiso parental. Esto podría resultar en multas y afecta la conciliación laboral y familiar.
Este borrador establece que “el comercializador no podrá realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa”.