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La Guardia Civil ha informado sobre la detención de 21 personas y la realización de 30 registros en la operación desarrollada en Cataluña por la presunta financiación ilegal del 'procés' y la estancia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica.
La información publicada por Servimedia indica que la causa trata de determinar si distintos aspectos del 'procés' se financiaron defraudando hasta dos millones de euros en las subvenciones de la Diputación de Barcelona destinadas a cooperación internacional.
Finalmente, la Fiscalía no ha pedido su ingreso en prisión
Los detenidos que quedaban en dependencias policiales contra la financiación del 'procés', han quedado en libertad con cargos, tras comparecer ante el juez.
El magistrado ha acordado la libertad provisional para todos ellos y la obligación de estar a disposición del juzgado siempre que sean requeridos. El magistrado de instrucción 1 de Barcelona investiga una causa abierta por los delitos de soborno, malversación de caudales públicos, prevaricación y desórdenes públicos. La causa está relacionada con el desvío de fondos públicos de la Diputación de Barcelona.
Entre las nueve personas que esta mañana han acudido al juzgado están cuatro dirigentes muy relevantes del independentismo, ya que todos ellos formaron parte del llamado estado mayor del 'procés', integrado por el Govern, las entidades sociales y los partidos, que lideraron el desafío de octubre de 2017.
Es el caso de Xavier Vendrell, exconsejero de Gobernación de la Generalitat y exdirigente de ERC; David Madí, mano derecha de Mas en CiU; Oriol Soler, director de la campaña de Junts pel Sí en 2015 y empresario editorial; y Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma pro selecciones catalanas.
Los nueve investigados se han acogido a su derecho a no declarar. La Fiscalía no ha pedido medidas cautelares. E
La Guardia Civil destapa la 'Operación Volhov'
Los investigadores han seguido la pista de la conversación telefónica entre Víctor Terradellas y Miquel Casals. Según ha explicado el Instituto Armado, la llamada 'Operación Volhov' se ha realizado bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Jesús Aguirre, y ha conllevado arrestos y registros en los partidos judiciales de Barcelona y Gerona.
Entre las personas detenidas están el exdirigente de CiU David Madí, el exdirigente de ERC Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler, el jefe de la oficina del expresident Josep Lluís Alay. También, Xavier Vinyals Capdepon, Antonio Fusté Piñol, Roc Aguilera Vaques, Pilar Contreras Llanas, Marta Molina Álvarez, el alcalde de Cabrera de Mar y Jordi Serra.
¿De qué se les acusa?
Los encausados están acusados de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. El origen del sumario son las diligencias previas 111/16, en las que se venía investigando un presunto desvío de fondos públicos, cuyo origen era la Diputación de Barcelona y la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanas.
Y es que, durante esta investigación de la Guardia Civil, se descubrió la supuesta prevaricación en la recalificación de terrenos rústicos para la construcción de un centro de negocios, un restaurante y una escuela concertada en la localidad Cabrera de Mar (Barcelona), en la zona denominada Compleix Villabugatti.
Con todo lo expuesto, la Guardia Civil ha sabido que, además de la recalificación, se constataron adjudicaciones de obra por procedimientos no reglados, irregularidades por parte del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña en la concesión del concierto de la escuela y la modificación irregular del terreno de rústico a urbanizable, mediante la recalificación municipal aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Cabrera de Mar.
El supuesto apoyo desde Rusia a Puigdemont
Según consta en los autos de entrada y registro de la operación, los detenidos presumían en sus conversaciones de que Rusia llegó a ofrecer apoyo a Puigdemont para que avanzase en sus ansias de independencia. Es más, según relataban, llegó a poner a su disposición hasta 10.000 soldados y a pagar la deuda catalana.
El juez señala en su auto que desde ese mismo entorno ruso se pretendía, presuntamente, participar en una estrategia para desestabilizar y actuar contra la Unión Europea con fake news sobre su riesgos y debilidades de la UE. Ante esta situación, el juez considera la maniobra como un hecho fáctico de injerencia por parte de Rusia como medida de estrategia geopolítica.
Finalmente, informó la Guardia Civil que, en este procedimiento se analizan distintas fuentes de financiación con fondos públicos de actividades irregulares ajenas al destino legal que dicho dinero tendría por objeto. A lo largo de la investigación, la Guardia Civil se ha incautado de treinta y una entradas y registros. Se ha intervenido gran cantidad de documentación, así como soportes informáticos y telefonía móvil para su estudio y análisis. La investigación de la Benemérita continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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