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La violencia de género hacia las mujeres con discapacidad es una realidad alarmante que ha ido en aumento en los últimos años. Las mujeres con discapacidad, ya sean físicas, psíquicas o sensoriales, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, y se ha comprobado que las formas de violencia que sufren son más intensas y frecuentes que en el caso de las mujeres sin discapacidad.
En 2023, la Fundación Cermi Mujeres (FCM) alertó sobre un aumento significativo en el número de mujeres con discapacidad asesinadas por sus parejas y exparejas, lo que refleja la gravedad de este problema.
Aumento de los asesinatos de mujeres con discapacidad
De acuerdo con los datos del XVII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, en 2023 se registraron 58 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, de los cuales seis tenían discapacidad. Esta cifra representa un alarmante 10,3 % del total, en comparación con el 6,1 % registrado en 2022, lo que pone de manifiesto un preocupante aumento en la violencia de género hacia este colectivo.
A lo largo del periodo 2012-2023, un total de 62 mujeres con discapacidad han perdido la vida a causa de la violencia de género, lo que supone casi el 10 % del total de asesinatos de mujeres por violencia de género. Además, el Informe también subraya que existen más de 9.000 mujeres con alguna discapacidad que son víctimas de violencia y que se encuentran en situación de desempleo, con dificultades económicas que agravan aún más su situación de vulnerabilidad.
La falta de accesibilidad y la necesidad de medidas específicas
Uno de los principales obstáculos para abordar la violencia de género contra las mujeres con discapacidad es la falta de accesibilidad a los servicios de apoyo, información y asesoramiento. Aunque el Informe Anual del Observatorio destaca la accesibilidad del servicio 016, que ofrece información y orientación jurídica sobre violencia de género, desde la Fundación Cermi Mujeres se denuncia que aún es necesario mejorar la orientación de los servicios especializados para atender las necesidades específicas de este colectivo.
Además, se requiere una auditoría efectiva de los servicios de violencia de género para evitar la doble victimización que enfrentan estas mujeres, tanto por los abusos sufridos como por la falta de accesibilidad a los recursos disponibles. Las barreras físicas, comunicacionales y sociales siguen siendo un obstáculo importante para que estas mujeres puedan recibir el apoyo necesario.
Nuevas reformas y el impacto en la justicia
La Fundación Cermi Mujeres también ha señalado que, a raíz de la reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, se ha incrementado el ámbito de competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Este cambio implica que estos tribunales se encarguen también de procesos relacionados con una mayor variedad de delitos, como homicidios, lesiones, delitos sexuales y otros crímenes cometidos en un contexto de violencia de género, tanto sobre las mujeres como sobre menores y personas con discapacidad en su entorno.
Sin embargo, este aumento de competencias no ha sido acompañado de un refuerzo presupuestario ni del incremento del número de juzgados, lo que podría resultar en un colapso del sistema judicial, dificultando el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.
La violencia de género hacia las mujeres con discapacidad es un problema urgente que requiere una respuesta inmediata y contundente. Es fundamental que se ponga el foco en esta realidad, garantizando una mayor visibilidad y el acceso a servicios especializados, adaptados a las necesidades específicas de las víctimas. Además, es crucial que las políticas públicas tengan en cuenta las formas agravadas de violencia que sufren estas mujeres y se tomen medidas concretas para protegerlas y asegurarles una vida libre de violencia.
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