Exigen al Gobierno una reforma de las pensiones no contributivas por discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado al Gobierno una nueva regulación de las pensiones no contributivas por razón de discapacidad, ya que considera que "la actual ha quedado obsoleta y está lejos de los objetivos para los que se creó".

El núcleo de la regulación actual data de la década de 1990, con algunas modificaciones menores operadas en la primera década de este siglo, lo que, según apuntó el Cermi, prueba que este régimen legal necesita "una urgente actualización" para acomodarlo a los mandatos del nuevo artículo 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad De Naciones Unidas.

La nueva regulación que pide el Cermi pasaría como gran cuestión por dotar a las pensiones no contributivas de una suficiencia mínima para hacer frente a las necesidades básicas de las personas que las reciben, lo que significaría elevarlas al 75 % de la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento.

Además, el Cermi apunta que para el cálculo de la capacidad económica de la persona se tendrían en consideración solo sus ingresos personales, no los de la unidad de convivencia como hasta ahora, lo que, a juicio de esta entidad, "restringe el acceso a estas pensiones no contributivas e ignora el mandato de autonomía personal que debe referirse solo a la persona con discapacidad no a su entorno".

Otro aspecto de la nueva regulación debería ser la acogida del principio de compatibilidad entre trabajo y pensión superando la visión actual de casi imposibilidad de recibir la pensión y de desarrollar un trabajo lucrativo.

Por qué es necesaria una reforma de las pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas por discapacidad son una ayuda esencial para muchas personas que, debido a sus condiciones, no han podido cotizar lo suficiente para acceder a una pensión contributiva. Sin embargo, estas prestaciones son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, lo que genera situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

Diferentes colectivos han solicitado al Gobierno que reforme este sistema para mejorar las condiciones económicas de las personas con discapacidad. Argumentan que la cantidad que reciben actualmente no permite una vida digna y que es necesario actualizar los criterios para que más personas puedan acceder a estas ayudas.

Principales problemas de este tipo de pensiones

A pesar de su importancia, las pensiones no contributivas por discapacidad presentan varias deficiencias que dificultan la calidad de vida de sus beneficiarios:

• Cuantía insuficiente: La prestación es baja y en muchos casos no cubre los gastos básicos de vivienda, alimentación y salud.
• Requisitos estrictos de acceso: Muchas personas con discapacidad quedan fuera del sistema por no cumplir ciertos criterios, a pesar de su situación de vulnerabilidad.
• Falta de actualización: La cuantía de la pensión no ha crecido al mismo ritmo que el coste de vida, lo que reduce su poder adquisitivo.
• Burocracia compleja: Los trámites para acceder a estas pensiones pueden ser largos y complicados, lo que dificulta su obtención para quienes más las necesitan.

Las asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad insisten en la urgencia de mejorar estas condiciones para garantizar una vida digna.

Propuestas para mejorar el sistema de pensiones no contributivas

Para que estas pensiones cumplan su función de apoyo real a las personas con discapacidad, se han planteado varias propuestas:

• Aumento de la cuantía de las pensiones para ajustarlas al coste de vida y garantizar que cubran necesidades básicas.
• Revisión de los requisitos de acceso para que más personas puedan beneficiarse de ellas sin trabas administrativas innecesarias.
• Actualización automática de las pensiones según la inflación para evitar que pierdan valor con el tiempo.
• Mayor apoyo a la inclusión laboral con medidas que permitan compatibilizar la pensión con empleos adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.

Garantizar una pensión digna es clave para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y avanzar hacia una sociedad más inclusiva.