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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, hicieron público este lunes un relevante e histórico comunicado conjunto en el que rechazan de forma tajante la inmigración descontrolada y reclaman a las instituciones comunitarias de Bruselas la creación urgente de centros de repatriación en terceros países fuera del espacio de la Unión Europea. La declaración política firmada por ambas mandatarias representa un movimiento estratégico de gran trascendencia al unir a dos líderes pertenecientes a familias ideológicas contrapuestas en favor de un unfair e innegable endurecimiento radical de las políticas migratorias en todo el continente.
En el documento difundido a través de las redes sociales oficiales de la jefa del Ejecutivo italiano, las dos líderes reconocen abiertamente la singularidad de su cooperación institucional. “Entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración. Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres jefas de gobierno en la Unión Europea. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo inequívoco de defender Europa”, arranca la nota conjunta que fija una posición coordinada frente a la llegada incesante de inmigrantes irregulares a las costas comunitarias.
En el marco de esta alianza inédita entre Roma y Copenhague, ambas jefas de Gobierno remarcaron el rechazo firme de sus respectivos gabinetes a la gestión actual de los flujos fronterizos. “No aceptamos la inmigración descontrolada a Europa y hemos promovido una política de inmigración rigurosa, tanto en nuestros países como en Europa”, afirman expresamente en la nota oficial difundida. Este pronunciamiento político se produce en medio de notables tensiones, como los controles instaurados en aeropuertos y puertos entre Italia y España tras los graves acontecimientos registrados en la ciudad autónoma de Ceuta.
Preocupación por la seguridad pública y el impacto en los servicios del Estado
Las dos mandatarias autonómicas y estatales sostienen que la gestión de las fronteras exteriores comunitarias debe abordarse con absoluta contundencia legislativa y operativa. En el texto hecho público, aseguran que “nadie puede negar las consecuencias negativas de la inmigración ilegal en nuestras sociedades: aumento de los índices de delincuencia, creciente presión sobre los servicios públicos y erosión de la confianza pública”. Según señalan Meloni y Frederiksen, la falta de respuesta firme ante el fenómeno de la inmigración descontrolada termina deteriorando la cohesión social de las naciones receptoras.
El comunicado político enfatiza la imperiosa necesidad de dar respuesta a las situaciones más graves que atentan directamente contra la seguridad ciudadana de los europeos. Las mandatarias agregan que el escenario “resulta especialmente grave cuando los inmigrantes ilegales, privados del derecho a permanecer en nuestros países, cometen delitos violentos, trafican con drogas o son responsables de violencia sexual”. Frente a esta compleja realidad, defienden que el deber prioritario de los gobiernos es “brindar respuestas concretas a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, y garantizar una mayor seguridad y protección para nuestras comunidades”.
Un modelo de contención y deportación para frenar la inmigración descontrolada
Para solucionar la crisis en los pasos fronterizos comunitarios, las jefas de Gobierno solicitan oficialmente que se establezcan “centros de repatriación en terceros países, así como otras soluciones innovadoras fuera de Europa”. Este proyecto tiene como referente el modelo impulsado por Italia en Albania para la tramitación de solicitudes de asilo, un esquema que ahora pretenden trasladar a diversos países africanos como fórmula efectiva para contener la inmigración descontrolada que llega a través del Mediterráneo.
Asimismo, ambas líderes aseveran que la firmeza institucional en materia de seguridad debe avanzar en paralelo al marco normativo vigente en todo el espacio comunitario europeo. “El respeto a nuestras leyes debe ir de la mano del respeto a los valores europeos. Esto se aplica tanto a los inmigrantes irregulares como a los millones de ciudadanos extranjeros que residen legalmente en nuestros países y en toda Europa”, sostienen las dos mandatarias en el comunicado divulgado. De este modo, defienden que frenar la inmigración descontrolada es indispensable para garantizar una integración plena y justa de los residentes legales.
Por último, las dos jefas de Gobierno reivindican con absoluta firmeza el acervo cultural e histórico de Europa como eje vertebrador de su acción política conjunta. “Ambas estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo. Esperamos que quienes vengan a nuestros países y elijan Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos”, remarcan en el escrito. Las mandatarias concluyen asegurando que “esta es la manera correcta de proteger a Europa y nuestros valores comunes” ante los graves desafíos generados por la inmigración descontrolada.
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