Cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos

Muchas mujeres de 57 países en vías de desarrollo no tienen el derecho a negarse a sostener relaciones sexuales con su pareja, a decidir sobre el uso de métodos anticonceptivos y a solicitar atención médica, informó la ONU.

El Fondo de Población de la ONU ha señalado que los datos solo abarcan a una cuarta parte de los países del mundo, más de la mitad de ellos en África. Pero los hallazgos "pintan una imagen alarmante del estado de la autonomía corporal para millones de mujeres y niñas", que carecen del poder para tomar decisiones sobre su cuerpo sin miedo.

Solamente el 55 % de las niñas y mujeres de los 57 países pueden decidir tener relaciones sexuales o no, si utilizarán métodos anticonceptivos o no, y cuándo recurrir a servicios de salud sexual y reproductiva.

"La negación de la autonomía corporal es una violación de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas que reafirma las desigualdades", dijo la doctora Natalia Kanem, directora ejecutiva del fondo. 

A casi la mitad de las mujeres se les niega el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus relaciones sexuales

La educación es vital para las mujeres, ya que a mayor educación mayor control sobre sus cuerpos. Las principales vulneraciones que sufren las mujeres incluyen la violación, la esterilización forzada, las pruebas de virginidad, la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil entre otros.

El informe anual sobre el Estado de la Población Mundial, este año bajo el lema Mi cuerpo me pertenece: Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación, es el primero que realiza la ONU centrándose en la autonomía corporal y busca resaltar el poder y la capacidad para tomar decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.

El Fondo destaca que la falta de autonomía corporal comporta grandes implicaciones que van más allá de los grandes perjuicios para este colectivo en la esfera individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.

En aquellos países en los que existen datos disponibles el informe muestra que:

• Solo el 55 % de las mujeres están totalmente empoderadas para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir sí o no a mantener relaciones sexuales.
• Únicamente el 71 % de los países garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales.
• Solamente el 75 % de los países garantizan legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción.
• Cerca del 80 % de los países tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexuales.
• Únicamente alrededor del 56 % de los países tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad.

El estudio también documenta otros de vulneración de la autonomía corporal:

• Veinte países o territorios tienen leyes que obligan a casarse con el violador, lo que significa que un hombre puede escapar de un proceso penal si se casa con la mujer o niña que ha violado.
• Cuarenta y tres países no cuentan con legislación que aborde el problema de la violencia sexual durante las relaciones de pareja (la violación por parte de un cónyuge).
• Más de treinta países restringen el derecho de las mujeres a desplazarse fuera del hogar.
• Las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de padecer violencia sexual, y las niñas son las que corren el riesgo más alto.

Hambre de anticonceptivos en los países en desarrollo

Aquí, en los países ricos, cuesta imaginarse las relaciones sexuales como una lotería. Pero en el mundo emergente, sin disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos y eficaces, para muchas mujeres, lo son.

El deseo de formar familias más pequeñas está creciendo en muchas partes del mundo. Sin embargo, muchas mujeres aún no pueden tener el número de hijos que quieren cuando ellas quieren.

A pesar de los esfuerzos para generalizar el acceso a la planificación familiar, este cambio en las preferencias familiares y el aumento de la población hacen que muchas mujeres que lo desean no puedan utilizar los anticonceptivos que les permitirían manejar su fertilidad.

Para salvar estos obstáculos se necesita, sobre todo, dinero. Los cálculos del Instituto Guttmacher y el UNFPA sitúan el coste anual actual de los anticonceptivos en los países en desarrollo en 4.000 millones de dólares (unos 3.150 millones de euros). Para cubrir todas las necesidades actuales, gobiernos, organismos internacionales, ONG y demás actores deberían invertir 4.100 millones más.

Si las necesidades de estas mujeres estuvieran cubiertas, este año se reducirían en dos tercios los embarazos no deseados, habría 26 millones menos de interrupciones voluntarias del embarazo, siete millones menos de abortos espontáneos y 21 millones menos de nacimientos indeseados.

Además, se evitaría la muerte de 79.000 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, 600.000 muertes neonatales y 500.000 postnatales, lo que contribuiría a acercar un poco más los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir la mortalidad materna e infantil.

La condena de nacer niña

La solución principal para evitar que ser niña sea sinónimo de víctima, coinciden las organizaciones especializadas en infancia y mujer, pasa por la educación, tanto en su entorno como, sobre todo, para ellas.

La formación les dará el poder para decidir, decir no, conocer sus derechos y hacerlos valer. Aunque, en ocasiones, esto entrañe un importante riesgo.

Ellas son víctimas de una espiral de discriminación tan difícil de romper como lo es intentar cambiar la mentalidad, las tradiciones o las costumbres. Ni siquiera la aprobación de leyes para su protección consiguen, por sí solas, este objetivo.