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En Portugal, varios hospitales públicos derivan las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas como Arcos en Lisboa, que actualmente maneja el 30 % de los casos. Esto se debe al estigma que persiste sobre el procedimiento, lo que lleva a muchas mujeres a pagar por el servicio o viajar a España.
La clínica Arcos ofrece atención gratuita a pacientes de hospitales públicos de las regiones centro y sur de Portugal y también tiene una sede en Badajoz, donde atendió a más de 400 mujeres portuguesas el año pasado.
La interrupción voluntaria del embarazo, un tema de debate en Portugal
En Portugal, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sigue siendo un tema de debate y división. Aunque la ley lo permite, muchos hospitales públicos derivan a las mujeres a clínicas privadas, como la clínica Arcos en Lisboa, que actualmente atiende al 30 % de los casos de aborto.
Este fenómeno se debe al estigma social que aún persiste en torno a este procedimiento, y muchas mujeres se ven forzadas a pagar por el servicio o incluso a viajar a España en busca de opciones más accesibles, ya que en su propio país enfrentan diversas limitaciones.
La clínica Arcos tiene un papel crucial, pues ofrece atención gratuita a pacientes derivadas de hospitales públicos de las regiones centro y sur de Portugal. A pesar de este esfuerzo, muchas mujeres que no tienen acceso a estas clínicas privadas terminan buscando servicios en el extranjero.
Arcos también opera una clínica en Badajoz, donde el año pasado atendió a más de 400 mujeres portuguesas, lo que resalta la dependencia de las mujeres portuguesas en clínicas fuera de su país debido a las restricciones locales. Esto pone de manifiesto que el acceso a los derechos reproductivos en Portugal no es equitativo, y muchas mujeres más vulnerables se ven obligadas a recurrir a alternativas que requieren de un mayor gasto económico.
Esas mujeres no solo enfrentan la dificultad económica de viajar, sino también la discriminación al no poder acceder a los mismos derechos reproductivos que las que pueden costearse los servicios privados o los viajes al extranjero. Así, el sistema actual penaliza a las mujeres con menos recursos, quienes no tienen acceso fácil a estos servicios.
Las restricciones legales sobre el aborto en Portugal
La ley portuguesa sobre la interrupción del embarazo es una de las más restrictivas dentro de la Unión Europea. El plazo legal para realizar un aborto en Portugal es de solo 10 semanas y seis días, mucho más corto que en España, donde se permite hasta las 14 semanas, ampliables a 22 en casos excepcionales.
Además, la ley portuguesa impone un periodo de reflexión de tres días para las mujeres que desean interrumpir su embarazo. Este requisito, según Rui Marques, es innecesario, pues muchas mujeres ya tienen tomada su decisión. "El 85 % de las mujeres que llegan a nuestra consulta ya han decidido", afirma Marques.
Este periodo de reflexión puede resultar crucial para muchas mujeres, pues en algunos casos puede hacer que no cumplan con el límite legal para abortar. Por ejemplo, una mujer que llega a consulta con 10 semanas y 4 días de embarazo ya no podría interrumpir su embarazo, ya que los tres días de reflexión la harían superar el plazo legal, como explica Marques. Este es solo uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres que buscan acceder a un aborto en Portugal.
El impacto de los objetores de conciencia
Otro desafío significativo es la cantidad de médicos objetores de conciencia en el sistema público de salud. Aproximadamente el 30 % de los médicos en hospitales públicos portugueses se niegan a realizar abortos.
Esto obliga a muchas mujeres a buscar atención en clínicas privadas o a cruzar la frontera para encontrar médicos dispuestos a ayudarles. La presencia de tantos objetores de conciencia crea una barrera considerable para las mujeres, especialmente aquellas con menos recursos.
Este panorama refleja las profundas desigualdades y obstáculos en el acceso a los derechos reproductivos en Portugal. A pesar de que el aborto es legal, las limitaciones legales, el estigma social y la falta de profesionales dispuestos a realizar el procedimiento siguen dificultando que muchas mujeres accedan a una atención que debería ser fácilmente accesible para todas.
El sistema actual destaca las desigualdades sociales y económicas que siguen afectando a las mujeres más vulnerables en Portugal.
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