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La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular en la que se insta al Gobierno a desarrollar un protocolo específico para hacer frente a las agresiones, el acoso y otras formas de violencia sexual dirigidas contra mujeres trabajadoras penitenciarias. La iniciativa pone el foco en una realidad que, según sus impulsores, afecta a numerosas profesionales que desempeñan su labor en centros penitenciarios y que, hasta ahora, no cuentan con herramientas suficientes de protección adaptadas a este contexto.
La propuesta salió adelante con 17 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones, lo que refleja un respaldo mayoritario, aunque no exento de discrepancias entre los distintos grupos parlamentarios.
Denuncias sobre falta de protección y respuesta institucional para las trabajadoras penitenciarias
Durante la defensa de la proposición, la diputada del Partido Popular Patricia Rodríguez alertó sobre la situación de “cientos de mujeres” que trabajan en prisiones y que, según señaló, sufren acoso sexual, amenazas y vejaciones en el ejercicio de su trabajo. Rodríguez criticó que, pese a los discursos institucionales de tolerancia cero frente a la violencia, estas profesionales se enfrentan a una realidad marcada por la falta de mecanismos eficaces.
En este sentido, subrayó que muchas de estas trabajadoras penitenciarias se han encontrado con “silencio, burocracia y una preocupante falta de mecanismos específicos de protección”, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de una respuesta más concreta y adaptada al entorno penitenciario.
La iniciativa aprobada no se limita a reclamar una reacción ante los casos de agresión, sino que plantea un enfoque integral. Entre las medidas propuestas figura la elaboración de un protocolo que incluya acciones de prevención, sistemas de detección temprana y la incorporación de este tipo de riesgos en los planes de prevención ya existentes.
Asimismo, se plantea la necesidad de garantizar una protección inmediata a las víctimas. Entre las acciones contempladas se encuentran la separación del agresor, la imposición de sanciones disciplinarias, la provisión de apoyo psicológico y jurídico, así como la designación de una figura responsable de coordinar estas actuaciones en cada centro penitenciario.
Otra de las líneas de actuación recogidas en la proposición es la promoción de cambios legales que permitan endurecer las penas por agresiones sexuales en el ámbito penitenciario. También se propone tipificar como delito determinadas conductas sexuales vejatorias que, en este contexto, suponen una forma de humillación laboral.
Rodríguez insistió en que estas conductas deben tener consecuencias claras y defendió que las trabajadoras penitenciarias deben poder ejercer su labor “en condiciones de seguridad y de respeto”. En esa línea, recordó que “la dignidad de las mujeres no termina en la puerta de una prisión”.
Apoyos y propuestas adicionales desde Vox
Desde Vox, la diputada María de los Reyes Romero Vilches respaldó la iniciativa al considerarla “justa y necesaria”. En su intervención, criticó la inexistencia actual de un protocolo específico para abordar el acoso y las agresiones sexuales en este ámbito, y advirtió de la especial vulnerabilidad de las mujeres que trabajan en prisiones.
Según afirmó, “ser mujer en este ámbito comporta un peligro específico”, lo que justificaría la adopción de medidas adicionales de protección. Entre sus propuestas destacó la necesidad de reforzar la prevención y la seguridad, evitando que las trabajadoras penitenciarias permanezcan solas con internos, mejorando los sistemas de alerta y garantizando sanciones más rápidas.
También hizo hincapié en la importancia de ofrecer apoyo psicológico a las víctimas y vinculó esta problemática con la política migratoria, defendiendo un mayor control de fronteras como vía para prevenir la comisión de delitos y reforzar la seguridad de los trabajadores, especialmente de las mujeres en entornos penitenciarios.
Críticas desde Sumar y defensa del trabajo en curso
Por parte de Sumar, la diputada Engracia Rivera coincidió en el diagnóstico de fondo, al reconocer que las trabajadoras penitenciarias sufren una “violencia y un acoso sexual estructural intolerable”. No obstante, criticó la iniciativa del Partido Popular por considerar que llega “tarde”, ya que, según indicó, existe un borrador de protocolo que ya se encuentra en desarrollo.
Rivera mostró su rechazo a la propuesta de endurecer las penas, al entender que podría suponer una “deriva punitiva”. En su lugar, defendió un enfoque centrado en la prevención, el refuerzo de recursos y la negociación con los agentes sociales implicados.
En la misma línea, la diputada socialista Andrea Fernández destacó que el Ejecutivo ya está trabajando en un nuevo protocolo con perspectiva de género. Este trabajo se estaría desarrollando a través de un grupo específico creado en 2024 en colaboración con organizaciones sindicales.
Fernández apostó por continuar avanzando mediante el diálogo y la negociación, reforzando las medidas ya en marcha en lugar de adoptar nuevas iniciativas que, en su opinión, podrían solaparse con los esfuerzos actuales.
Un debate abierto sobre seguridad y enfoque
La aprobación de esta proposición no de ley reabre el debate sobre cómo abordar la seguridad de las mujeres en el entorno penitenciario. Aunque existe un consenso amplio en torno a la necesidad de mejorar su protección, las diferencias surgen en el enfoque: mientras algunos grupos apuestan por reforzar el marco sancionador, otros priorizan la prevención y el desarrollo de medidas ya iniciadas.
En cualquier caso, la iniciativa pone sobre la mesa una problemática que afecta a un colectivo específico dentro del sistema de trabajadoras penitenciarias y que, tras esta votación, vuelve a situarse en el centro de la agenda política.
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