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La invasión rusa a Ucrania ha tenido consecuencias devastadoras en diversos ámbitos de la vida cotidiana, y el sector educativo no ha sido una excepción. Los profesores en las zonas ocupadas se enfrentan a una difícil decisión: huir o aceptar la imposición de un plan de estudios diseñado para adoctrinar a los estudiantes con la propaganda estatal rusa. Esta situación alarmante fue destacada por Amnistía Internacional en un informe en el que se pone de manifiesto la presión que sufren estos profesionales para cumplir con las exigencias de las autoridades de ocupación.
Coacción y adoctrinamiento
Desde la ocupación, las autoridades rusas han llevado a cabo una estrategia sistemática para reabrir las escuelas en las zonas controladas. A través de amenazas, chantajes y violencia, intentan forzar a los docentes a impartir un currículo que justifica la guerra de agresión y ensalza la figura del régimen ruso.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, denunció que los profesores son sometidos a abusos y amenazas para que trabajen en un sistema educativo que se opone a sus valores y creencias. Aquellos que se niegan a cooperar enfrentan represalias, incluyendo secuestros y violencia física.
La presión es tal que muchos educadores se ven obligados a ocultar su profesión por temor a represalias. Svitlana, profesora de lengua ucraniana, reveló que tuvo que decir a sus hijos que, si alguien preguntaba, debía mentir y decir que trabajaba limpiando la escuela. Esta estrategia de supervivencia refleja el miedo omnipresente en la vida de los profesores, quienes no solo temen por su seguridad, sino también por la de sus familias.
La urgencia de la ocupación
Las autoridades rusas han manifestado un interés particular en reabrir las escuelas como parte de su estrategia de control sobre los territorios ocupados. Desde mayo de 2022, comenzaron a convocar reuniones con el personal docente que quedaba, presionándoles para que regresaran al trabajo bajo la promesa de un salario atractivo y estabilidad laboral. Sin embargo, estas reuniones eran, en gran medida, un ejercicio de coerción psicológica. Oksana, jefa de estudios en Jersón, relató cómo le dijeron que Ucrania había dejado de luchar por ellos y que era su deber colaborar con el nuevo régimen. A quienes se negaban, se les advertía sobre las consecuencias, incluyendo la inclusión en “listas negras” y la negación de acceso a servicios básicos.
La estrategia de las autoridades de ocupación también incluye el uso de violencia para asegurar la cooperación. Oleksandr, un profesor de geografía, compartió su experiencia traumática tras ser secuestrado y golpeado por hombres armados por negarse a participar en actividades que apoyaran la ocupación. Este tipo de violencia no solo busca coaccionar a los profesores, sino también silenciar cualquier forma de resistencia.
Un llamado a la acción
La situación del profesorado en las zonas ocupadas es un claro reflejo de las violaciones de derechos humanos que ocurren en Ucrania desde el inicio de la invasión. Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a documentar y condenar estas violaciones, asegurando que los responsables rindan cuentas por sus actos. Es esencial que estas violaciones sean investigadas por las autoridades nacionales e internacionales para que se tomen medidas adecuadas.
Mientras tanto, los profesores en los territorios ocupados continúan enfrentando una angustiosa elección entre la lealtad a su país y la supervivencia en un entorno hostil. La educación, que debería ser un espacio de libertad y desarrollo, se ha convertido en un campo de batalla donde se luchan guerras ideológicas y existenciales. En este contexto, el apoyo a los educadores ucranianos y la denuncia de sus sufrimientos son más cruciales que nunca.
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