15/06/2020 - 16:50
Lectura fácil
La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por entender que no existen indicios de actuación delictiva.
El auto contiene finalmente 51 páginas, en él, la jueza desgrana los argumentos para adoptar esta decisión después de tomar declaración a Franco y a una veintena de testigos. Concluye que "no hay indicios suficientes de actuar delictivamente en los hechos atribuidos" a Franco por el presunto delito de prevaricación administrativa.
Según dice su escrito, el imputado "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" y señala que "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".
La jueza Rodríguez Medel investiga la denuncia de un particular que responsabilizaba de la extensión del contagio por coronavirus al delegado del Gobierno por no prohibir concentraciones multitudinarias, entre ellas la del 8M, los días 5 y 14 de marzo. En el auto, la jueza asegura no haber encontrado evidencias de que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada" instara a Franco a que "prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones" por la pandemia.
La declaración del delegado
En su declaración ante la jueza el delegado del Gobierno insistió en que actuó de acuerdo a la ley y a los datos que se tenía en ese momento sobre la difusión de la pandemia y destacó que él mismo acudió a la manifestación del 8M acompañado de su mujer y de su hija, médico de profesión.
Por su parte, insiste la jueza en que Franco debía haber conocido el riesgo para haber incurrido en un tipo delictivo y que ese conocimiento no podía ser “popular, sino un conocimiento técnico sólido y suficiente como para restringir un derecho fundamental”.
Valoración del Gobierno
La titular de Defensa confesó que el Gobierno no albergaba dudas de que la jueza tomaría esta decisión, puesto que José Manuel Franco no cometió "ningún tipo" de delito al permitir la manifestación del 8M.
La ministra también mostró su tranquilidad de que esta conclusión haya tenido lugar después de una ardua investigación judicial y dejó claro que Franco autorizó las marchas teniendo en cuenta el criterio de los expertos y las evidencias científicas de aquel momento.
Por ello, juzgó como “actitudes mezquinas” las mostradas por aquellos que sugieren o directamente acusan al Gobierno de haber actuado movido por intereses ajenos a los de proteger la salud de los ciudadanos permitiendo la celebración del 8M.
¿Y qué dice la oposición?
El Partido Popular en este contexto ha asegurado que “respeta” toda resolución judicial, incluida la decisión de la jueza que investiga el 8M de archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid. No obstante, defendió que esto es compatible con la “máxima exigencia de responsabilidades políticas” por unas manifestaciones “que no se debieron celebrar”.
Así lo expresa el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, cuando al atender a los medios de comunicación en Málaga fue preguntado por la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, de archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
“Máximo respeto a las resoluciones judiciales, por supuesto, y máxima exigencia también de responsabilidades políticas”, sintetizó Montesinos, recordando que el PP “siempre respeta todas las decisiones judiciales porque creemos en la separación de poderes y en el Estado de derecho”.
Con respecto a Ciudadanos, su portavoz, Bal indicó sobre el auto de la jueza que no podía “dar una opinión jurídica” que pudiera interferir en el desarrollo judicial y, de paso, reprochó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska “no entienda bien este criterio necesario de no interferencia” habida cuenta de sus ceses en la Guardia Civil.
Y luego concretó su “respeto absoluto a las decisiones de su señoría la magistrada". "Respeto antes - de la manifestación del 8M- respeto ahora y respeto mañana”, sostuvo.
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