La verdadera política penitenciaria que regula el traslado de penitenciarías a personas trans

Aunque lleva muy poco tiempo en vigor, ha dando de que hablar desde que se planteó y se espera que el debate en torno a ella persista aún. La nueva Ley Trans, que fue publicada en el BOE el primero de marzo de 2023, ha traído consigo una ampliación de los derechos de las personas de este colectivo, pero también incansables quejas y bulos. Uno de estos bulos saltó a los medios de comunicación oficiales y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que salir a desmentirlo recientemente.

Esta información falsa, aseguraba que con la nueva integración de la Ley Trans, 7 hombres reclusos, habrían solicitado el cambio legal de género para poder ser trasladados a otra prisión. Esto avivó el debate sobre las consecuencias de la aplicación de la nueva ley y el mal uso que se podría hacer de ella. Sin embargo, la asignación de género en el sistema penitenciario, se regula a través de otra normativa que lleva en vigor desde 2006 y que de momento no ha sido ni modificada ni actualizada.

Las personas trans y la política penitenciaria

A muchos preocupa que la nueva Ley Trans pueda llegar a ser utilizada para saltarse otras leyes o normas, amparándose en los derechos que ha conseguido este colectivo, como en el caso de presos cambiando de penitenciarías más "hostiles" a otras con condiciones "mejores". Sin embargo, ya sea por desconocimiento o por una intención clara de querer avivar el debate con la ley, muchos ignoran que, en el caso del sistema penitenciario, existen otras vías de regulación.

En 2006 fue publicada una instrucción para las instituciones penitenciarias, que tiene competencia en toda España, salvo el País Vasco y Cataluña. En esta normativa, se toma en consideración la forma en la que se le asigna el género, y por tanto su destino penitenciario, a aquellos que deban acatar una sentencia. En el caso de las personas trans, según esta instrucción emitida desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, es necesaria una valoración médica y psicológica para validar esta condición.

Por supuesto, este requerimiento entraría en conflicto con la actual ley, ya que esta se ha construido bajo los cimientos de despatologizar la condición trans, retirando la necesidad de aportes de informes médicos o psicológicos, bastando solo con acudir al Registro Civil y realizar el cambio de género de forma automática. Por este motivo, desde el sector judicial y penitenciario, se esperaba una actualización o un cambio en la normativa, pero este no ha llegado y de momento no se tiene constancia de que pueda llegar a haberlo o no.

Bulos e información falsa

Como suele ocurrir en temas polémicos especialmente, la desinformación o los bulos acaban campando a sus anchas en las redes sociales, y muchos de ellos solo llegan a desmentirse cuando llegan a los grandes medios de comunicaciones. Este ha sido el caso de la noticia sobre los 7 presos que habían solicitado el cambio de género al amparo de la Ley Trans. El ministro del Interior aseguró que de momento solo constaba una de estas solicitudes, y recordaba que utilizar normas para obtener supuestos beneficios, supondría un fraude de ley.