Nuevo acuerdo sobre la redistribución de menores migrantes entre el Gobierno y Junts

El Gobierno central y el partido Junts han alcanzado un acuerdo clave sobre la distribución de menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en Canarias.

La medida, que busca aliviar la presión sobre el sistema de acogida en el archipiélago, implica el traslado de 4.000 menores migrantes a diferentes comunidades autónomas. En este contexto, Catalunya recibirá entre 20 y 30 menores, mientras que Madrid acogerá a más de 700.

Un Real Decreto para la redistribución de menores migrantes

El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto Ley que modificará el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta reforma establece la obligatoriedad del reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas cuando se produzcan llegadas masivas de migrantes, un cambio sustancial respecto al modelo anterior, que era voluntario. Además de los 4.000 menores procedentes de Canarias, se sumarán otros 400 desde Ceuta.

La decisión llega tras intensas negociaciones, en las que el apoyo de Junts resultó fundamental para que el Ejecutivo lograra la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados y garantizara la convalidación del decreto en un plazo de 30 días.

Antecedentes y negociaciones previas

Desde hace meses, el Gobierno central ha explorado distintas opciones para resolver la crisis de acogida de menores migrantes. Una primera propuesta para modificar la Ley de Extranjería fue rechazada en el Congreso el pasado verano con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts.

Tras este revés, el Ejecutivo y el Gobierno canario comenzaron a trabajar en soluciones alternativas. Una de ellas fue establecer un reparto obligatorio de menores sin modificar la legislación vigente. Sin embargo, el reciente acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar competencias en materia de inmigración a la Generalitat facilitó el camino para modificar la ley y formalizar el reparto.

Criterios para la distribución de menores

El reparto de los menores migrantes se realizará según varios criterios, entre ellos:

• Población de cada comunidad autónoma (50 %)
• Renta per cápita (13 %)
• Tasa de desempleo (15 %)
• Esfuerzo previo en acogida (6 %)
• Capacidad estructural del sistema de plazas (10 %)
• Consideraciones geográficas como insularidad o situación fronteriza (6 %)

Estos criterios buscan garantizar una distribución equitativa, favoreciendo a aquellas comunidades que ya han acogido un número significativo de menores en el pasado, como Catalunya (con 4.600 plazas) y el País Vasco (con 1.500 plazas).

Compensaciones económicas y respaldo financiero

El decreto también prevé la creación de un fondo especial de 100 millones de euros en 2025, adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia. Las comunidades que han asumido una carga mayor en la acogida recibirán una compensación económica para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Junts ha destacado que la medida corrige una "desigualdad histórica", ya que consideran que Catalunya ha soportado una carga mayor en comparación con otras regiones.

Reacciones políticas

El acuerdo ha generado reacciones diversas. Desde el Partido Popular, se ha criticado la medida, calificándola de "insolidaria" y acusando al Gobierno de "mercadear con menores de edad". En contraste, Compromís ha mostrado su apoyo al acuerdo, siempre que se respeten criterios de equidad y solidaridad. Desde Podemos, aunque han calificado la medida de "parche insuficiente", han confirmado que votarán a favor del decreto, argumentando que "es mejor una solidaridad interterritorial insuficiente que una insolidaridad interterritorial".

El nuevo acuerdo entre el Gobierno y Junts supone un paso importante en la gestión de la crisis migratoria en Canarias y Ceuta. Con la modificación de la Ley de Extranjería y la implementación de criterios objetivos de distribución, se busca aliviar la situación en las regiones más afectadas y garantizar una acogida equitativa de menores migrantes en el territorio español. Sin embargo, el debate político y las críticas al acuerdo reflejan la complejidad del problema y la necesidad de seguir trabajando en una política migratoria integral y sostenible.