Libertad de expresión en peligro: Cómo Filipinas utiliza Facebook para silenciar a activistas jóvenes

Las autoridades de Filipinas han intensificado su uso de Facebook para llevar a cabo campañas de “etiquetado en rojo” contra jóvenes activistas. Este fenómeno ha sido documentado en un reciente informe de Amnistía Internacional, titulado “Transformé mi miedo en valentía”, que revela cómo el gobierno del presidente Ferdinand Marcos hijo está utilizando las herramientas digitales para acosar y reprimir a quienes investigan violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y otras agencias gubernamentales.

Este documento no solo arroja luz sobre el contexto en el que se produce esta práctica, sino que también subraya las graves consecuencias que tiene para la libertad de expresión y la seguridad de los activistas.

El proceso del Etiquetado en Rojo

La práctica del “etiquetado en rojo” implica que figuras políticas y agentes de seguridad del Estado denigran a activistas, considerándolos "rebeldes comunistas" o "terroristas". Esto no se limita al acoso en línea; las repercusiones son también físicas, generando un ambiente de miedo que afecta la vida de muchos jóvenes.

Activistas como Ana, de 26 años, han descrito cómo este etiquetado crea un clima de autocensura, donde el miedo a ser atacado o incluso desaparecido disuade a muchos de participar activamente en la defensa de los derechos humanos.

La directora de Amnesty Tech, Damini Satija, señala que “a lo largo de los años, el ‘etiquetado en rojo’ se ha utilizado para instigar amenazas y ataques directos contra quienes critican al gobierno”. Esta estrategia ha desencadenado un ciclo de violencia que se ve respaldado por la falta de respuesta del gobierno a las denuncias de acoso.

Consecuencias del etiquetado

El etiquetado ha tenido un impacto devastador en los jóvenes defensores de derechos humanos. Muchos activistas han abandonado sus trabajos o se han visto obligados a limitar su participación debido al temor por su seguridad. La desaparición de Rowena Dasig, una joven defensora de derechos ambientales, en agosto de 2024, ejemplifica los peligros que enfrentan estos individuos.

Al igual que Hailey Picayo, quien fue acusada erróneamente de ser terrorista mientras investigaba un caso de asesinato de un menor, muchos activistas son blanco de persecuciones infundadas, lo que refuerza un sistema de justicia que perpetúa la violencia y el miedo.

Los ataques en redes sociales, especialmente en la página de la Fuerza Especial Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Local Comunista (NTF-ELCAC), son un aspecto clave del etiquetado. Esta unidad, establecida durante el mandato de Rodrigo Duterte, ha utilizado Facebook como plataforma para lanzar ataques a activistas, promoviendo un discurso de odio que se traduce en agresiones en la vida real.

Miguel, un activista de 26 años, explica cómo este etiquetado no solo afecta a su reputación, sino que también pone en riesgo su vida. A pesar de los intentos de denuncia, el acoso y la desinformación continúan sin ser controlados.

El papel de Facebook y la necesidad de cambios

Facebook se ha convertido en un campo de batalla digital donde se llevan a cabo estas campañas de acoso. Con un 95 % de usuarios de redes sociales en Filipinas conectados a esta plataforma, se convierte en un medio clave para el etiquetado en rojo. Amnistía Internacional ha documentado fallos sistemáticos en la moderación de contenido por parte de Meta, la empresa matriz de Facebook, lo que permite la propagación de discursos que incitan al odio y la violencia.

Wilnor Papa, de Amnistía Internacional Filipinas, afirma que “los mecanismos inadecuados para la moderación de contenidos han convertido a Facebook en un entorno propicio para cometer graves violaciones de derechos humanos”.

Ante esta situación, Amnistía Internacional hace un llamado a Meta para que implemente reformas que garanticen un escrutinio adecuado de los contenidos que promueven el etiquetado en rojo. La organización insta al gobierno filipino a detener la represión y proteger a los defensores de los derechos humanos, además de abolir la NTF-ELCAC y la Ley Antiterrorista que permite abusos sistemáticos.

Este contexto de acoso y represión en Filipinas pone de relieve la urgente necesidad de proteger la libertad de expresión y los derechos humanos. Mientras la tecnología continúa evolucionando, es esencial que los gobiernos y las plataformas de redes sociales actúen de manera responsable para garantizar un entorno seguro y justo para todos.