¿Qué ocurre con los derechos de las personas LGBTI?

Con respecto a los derechos del colectivo LGBTI, en estos últimos años se ha venido avanzando en España, pero como ocurre en otras materias, cada Comunidad Autónoma aplica sus propios criterios. Así, se han aprobado trece nuevas leyes en once regiones para dar protección a las personas trans.

Normas específicas o genéricas para este colectivo

La comunidad pionera en este contexto, fue Navarra en 2009, con una ley trans, y tiempo después, en 2017 fue derogada por una norma LGBTI más amplia. Le siguió el País Vasco con una Ley aún activa.  

En el caso de la Comunidad de Madrid y Andalucía, cuentan con normas generales para el colectivo LGBTI+ y específica para personas trans.

Otros territorios como Canarias, País Vasco y Comunidad Valenciana, articulan leyes para las personas trans y, por otro lado, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia o Navarra, presentan una legislación para todo el colectivo LGBTI+.

Programa de atención a las familias LGBTI pionero en Madrid

En un acto institucional en el marco del Día Internacional del Orgullo 2020, el Ayuntamiento de Madrid ha organizado un acto presidido por la Vicealcaldesa, Begoña Villacís, con motivo del Orgullo LGBTI 2020, en el que se ha puesto de relieve el compromiso con este colectivo por parte del equipo de Gobierno, "que está trabajando ya". El Ayuntamiento ha presentado un programa específico de atención a las familias LGBTI que se llevará a cabo en 2021 desde los centros de apoyo a las familias.

Cuestión de Derechos Humanos

En estos días se ha levantado una intensa polémica coincidiendo con la semana del Orgullo 2020. Desde el PSOE se ha publicado un escrito en el que se argumenta que: “el sexo es un hecho biológico” y el género una “construcción social”, al tiempo que insiste en que para reconocer a una persona transexual debe haber “una situación estable de transexualidad debidamente acreditada”; es decir, un informe psiquiátrico que acredite disforia de género.

Los socialistas sostienen que existe una “manipulación interesada de la identidad sexual o de género” porque, argumentan, “estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos”.

Por tanto, para el PSOE el “denominado derecho a la libre determinación de la identidad sexual o derecho a la autodeterminación sexual carece de racionalidad jurídica”.

Por su parte, desde las asociaciones LGBTI replicaron que “la autodeterminación del género es un derecho humano” y que “la Organización Mundial de la Salud ya reconoció en 2018 que las identidades ‘trans’ no son ninguna enfermedad”, por lo que acusaron al PSOE de sostener una postura “denigrante”.

En este sentido, también denunciaron que la legislación española sigue exigiendo este diagnóstico psiquiátrico para que las personas ‘trans’ puedan ser tratadas en todos los aspectos tal y como se identifican.

Con respecto a la exclusión social: “Las leyes deben aprobarse para proteger a las personas más vulnerables y, en la actualidad, las personas ‘trans’ tienen una de las mayores tasas de exclusión social de España, con cerca de un 80% de paro”, recordaron la Felgtb y la Fundación Triángulo.

Este texto del PSOE se aproxima a algunas tesis de teorías feministas radicales, conocidas como TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist, en inglés), que no reconocen a las mujeres transexuales por no haber nacido siendo mujeres. Ante esta situación, la polémica llegó a las puertas del Parlamento donde unas 40 personas mostraron su indignación al respecto.

Proyecto ADIM: Evitan exponerse para no recibir insultos

El 72% de las personas LGBTI+ (lesbiana, gay, bisexual y trans) ocultan su condición, cada día en su trabajo según el Proyecto ADIM, elaborado por los Gobiernos de España y Portugal y por la Universidad Complutense de Madrid. Según el estudio, ocultan su condición para evitar chistes, burlas o insultos de compañeros, para que no se frustren ascensos o subidas salariales o para no perder el empleo.

En el proyecto, financiado por la Unión Europea, han participado 16 empresas y ocho universidades públicas de España y Portugal. Constituye, además, una de las mayores muestras a nivel mundial sobre las experiencias de este colectivo en el ambiente laboral. En concreto, ha consistido en un diagnóstico interno de las políticas de diversidad e inclusión dirigidas a personas LGBTI+ y en la elaboración de un cuestionario administrado a 53.667 empleados, respondido por 8.557, de los que 1.147 eran personas del citado colectivo.

Del total de las personas LGBTI+ que oculta su orientación sexual en el trabajo, un 26% no es visible con ningún compañero, otro 26% sólo es visible con alguno y un 20% con la mayoría. Es llamativo, además, que sólo el 55% del colectivo que tienen hijos se siente cómodo hablando de ellos. Un dato alarmante si se tiene en cuenta la difícil gestión de imprevistos que surgen con los menores, como enfermedades, accidentes, cuestiones escolares sobrevenidas y acontecimientos similares. Además, el 15% de las personas LGBTI+ ha evitado alguna vez eventos o espacios corporativos.