La UE advierte que la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad no ha mejorado nada en estos últimos años

La Unión Europea ha lanzado su último informe a través del Tribunal de Cuentas, sobre el impacto de la financiación y los cambios legislativos realizados en estos últimos años, para mejorar la situación de las personas con discapacidad en los países miembros. Los resultados no han sido los esperados y advierten una importante brecha laboral mantenida, que genera una especial vulnerabilidad a la pobreza de las personas con diversidad funcional.

Estas conclusiones se basan en los datos ofrecidos por el Eurostat, en los que se determinaba que en 2021 solo el 51 % de las personas con discapacidad tenía un empleo, sin especificar de si este era de calidad o no, frente al 75 % del resto de la población. Estos datos eran muy parecidos a los registrados en 2014, cuando se empezó a llevar un seguimiento de los mismos. Por este motivo, los auditores de la UE consideran que ha habido "pocos cambios en la vida real" y que la legislación se ha "estancado".

Las personas con discapacidad siguen en una situación de desigualdad en la UE

Ante este reciente informe, Stef Blok, auditor y responsable del mismo, ha señalado con rotundidad que: "La Comisión ha asumido el compromiso de ayudar a las personas con discapacidad a desempeñar un papel igual de importante en la vida cotidiana, pero las acciones de la UE han tenido un impacto práctico limitado". A esto mismo ha añadido que "las personas con discapacidad en la UE se enfrentan todavía a una ardua batalla para encontrar un trabajo y luchar contra la pobreza".

Uno de los puntos especialmente señalados ha sido en el de la libertad de movimiento dentro de la propia Unión. Aunque ésta está garantizada en cuanto que no es necesario presentar un visado para acceder a ninguno de los 27 Estados miembros, lo cierto es que para las personas con diversidad funcional el poder estudiar o trabajar de forma adaptada se complica, limitando su acceso a estas actividades básicas.

Esto se debe a que aun hoy existen diferencias en cuanto a la regulación de los derechos de las personas con discapacidad, así como en materia de políticas de inclusión social. Esto impacta directamente en la accesibilidad universal, no solo a los puestos de trabajo, sino a los propios espacios públicos, como museos o colegios. Todo ello a pesar de que la UE ha estado invirtiendo en acabar con esta situación de cara a 2030.

Por este motivo, los auditores remarcan que los avances esperados por la financiación se están viendo "obstaculizados por el estancamiento de la directiva sobre igualdad de trato de la UE y la lentitud de los Estados miembro en la incorporación de la Ley europea de accesibilidad a la legislación nacional".

Una supervisión laxa de la financiación

Desde el informe señalan a dos principales "culpables" de esta situación. Por un lado, la laxa supervisión que se ha estado haciendo de los fondos destinados a mejorar cuestiones como la accesibilidad universal o la aplicación de políticas de inclusión social. Por otro, reclaman que existe una escases de datos por parte de las instituciones, que impide una correcta evaluación sobre si los objetivos en materia de discapacidad se están alcanzando o no, por lo que recomienda revertir esta situación.