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Novedades en el controvertido y alargado caso contra Carles Puigdemont. La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional acaba de rechazar el último recurso presentado por él y Toni Comín contra la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo. Esta orden se relaciona con los delitos de desobediencia y malversación de fondos que cometió durante el proceso del referéndum ilegal para denominar independiente a Cataluña del resto del Estado Español.
La mayoría de la Sala ha considerado que los derechos fundamentales de Puigdemont no fueron vulnerados, por lo que la causa sigue en curso. Este proceso legal, que ya se ha alargado seis años, se enmarca en el contexto del proceso independentista en Cataluña y ahora vuelve a cobrar relevancia por la necesidad de conseguir el apoyo de Junts per Sí para formar gobierno. Pero hagamos un repaso por este largo proceso.
Puigdemont en su cruzada por la independencia
2017 fue la fecha en la que todo inició. Puigdemont lideró un referéndum de independencia en Cataluña, lo que resultó en una declaración parcial de independencia en octubre. Sin embargo, esta declaración careció de validez jurídica, y fue destituido como presidente de la Generalitat por el artículo 155 de la Constitución española. Para evitar las acciones judiciales iniciadas por España, se marchó a Bélgica donde se le imputaron delitos de rebelión, sedición y malversación.
Sin embargo, la justicia tampoco pudo llegar a él, pues acabó siendo elegido como eurodiputado y pudo obtener así inmunidad parlamentaria. Esto es el punto clave por el que el proceso se ha alargado durante seis años. Años en los que se han sucedido múltiples órdenes de detención europeas contra Puigdemont, pero que finalmente fueron retiradas o rechazadas en diferentes ocasiones por las autoridades de distintos países.
En 2021 pasó por una breve detención en Italia, pero finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplicó su inmunidad dejándole libre. Sin embargo, este año finalmente el TJUE dictaminó que Bélgica no puede negarse a cumplir la euroorden emitida por España, excepto si hay deficiencias sistémicas en el sistema judicial español o si se corre el riesgo de violar los derechos fundamentales de la persona buscada.
El recurso interpuesto
En 2022 se aprobó una reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición y redujo algunas penas por malversación, lo que favoreció algo al caso. En julio de 2023, el TJUE confirmó la retirada de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, Comín y Ponsatí, lo que podría permitir su posible extradición a España. Sin embargo, la decisión definitiva sobre su extradición y juicio dependerá de futuras acciones legales y pronunciamientos judiciales.
Se espera que se conozca una decisión final sobre el caso Puigdemont en el primer trimestre de 2024. Este largo y complejo proceso legal ilustra la intersección entre la política y la justicia en el contexto del conflicto independentista en Cataluña y las implicaciones legales y jurídicas de las acciones de líderes políticos en un marco de tensiones regionales y nacionales.
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