Preocupación por la falta de perspectiva sobre discapacidad que ofrece el Ingreso Mínimo Vital

Plena Inclusión lamenta que el Ingreso Mínimo Vital no tenga en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como colectivo especialmente vulnerable.

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión lamentan que el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, discrimine a las personas con discapacidad intelectual adultas con la capacidad modificada jurídicamente, al impedirles ser titulares de la prestación.

Si bien ambas organizaciones valoran la garantía del Ingreso Mínimo Vital como una conquista para las personas en situación de pobreza y exclusión y un avance en la reducción de las desigualdades socioeconómicas que existen en España, también se muestran preocupadas por la falta de perspectiva de discapacidad que hay en la ley. No se tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pese a que estas sufren más situaciones de pobreza y vulnerabilidad y su discapacidad conlleva un elevado sobrecoste. En el caso concreto de las personas apoyadas por las Fundaciones Tutelares de la red de la AEFT, se identifica que un 47% (de un total de 3.400) se encuentran en riesgo de pobreza relativa.

Al impedir que las personas con la capacidad modificada jurídicamente sean titulares de la prestación, la regulación de este nuevo ingreso ha ignorado lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006 y ratificada por nuestro país en 2008. Además, utiliza una visión de la capacidad jurídica que es incoherente y contradictoria con el Anteproyecto de Reforma del Código Civil en materia de discapacidad, que el propio Gobierno ha impulsado.

El Ingreso Mínimo Vital establece que las personas titulares de la prestación deben solicitarlo para sí mismas o para su unidad de convivencia, es decir, para las personas con las que viven. Este requisito supone ignorar la situación particular de muchas personas con discapacidad intelectual que, al no contar con apoyo familiar, lo reciben de las Fundaciones Tutelares a través de una tutela o curatela. Las personas apoyadas y las Fundaciones no conforman una unidad de convivencia, situación que impone al colectivo una nueva barrera de acceso al ingreso mínimo vital, pudiendo conllevar discriminaciones.

La AEFT y Plena inclusión también ven con preocupación el riesgo que existe de la desaparición de las actuales prestaciones de hijo a cargo, que, en muchos casos, constituyen el único ingreso para numerosas personas con discapacidad.

Por último, las organizaciones indican que el texto en el que se basa la regulación de esta prestación es complejo, remite con frecuencia a desarrollos reglamentarios posteriores e incide en importantes modificaciones de la legislación de la Seguridad Social que regulaba otras prestaciones, como la de hijo a cargo. Esto genera inseguridad jurídica, incertidumbres e imprecisiones que pueden conllevar dificultades en la aplicación del Real decreto-ley e incluso la pérdida de derechos ya reconocidos para el colectivo de personas con discapacidad intelectual.

La Ley del Ingreso Mínimo Vital debería reconocer a estas personas como ‘unidad de convivencia especial’ y convertirse en incentivo para su acceso al empleo.

Una de cada tres personas que está en riesgo de pobreza y/o exclusión tiene alguna discapacidad

Esto significa una cifra siete puntos superior al resto de la población (según la Tasa Arope). Tras el análisis del texto legislativo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno, Plena Inclusión España lamenta que este mecanismo de protección social no tenga en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como colectivo especialmente vulnerable.

“Existe una relación directa entre discapacidad y pobreza por la que debería considerarse a este colectivo entre los especialmente vulnerables”, afirma Plena Inclusión y lo sostiene con evidencias: una de cada tres personas en riesgo de pobreza y/o exclusión tiene alguna discapacidad.

Las razones desde Plena Inclusión

Desde la entidad, constata que la Ley de Ingreso Mínimo Vital no recoge las propuestas de las personas y las familias manifestadas por Plena Inclusion al Gobierno de Pedro Sánchez que se documentan, por ejemplo, con el dato de que la privación material severa de las personas con discapacidad es un 3.4% superior a las de las personas sin discapacidad.

Plena Inclusión había solicitado la consideración para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como ‘unidad de convivencia’ independiente de su grupo familiar. Su presidente, Santiago López, remarca la relevancia de esta falta de reconocimiento: “Resulta fundamental que sean ‘unidad de convivencia especial’ porque de lo contrario su situación de pobreza quedaría enmascarada por la suma de los ingresos de sus familias. En la mayoría de los casos, la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo resulta invisible de cara a las ayudas”.

Estas personas se ven obligadas a permanecer en el entorno familiar por falta de ingresos. “Y esa situación les condena a una dependencia perpetua de sus familias, algo que hemos transmitido al Gobierno en repetidas ocasiones”, sugiere López.

En las propuestas presentadas al Gobierno, tanto al Ministerio de Inclusión como al de Derechos Sociales y Agenda 2030, Plena Inclusión solicitaba, en línea con la Plataforma CERMI, alguna medida que compensara los sobrecostes añadidos generados por la atención a una situación de discapacidad en la línea del “complemento de monoparentalidad“ que sí recoge la ley.

Desde la organización nacional, también proponía al Ejecutivo fortalecer el Ingreso Mínimo Vital como un incentivador del empleo para personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, definición recogida en el Real Decreto de Empleo con Apoyo, de 2007, que se incluye a “personas con parálisis cerebral o enfermedad mental o discapacidad intelectual en un grado igual o superior al 33%; y físico o sensorial en un grado igual o superior al 65%”. En este ámbito, la Ley del Ingreso Mínimo Vital parece dejar una puerta abierta a posteriores reglamentaciones.

Desde Plena Inclusión preocupa la eliminación de la prestación de hijo a cargo para familias con hijos con una discapacidad inferior al 33%. “Esa medida supone reducir prestaciones para un grupo importante de familias, siendo además dicha frontera del 33%, una realidad dinámica y en ocasiones de dudosa fiabilidad”, recalca Santiago López.

Añade que el Gobierno ha ignorado las recomendaciones trasladadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al Gobierno española, en el último examen a nuestro país realizado en 2019, en el que se pedía al Estado que velase por que la estrategia nacional de reducción de la pobreza incorpore una perspectiva de discapacidad que contemple medidas específicas y una partida presupuestaria concreta.

La mirada desde el Gobierno

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta, puso este lunes en valor el Ingreso Mínimo Vital para luchar contra la pobreza severa y celebró que “desde la Ley de Dependencia, no veíamos el nacimiento de un derecho social en España”.

“Es la política social más redistributiva que va a tener nuestro país; es el nacimiento de un nuevo derecho social, cuando sólo habíamos visto un recorte de esos derechos”, aseguró el ‘número dos’ del vicepresidente Pablo Iglesias en un seminario organizado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

Según explicó el secretario de Estado, “las políticas sociales en España han estado demasiado enfocadas a las bonificaciones en materia fiscal” y “era necesario una medida centrada en transferencias a los hogares más pobres”.

Personas beneficiadas

Según los cálculos del Gobierno, esta prestación no contributiva de la Seguridad Social sacará de la pobreza extrema al 80% de quienes se encuentran en este umbral y llegará a alrededor de 850.000 hogares que percibirán una prestación que oscila entre los alrededor de 500 euros y algo más de mil al mes, dependiendo de las condiciones de cada familia.

“La llegada de la crisis hacía todavía más urgente (el IMV) y evidenciaba lo importante que era esa ausencia. Con la medida, hemos dado un paso histórico para que nadie esté en extrema pobreza, aunque llegamos tarde a lo que otros países europeos ya tenían desde hace décadas”, reconoció Álvarez.

Por su parte, indicó que esta prestación, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes y que apoyará también el PP, “tendrá que ser mejorada y perfeccionada”, además de ser “valuada constantemente para ver los huecos y carencias”.

Algunas ONG han alertado que el IMV deja fuera a alrededor de 600.000 personas vulnerables, ya que finalmente no abarcará a los solicitantes de asilo, salvo excepciones como víctimas de trata o de violencia de género. Sí podrán optar a la prestación los migrantes que lleven al menos un año residiendo en España.

El secretario de Estado añadió que España cuenta con “el menor gasto social en relación al tamaño de su economía” entre los países de su entorno y que hace “el reparto menos redistributivo”.